Anuncios en seguridad ponen fin a la “refundación” de Carabineros, dan más recursos a las policías y una ley de “prohibición total” para la tenencia de armas

Un centenar de efectivos fueron asignados como dotación adicional de Carabineros en Valparaíso.

La institución uniformada recibirá una inversión de $ 5.500 millones para camionetas blindadas y drones para ser utilizados en la Macrozona Sur. También se inaugurarán 12 nuevas unidades policiales y se aumentarán en un 40% las plazas de ingreso a Carabineros. Por otra parte, el Presidente Gabriel Boric, en su primera cuenta pública, pidió al Congreso avanzar en una norma que restrinja en un 100% el porte de armas. Los anuncios encontraron críticas y apoyos.




La primera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric marcó una distancia sideral de los conceptos que formaron parte de su camino a La Moneda: la idea de “refundar” Carabineros que instaló cuando era candidato quedó atrás. Propuestas como una “intervención civil y nuevos protocolos para el control del orden público no formaron parte de su discurso y, por el contrario, su alocución apuntó a que el país tenga más policías y dotarlos de más recursos económicos e incluso más comisarías.

“Necesitamos recuperar los espacios públicos, con actividades comunitarias, culturales, que convoquen a todos y todas. Estamos trabajando para que ninguna persona se sienta atemorizada esperando una micro para ir al trabajo o para llegar a su casa, o sufrir un portonazo”, dijo el Jefe de Estado al comenzar a abordar el capítulo de “Justicia y seguridad”, en la página 20 de su discurso, que duró mas de dos horas, en el Congreso Nacional.

Es que las cifras en materia de seguridad hicieron al Presidente dar un giro en su lista de prioridades para su gobierno. Según los registros del Sistema Táctico de Operaciones Policiales (STOP) de Carabineros, entre el 2021 y el 2022 los casos policiales aumentaron en un 48%, aunque, advierten los expertos, esta tendencia responde a que el año pasado las restricciones del Covid-19 mantenían a raya los delitos de mayor connotación social.

En el gobierno, sin embargo, acusaron el golpe en materia de seguridad y Boric salió a anunciar una batería de propuestas que, hace seis meses, eran impensadas para su coalición. El Mandatario propuso la creación de una Política Nacional Contra el Crimen Organizado, para lo cual se destinarán $ 3.000 millones del presupuesto de este año para su prevención, control y persecución. Además, explicó que en septiembre de este año se presentarán indicaciones que reformularán el proyecto de ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado.

Sin embargo, el tema que semana a semana amenaza con tomarse la pauta diaria en La Moneda es la situación en la Macrozona Sur, jurisdicción que componen las regiones del Biobío, La Araucanía y, en parte, Los Ríos y Los Lagos. Desde que el Mandatario asumió son más de 245 los eventos de violencia rural que se han producido, lo que obligó al gobierno a decretar el estado de excepción. Más tarde, el asesinato a Segundo Catril Neculqueo (66), el 24 mayo, hizo que la situación se volviera más crítica.

A pesar de que el 12 de abril la ministra del Interior, Izkia Siches, había dado luces de una inversión fuerte para Carabineros en la Macrozona Sur, el Presidente en su cuenta pública apuntó a los recursos policiales para fortalecer la prevención delictual en la denominada “zona roja”. “En el sur de Chile hemos realizado un aumento significativo de la capacidad operativa de Carabineros. Invertiremos $ 4.500 millones para la compra de camionetas blindadas. También se dispondrán mil millones de pesos para la compra de drones que faciliten la acción policial”, dijo Boric.

En Carabineros celebraron esta inversión, dado que actualmente gran parte de la flota de vehículos que está en La Araucanía y el Biobío está dañada o no cuenta con un sistema óptimo de repuestos. Por ejemplo, el Ejército ha donado más de 20 vehículos blindados tipo Mowag para que la policía pueda trasladarse a zonas complejas y boscosas.

Además, Boric indicó que durante los próximos meses se inaugurarán cuatro nuevos cuarteles policiales en Arauco, San Felipe, Coronel y Las Cabras. Junto a ello, también, se construirán cuarteles en Taltal, Concepción, Arica, Longaví y Maipú. La PDI, por su parte, para 2023 levantará nuevas unidades policiales en Viña del Mar, Los Andes y Puerto Varas. En total, las policías sumarán 12 nuevas sedes.

El Jefe del Estado también anunció otra importante inversión: $ 1.800 millones de pesos para mejorar las capacidades periciales y así poder avanzar en las investigaciones que lleva adelante la PDI. Por último, en otro guiño a Carabineros, el Mandatario fijó un desafió no menor: “Tenemos previsto un incremento del 40% en el ingreso de personal para el año 2023″.

Las críticas de dos exsubsecretarios

Los anuncios en seguridad generaron distintas reacciones entre parlamentarios y exautoridades. La diputada (PC) Karol Cariola sostuvo que “el Presidente lo dijo con claridad, no vamos a dejar ningún espacio para que el crimen organizado prive a los chilenos de caminar libres por la calles y transitar libres por las carreteras; valoramos su agenda”.

Para el exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli “el discurso sigue mostrando la falta de prioridad del tema para el actual gobierno. Las medidas anunciadas son de continuidad de las que se venían implementando y los tiempos no dan cuenta de la urgencia de esta materia. Se anuncian recién indicaciones para el proyecto de Ministerio de Seguridad; las indicaciones para el proyecto que moderniza el Sistema de Inteligencia recién para septiembre y nada se dijo del proyecto que aborda el fenómeno del narcotráfico”.

En esa misma línea, sostuvo que “hace unos días bajaron la página que daba cuenta de los avances de la reforma, y las inversiones anunciadas no implica esfuerzo alguno, no es más que la aplicación del presupuesto 2022. El gran ausente: ¿Cuál es el plan concreto para enfrentar la violencia y el conflicto en la Macrozona Sur?”.

Por su parte, para el exsubsecretario del Interior, exsenador y actual integrante de la Convención Constitucional Felipe Harboe, los anuncios fueron “bien intencionados”, pues “dan cuenta de un aprendizaje sobre la necesidad de contar con medidas de seguridad. Hablar de reforma policial es lo que corresponde y espero no partan todo de cero, no hay tiempo. Finalmente, creo fue algo débil en el combate al crimen organizado, creo que ahí hay una debilidad que debe asumir rápidamente, porque esto supone fortalecimiento de Inteligencia, estrategia global, apoyo internacional, entre otras medidas”.

Un anuncio entre aplausos y los silencios

“La violencia armada no será tolerada en nuestro país. Nuestro Programa Menos Armas, Más Seguridad propone la limitación radical de su acceso legal. Desde ya, solicito a este honorable Congreso todo el apoyo para aprobar una ley que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas y que, al mismo tiempo, fortalezca la institucionalidad a cargo de la fiscalización”, dijo el Mandatario al momento de referirse al crimen organizado.

El anuncio sacó aplausos, pero también silencios de una parte de los presentes, lo que fue advertido por el Presidente. “Veo que algunos no aplauden. Hemos visto lo que pasa en otros países. No permitamos que pase en Chile”, apuntó.

La idea de un proyecto de ley de este tipo encontró la crítica de los diputados del Partido Republicano. “Acaba de sacar aplausos porque se prohibirán las armas legales para los ciudadanos. Es decir, solo los terroristas y delincuentes estarán armados. La legítima defensa personal queda anulada”, dijo Gonzalo de la Carrera. En esa misma línea, Johannes Kaiser indicó que “Boric no quiere que el pueblo honesto tenga armas, pero no tiene ningún problema con andar con tremenda escolta armada. Así es fácil pontificar. ¿La realidad? Carabineros está sobrepasado y el desarme solo dejará indefensa a la gente honesta”.

¿Qué dicen las cifras? Según la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), a abril de este año las armas inscritas, y que están activas, son 765.817, donde la Región Metropolitana concentra el 42%. La institución da cuenta de que en Chile existen 39 armas por cada mil habitantes.

Además, la DGMN contabilizó que 82.812 armas han sido internadas al país entre los años 2011 y 2021, y entre enero y abril, 5.253 de ellas llegaron a territorio nacional, de las cuales el 66% corresponde a pistolas y el 25% a escopetas.

Para el director de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, “que se implementen medidas que sean restrictivas en esa línea siempre parece bueno. Pero, sin embargo, esa información no es mirar el problema completo, tenemos otro tema. Las armas legales, que son las que se pueden restringir, no son la mayor fuente de abastecimiento de armas para las personas que están cometiendo delitos hoy día”.

Agregó que “hay otras fuentes que se están transformando en más relevantes. Hoy día las armas que están participando principalmente son las armas de fogueo transformadas, y en segundo lugar armas que ingresan ilegalmente al país. Entonces no son armas legales que pasan a manos de delincuentes, sino que ingresaron de origen ilegalmente”.

Sobre un eventual crecimiento del mercado negro, indicó que “las personas que se manejan dentro de la legalidad suelen hacerlo con mayor frecuencia, y el que no tenga acceso a un arma legalmente no va a hacer que una persona que normalmente actúa dentro de la legalidad traspase la frontera de las armas ilegales”.

Por su parte, el director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, explica que el impacto de una legislación de este tipo surge efectos “en la medida en que exista, efectivamente, una aplicación consistente y continua, podría tener efectos positivos”.

Al igual que el director de Paz Ciudadana, Frühling cree que “una política respecto de las armas debe centrarse también en aquellas armas que son ilegales y que circulan en el mercado negro”.

Respecto de un posible incentivo al mercado negro de las armas, el experto en seguridad asegura que podría ocurrir, aunque solo debe “juzgarse empíricamente” una vez aplicada. A pesar de eso, explica que “quienes utilizan las armas simplemente para cometer delitos, no tienen mayor incentivo para comprar armas en el mercado legal”. En el otro caso, Frühling dice no estar seguro de que “quienes pensaban comprar armas lo hagan ahora una vez que han sido ilegalizadas, en la medida en que eso los pone en un riesgo muy importante si es que las utilizan”.

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