Con un piso de alrededor de 65 votos cuenta la oposición para la acusación constitucional que presentaron las bancadas de derecha en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, por los incidentes ocurridos en el estadio Monumental el pasado 10 de abril, que terminaron con dos jóvenes muertos.

Esto, de cara a la votación que esperan se concrete este martes en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esta base de apoyos, eso sí, refleja seis bajas respecto de la votación de la presidencia de la Cámara de Diputados, donde la derecha logró empatar al oficialismo.

En esa ocasión, José Miguel Castro (RN) tuvo el apoyo de Marisela Santibáñez (Independiente, ex PC), Joaquín Lavín (indep.-ex UDI), Gonzalo De la Carrera (libertario), Andrés Jouannet (Amarillos), Enrique Lee (ind.) y Chiara Barchiesi (republicana). Sin embargo, por diversas razones, tales legisladores, esta vez, no estarán para votar a favor del libelo acusatorio. Algunos por viajes, razones médicas o derechamente porque votarán en contra o se abstendrán.

Mientras Barchiesi –quien está con licencia maternal por el reciente nacimiento de su hija– está buscando un pareo, Jouannet, Santibáñez y Lee son conocidos detractores del libelo.

De la Carrera, por su parte, se encuentra fuera del país, al igual que la diputada Paula Labra (indep.-RN), pero ella sí logró parearse con la diputada PPD Carolina Marzán, quien tiene un viaje al exterior.

El conteo que están llevando a cabo los jefes de bancada va de la mano con las gestiones que intensificaron con los bloques de centro para asegurar sus votos, particularmente con la Democracia Cristiana y el Partido Demócratas.

Sin embargo, al interior de esas bancadas existe división. En Demócratas, por ejemplo, el diputado Miguel Ángel Calisto es uno de los que está más reacio a aprobar este libelo, mientras que Erika Olivera, sin transparentar su voto, en una sesión de la Comisión de Deporte le deseó “todo el éxito” al delegado, quien también estuvo presente.

El caso de la DC también se ha observado con lupa por parte de las fuerzas de derecha, puesto que entre los diputados de dicho partido se ha incubado una fuerte rabia contra el Frente Amplio –partido en el cual milita el delegado–, producto de los dichos de la presidenta de esa tienda, Constanza Martínez, quien afirmó que la única militancia que se conoce en el caso ProCultura es la de la DC.

En ese contexto, si bien algunos diputados de la falange están inclinados a votar a favor, como es el caso del jefe del bloque, Héctor Barría, y los independientes Mónica Arce y Felipe Camaño, el precio que tendría que pagar no es menor por dos razones. Primero, porque su voto favorable les podría significar un portazo de cara a las negociaciones parlamentarias que llevarán a cabo los partidos del oficialismo. En segundo lugar, si la DC deja caer al delegado, rápidamente los partidos de gobierno podrían recurrir a una moción de censura en contra del vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC).

Barría, de hecho, sostuvo que este lunes su bancada tendrá una reunión –a las 18.00 horas– en el Congreso para fijar una postura sobre el escrito.

“Nos reuniremos todos los diputados y diputadas de la bancada de la Democracia Cristiana, donde buscaremos aunar posiciones y tener dentro de lo posible una mirada única respecto a esta acusación constitucional, donde ponderaremos los aspectos jurídicos, pero por supuesto también los políticos”.

Es precisamente este panorama el que ha motivado a los jefes de bancada de Chile Vamos a activar un despliegue para evitar que la posición contraria de estos diputados complique la aprobación del libelo en sala.

Para ello han intentado que esos parlamentarios no estén presentes en la sala. Incluso, testigos de un diálogo entre el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, con el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), aseguran que el gremialista le pedía ayuda con las gestiones para que Santibáñez no esté en el hemiciclo a la hora de la votación.

En ese sentido, Chile Vamos ha conversado con Lee, conociendo su posición contraria, para que tampoco esté presente en la sala.

Con esta estrategia, desde Chile Vamos apuestan a que el 50 + 1 que necesitan para aprobar el libelo sea más accesible de conseguir.

Las horas previas a la votación

En medio de las gestiones y los cálculos de los impulsores, el libelo se votará este lunes en la comisión encargada de revisarlo.

Dados los equilibrios políticos –la derecha tiene cuatro integrantes, mientras que el oficialismo solo uno–, la recomendación que hará dicha instancia a la Sala de la Cámara será aprobarlo. Sin embargo, al ser solo una sugerencia, lo que despache la comisión no es vinculante.

Durán, durante los últimos días, ha tenido un desfile por distintas comisiones de la Cámara –como Deporte, Seguridad Pública y la propia revisora de su acusación–, donde ha aprovechado de tener conversaciones con distintos diputados para sondear el escenario.

Quienes han conversado con el delegado aseguran que se muestra tranquilo de cara a la votación. Eso, desde el punto de vista político, pues en el plano jurídico su abogado defensor, Francisco Cox, envió el escrito donde entrega los argumentos para defender a Durán.

“La acusación constitucional presentada en mi contra adolece de distintos vicios. En primer lugar, carece de un estándar mínimo de justificación y prescinde de una identificación precisa de las acciones u omisiones que se me imputan”, indica en el documento de 71 páginas.

Además, agrega que “se invoca erróneamente la causal de infracción a la Constitución, se confunde con la causal de la infracción a las leyes que no es procedente en este caso”.

Por último, sostiene que la acusación constitucional “no da cumplimiento a la exigencia de tratar la acusación como mecanismo de última ratio“ y que ”los acusadores utilizan el libelo en mi contra para manifestar una disconformidad o crítica política, dándole la apariencia de una imputación de responsabilidad por los hechos que me atribuyen”.

Y concluye: “Esta acusación constituye un arrebato precipitado de estrategia política partidaria que desprecia las exigencias constitucionales, para recurrir a una herramienta excepcional, de ultima ratio, en la cual se fuerzan los hechos y el derecho”.