Soborno, cohecho y delitos tributarios son algunos de los cargos por los que están acusados varios políticos en el marco del caso SQM. La Tercera tuvo acceso a las penas que pide el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, que incluyen reclusión penal, millonarias multas y no poder desempeñar cargos públicos.

Para el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez - Ominami, la Fiscalía pide 4 años de presidio menor en su grado máximo y una multa de 20 UTA (asciende a $11.443.440), además de la inhabilitación absoluta para ejercer cargos y oficios públicos mientras dure la condena.

Fulvio Rossi, autor de delito tributario, arriesga 818 días de presidio menor en su grado medio y una multa de 10 UTA (5.727.480). Al igual que Enríquez - Ominami, no podrá desempeñar cargos público.

En el caso del ex ministro y senador Pablo Longueria, en su calidad de autor de delito tributario, el Ministerio Público solicita 818 días de presidio menor en su grado medio y una multa de 20 UTA (asciende a $11.443.440). Como autor de cohecho, 818 días de presidio menor en su grado medio, una multa de $242.222.220 y cinco años y un día de inhabilitación absoluta temporal para ocupar cargos públicos.

Por su parte, Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, arriesga 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, una multa de $1.193.096.787 -que corresponde al 50% del tributo eludido- y otra de $88.752.235, que corresponde al 100% de lo defraudado, como autor del delito tributario consumado y reiterado. Además se pide su inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena.

Además como autor del delito consumado y reiterado de soborno, la Fiscalía solicita 818 días de reclusión menor en su grado medio, cino años y un día de inhabilitación absoluta y temporal mientras dure la condena y una multa de $242.222.220.