La bancada de diputados de Renovación Nacional solicitó a la presidenta de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, Paulina Vodanovic (PS), poner en discusión el proyecto de ley que tipifica como delito la inmigración irregular e ingresaron, además, a la Cámara Alta una reforma constitucional que exige la autorización del Congreso, y no únicamente la del Ejecutivo, para procesos de regularización extraordinaria.

La solicitud se da en medio de la reapertura del debate sobre la migración en Chile. Fue esta semana que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, propuso regularizar a los extranjeros que ingresan al país para trabajar en el mundo del agro. La propuesta no encontró eco en el gobierno, ni tampoco en los candidatos presidenciales que cuentan con mayor respaldo en los sondeos de opinión, quienes por distintas razones, rechazaron la idea.

Con todo, la bancada RN a través de una misiva solicitó a Vodanovic poner el citado proyecto en tabla. En la carta citaron las bandas criminales de origen extranjero, entre ellas el Tren de Aragua, la trata de personas y la “incapacidad de los servicios públicos para dar respuesta a necesidades básicas que supone el explosivo aumento de la densidad poblacional”, como algunas de las consecuencias del ingreso irregular al país, que actualmente es considerado una falta administrativa y no un delito.

El proyecto que solicitaron poner en tabla contempla una sanción penal para quienes ingresen de manera clandestina y “la reconducción inmediata o la expulsión”, entre otras medidas, excepto en caso de solicitudes de asilo.

Adicionalmente, los parlamentarios ingresaron un proyecto de ley que busca que los procesos de regularización extraordinarios cuenten con la aprobación de ambas cámaras del Congreso Nacional y no solo del Ejecutivo, que es como se estila actualmente. “Es evidente por tanto que una decisión de esta magnitud, no puede ni debe ser alojada única y exclusivamente en el gobierno de turno, y que su debate debe tener lugar en el órgano de mayor representatividad social: el Parlamento", argumentaron.