Los candidatos presidenciales de todos los sectores, sin excepción, salieron a criticar el uso irregular de licencias médicas dado a conocer en un informe de la Contraloría General de la República.

Es que la información contenida en el texto dado a conocer este martes es contundente: 25.078 funcionarios del sector público viajaron fuera del país mientras se encontraban con reposo por prescripción médica. Esto, en el periodo 2023-2024.

Asimismo, se sabe que para esa cantidad de funcionarios se emitieron un total de 35.585 licencias médicas, y que éstos habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo.

El escándalo, de hecho, ya se encuentra en sede judicial. Esto, porque el Ministerio Público, dirigido por el fiscal nacional Ángel Valencia, decidió abrir de oficio una investigación penal para determinar la responsabilidad de estos funcionarios en delitos de fraude al fisco y, en el caso de los médicos, la eventual emisión de permisos médicos falsos.

A esto se suman sumarios administrativos inmediatos en las reparticiones en las que se detectaron casos de licencias irregulares, mientras que el gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció que recurrirá al Consejo de Defensa del Estado (CDE), y además la creación de un Comité Nacional de Ausentismo.

Crítica transversal de los candidatos

Una de las primeras en reaccionar al informe de la Contraloría fue la candidata de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei.

La abanderada manifestó inicialmente su reproche a través de sus redes sociales, donde calificó la situación como “un delito, fraude al fisco”, además de cuestionar que “hay una tropa de frescos en el Estado, en el gobierno, en el aparato público, que están cobrando licencias falsas”.

De esas palabras, este jueves Matthei pasó a entregar una serie de propuestas. Entre ellas, un control de las licencias médicas con cruce de datos, sumarios y sanciones en los casos en que se detecte corrupción y fraude al fisco, y además, inhabilidad de por vida para ejercer labores en el ámbito público.

La abanderada del Socialismo Democrático (PPD, PS, PL y PR), Carolina Tohá, también tuvo una reacción rápida al informe del ente contralor. “Eso no es solo abuso, es fraude social”, escribió en su cuenta de la red social X.

Y apuntó que en su eventual gobierno se van a combatir las licencias falsas, especialmente en el Estado: “Fiscalización, sanción y fin a los abusos. El ejemplo parte por casa”, dijo.

Jeannette Jara, candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, también cuestionó el mal uso de licencias médicas, un caso que calificó como “reprochable”.

“Procede que la Contraloría tome todas las medidas pertinentes, porque es evidente que el reposo es con motivo de recuperar un estado de salud que se ha visto alterado, más no para hacer uso de vacaciones”, remarcó la exministra del Trabajo.

Este jueves, la presidenciable endureció el tono y planteó: “Me parece que es una falta grave a la probidad y, por tanto, debe ser sancionada con la destitución del cargo“.

El diputado y abanderado del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, fue otro de los abanderados que abordó las cifras reveladas por la Contraloría. “25 mil ‘enfermos’ haciendo turismo es un robo indefendible. Las licencias falsas muestran una burocracia que se ha dejado estar”, apuntó en X.

“Por culpa de unos pocos, se pone en duda a trabajadores honestos y se refuerza la idea fácil de que hay que achicar el Estado”, añadió.

El candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, calificó los antecedentes como “extremadamente graves” y exigió que se inicien los sumarios y las investigaciones pertinentes.

“Me parece muy relevante porque es una situación que se ha detectado, que es extremadamente grave, que se tienen que seguir los sumarios, que se tienen que hacer las investigaciones, que se tienen que hacer los descuentos”, señaló.

El parlamentario por Atacama destacó que en su propuesta presidencial se sostiene que “la Contraloría General de la República tiene que estar ojalá antes, por eso que hemos propuesto que en los gobiernos comunales y en los gobiernos regionales, las unidades de control sean control cruzado previo de la Contraloría General de la República”.

Johannes Kaiser, diputado y candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), fue el primero en proponer desvincular a los más de 25.000 funcionarios implicados en el caso.

“Tenemos que achicar el Estado. ¿Qué les parece si empezamos por despedir a los 25.000 funcionarios públicos que salieron al extranjero teniendo licencia?“, publicó en sus redes sociales.

El abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue en la misma línea que Kaiser -y que luego fue replicada por Jara-, y apuntó a la destitución de los funcionarios implicados como sanción.

En el escenario de que sea elegido Presidente de la República, el exdiputado señaló: “Vamos a terminar con esta estafa. Chile necesita orden, transparencia y carácter. No vinimos a administrar lo podrido. Vinimos a cortarlo de raíz y a encabezar el cambio radical que Chile necesita”.

En tanto, la candidata del Partido Social Cristiano (PSC), Francesca Muñoz, también es partidaria de “desvincular a los 25.000 funcionarios públicos”, escribió en X.

“Basta de abusos en el sistema público. Cuando hablamos de reducir el gasto fiscal, nos referimos a retirar del Estado a quienes no están aportando, con el objetivo de hacerlo más eficiente y funcional”, añadió.

Finalmente, sostuvo que no es aceptable que continúe la emisión de licencias médicas falsas ni que existan funcionarios públicos que han realizado hasta 30 viajes al extranjero y pidió al Ministro de Hacienda acelerar los procesos administrativos de sumarios.