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El máximo tribunal revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien había rechazado el recurso de amparo presentado por Roberto León Araya, hijo del exdiputado del mismo nombre, e inculpado por la presunta emisión de boletas ideológicamente falsas. El máximo tribunal decidió que el agrónomo podrá asistir únicamente a las audiencias en las que se revisen las pruebas en su contra en un juicio que podría tomar hasta dos años.

Titulares del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago deducen una posible inconstitucionalidad sobre la norma que obliga a los acusados, entre los que se encuentran Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse, a comparecer a todas las audiencias del juicio por el caso sobre financiamiento irregular de la política, el que se podría extender hasta por dos años.

El organismo que representa al Fisco solicitó al Tribunal Constitucional declarar inadmisible el requerimiento presentado por el exsenador UDI Pablo Longueira, quien busca no asistir a tribunales todos los días que dure el juicio oral por dicho caso que se prevé sería de casi dos años. El CDE sostiene que si se declara inconstitucional el obligarlo a estar presente en todas las jornadas que incluso involucran a otros imputados como Marco Enríquez-Ominami, se afectaría el derecho de la fiscalía de llevar el proceso judicial como estimen conveniente y advierten que incluso la petición afecta el propio derecho a defensa del otrora ministro. Junto con esto explican que el hilo conductor de todo el caso es justamente el exgerente general de la minera no metálica que era el nexo con los políticos.

En el marco del desarrollo de la lectura del auto de apertura, el abogado Ciro Colombara solicitó la absolución de ME-O, argumentando que “este caso ha excedido -con creces- el plazo razonable de acuerdo a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

El imputado por los delitos de cohecho presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional con el fin de no asistir al juicio oral durante toda la duración de este, que se estima de entre 12 a 24 meses. Según la defensa, esto generaría una vulneración en los derechos humanos del acusado y le impediría, incluso, poder trabajar.

La mañana de este miércoles estaba agendado el inicio del juicio oral por el caso SQM. Hasta el Centro de Justicia llegaron siete de los ocho formalizados por diferentes delitos ligados al financiamiento ilegal de la política. El primero en llegar al tribunal fue el exsenador de la UDI Pablo Longueira, para quien la defensa había solicitado medidas de seguridad especiales. Minutos más tarde llegó el excandidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami. La jornada estuvo marcada por una serie de discusiones y acusaciones, pero en definitiva este juicio que se ha extendido por ocho años no empezó.

Es una de las aristas principales que llevó adelante el Ministerio Público en los casos de financiamiento ilegal de la política. Este 1 de febrero se dará inicio a un proceso judicial cuya preparación duró más de un año. La Fiscalía está pidiendo penas privativas de libertad, pero desde las defensas aseguran la inocencia de sus representados y critican al Ministerio Público por la extrema dilatación de esta causa. Los querellantes, en tanto, de Ciudadanía Inteligente, esperan resultados favorables y ejemplificadores.

El exmandatario fue propuesto para declarar respecto a la tramitación de la Ley de Royalty por la cual se acusa al ex senador de presunto cohecho. En ese sentido se pide su comparecencia en estrado para que hable de las circunstancias en que se conocen y las veces que hablaron de las propuestas legislativas del ex Presidente Piñera para esta materia. La preparación de juicio, que lleva más de un año y medio, ya comenzó su etapa finaol y -según ha quedado establecido- también deberán declarar a petición del UDI, el ex ministro Nicolás Eyzaguirre, Juan Antonio Coloma y Baldo Prokurika. Otros intervinientes también han pedido como testigos a Evelyn Matthei, Cristián Larroulet, Camilo Escalona y el mismo expresidente Sebastián Piñera.

Resolución del máximo tribunal estableció que la información requerida es de carácter público, por lo que su divulgación no afecta el funcionamiento del ente persecutor. Según defensa del exlegislador el fallo les otorga acceso a las comunicaciones internas entre el entonces fiscal regional, Pablo Gómez, y el fiscal nacional, Jorge Abbott. "Sobre eso, vamos a tomar decisiones respecto de acciones legales por una persecución judicial absolutamente injustificada”, afirmó Ciro Colombara.

La defensa del exalto ejecutivo de la minera no metálica -sindicado como el responsable de los aportes ilegales a campañas de todo el espectro político- acusa que su cliente no ha sido juzgado en un plazo justo. El lunes pasado cumplió seis años, nueve meses y 14 días bajo la medida cautelar de arresto domiciliario, es decir, en caso de ser condenado por la pena que pide el Servicio de Impuestos Internos -cinco años de presidio por delitos tributarios-, la sentencia ya estaría cumplida y eso que aún ni siquiera se ha dado inicio a la etapa de juzgamiento. La fiscalía se defiende y asegura: "En caso alguno la intervención de todas las personas que laboran diariamente en este caso ni el uso de medios para tal fin es injustificado o carente de racionalidad".

La jefa del Ministerio Público de Valparaíso reflexiona sobre lo que ha ocurrido en estos seis años en que ha estado vigente esta investigación por financiamiento irregular de la política. Habla sobre las trabas "infranqueables" que ha puesto en algunos casos el Servicio de Impuestos Internos (SII) para avanzar, lo que redundó en que hace algunos días tuvieran que desistir de perseguir penalmente a 34 investigados en el caso, incluido el exministro Rodrigo Peñailillo. "Esta investigación conmocionó y lo hace hasta ahora, con razón, a la ciudadanía", sostiene la fiscal regional, mientras se prepara para afrontar los juicios orales contra Pablo Longueira y Marco Enríquez-Ominami.

Es una de las investigaciones que más se ha prolongado en el tiempo. Y es que la cantidad de aristas que se han indagado, al menos 14, dan cuenta de la envergadura de haber revisado años de contabilidad de una de las empresas más importantes del país en busca de sus aportes ilegales a campañas políticas. Ya en la recta final estos son los condenados, los que no serán juzgados y quienes están en las horas clave de sus juicios.

Se van a cumplir siete años desde que la Fiscalía descubrió lo que calificó como un mecanismo de financiamiento ilegal de campañas políticas en que se ocultaban aportes de empresas, no declarados, bajo supuestos servicios que nunca fueron prestados y que permitieron, a quienes obraron como mecenas, rebajar impuestos. En junio comenzarán a cerrarse las causas más emblemáticas que quedan. Después de la condena por delitos de corrupción contra Jaime Orpis, se abrirá el telón para que el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami, y el exsenador UDI Pablo Longueira jueguen sus últimas cartas en la arena judicial.

Fue en 2013 cuando el Ministerio Público abrió la primera causa en que se indagó penalmente delitos relacionados al financiamiento de políticos. Ninguna de las personas investigadas ha sido condenada en un juicio y los cuatro principales casos continúan abiertos. Hay algunos, eso sí, que ya están entrando a la recta final y uno hoy podría darse por cerrado. En este contexto, la Fiscalía Nacional dio a conocer un documento llamado “Informe de investigaciones por financiamiento irregular de la política”, que abarca los avances de estas aristas.

Audiencia de preparación de juicio partía hoy, pero se reprogramó para el 2 de febrero. Abogado de Contesse vaticina que el exgerente será absuelto de delitos tributarios porque no era él quien realizaba las declaraciones de impuestos en SQM.