Diputados RN presentan proyecto que faculta a los alcaldes a instruir demoliciones de “narco-casas”

Este viernes, diputados de Renovación Nacional (RN) presentaron un proyecto que autoriza a los alcaldes a instruir la demolición de “narco-casas” por motivos de seguridad pública, esto a propósito de las demoliciones que ha llevado adelante el jefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter, quien confirmó anteriormente que para emprender esas acciones se basaba en detalles otorgados por la Fiscalía Oriente.

El debate se instaló luego de que el Ministerio Público ordenara abrir un sumario administrativo para determinar si existen irregularidades en la forma en que el jefe comunal ha recibido información en el marco de las demoliciones.

En ese contexto es que los diputados Hugo Rey, Diego Schalper, Andrés Longton, José Miguel Castro, Juan Carlos Beltrán, Jorge Durán, Andrés Celis, Marcia Raphael y Frank Sauerbaum, presentaron la iniciativa.

A través de un comunicado, los parlamentarios declaran que “el mecanismo del alcalde Carter debe ser reconocido e institucionalizado, puesto que se aviene con el mandato constitucional de promover el bien común y agotar todas las instancias que el Estado de Derecho provee para aquello, al mismo tiempo que planteamos la necesidad de consagrar esta atribución de manera expresa para el problema del tráfico, consumo y conductas asociadas a sustancias ilícitas de manera de sortear eventuales impugnaciones de la medida por su legalidad”.

En concreto, proponen una modificación a la Ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, para habilitar a los alcaldes a instruir la demolición de aquellas edificaciones u obras que son un peligro para la seguridad comunal, calificadas como “narco-casas”.

Con ello, “el alcalde podrá ordenar la demolición, total o parcial, a costa del propietario, de cualquiera obra o edificación emplazada en bienes inmuebles que hubieren sido objeto de incautación o pena de comiso en aquellos casos en que la obra o edificación constituya un peligro para la seguridad de la comuna por ser destinada al consumo, elaboración, fabricación o comercialización de drogas u otras conductas sancionadas en esta ley”.

Además, el proyecto plantea que el Ministerio Público “deberá informar mensualmente a los alcaldes del territorio donde tienen asiento sus fiscalías sobre los inmuebles afectos a tales medidas”.

Los diputados José Miguel Castro y Andrés Celis manifestaron que “tenemos que respaldar medidas de este tipo con herramientas eficaces y legales. No puede un alcalde buscar subterfugios y los fiscales ser perseguidos por perseguir el crimen organizado. Esta es una herramienta legal que les permitirá perseguir el narco sin cuestionamientos de la autoridad de turno”.