El Presidente Gabriel Boric estaba bajando por las escaleras del auditorio del Ministerio Público, cuando se topó con el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien se puso en pie para saludarlo. En ese momento, en el marco de la cuenta pública de la institución, el Mandatario también se dio un apretón de manos con el fiscal Patricio Cooper, persecutor que estaba al lado de la escena y que semanas atrás solicitó -sin éxito- intervenir el celular del Mandatario, en el marco del caso ProCultura.

La medida intrusiva contra el Presidente enardeció esta semana los ánimos de La Moneda, donde la vocera subrogante del Ejecutivo, Aisén Etcheverry, llegó a solicitarle una aclaración pública a Ángel Valencia, para confirmar o descartar el intento de interceptación telefónica.

Eso fue el lunes en la noche, misma jornada en la que el comité político del Presidente evaluó pedirle una audiencia a Valencia para confirmar lo que horas atrás había dado a conocer el medio Ex-Ante.

Pero pese a los ánimos caldeados en Palacio, el martes se tomó la decisión de desescalar la polémica, una más en el historial entre ambas instituciones. En esa línea, el Presidente Boric llegó este miércoles a la cuenta pública de la Fiscalía.

Lo hizo minutos antes del inicio de la actividad y bajó al auditorio en compañía de Ángel Valencia, con quien descendió conversando y sin hablar con la prensa, que a esa hora le preguntó al Mandatario si es que iba a pedirle explicaciones al máximo persecutor por la medida intrusiva que se intentó aplicar en su contra. Ante las consultas, el jefe de Estado solo respondió con una mueca.

Luego a la salida el Presidente habló. “Las instituciones tienen que hacer su trabajo y tienen que hacerlo bien. Cuando esto sucede es natural que a veces se generen tensiones entre las instituciones. Siempre hay que volver a los principios de justicia. Yo como Presidente, tengo una profunda convicción en que hay que dejar que las instituciones funcionen y que nadie en Chile está por sobre la ley. Confío en la institucionalidad chilena. Yo personalmente, y todo el gobierno, siempre va a tener toda la disposición para colaborar con la justicia”, dijo el Presidente intentando bajar la cortina por completo a la polémica.

La jornada estuvo llena de gestos entre la Fiscalía y el gobierno. Solo minutos atrás de subir para recibir a Boric, Valencia estuvo compartiendo hasta las 11.26 en una sala “VIP” con personeros del Ejecutivo.

Allí se concentraron Álvaro Elizalde (Interior), Luis Cordero (Seguridad) y la subsecretaria Carolina Leitao (Prevención del Delito), y otras autoridades del Estado, como Ricardo Blanco (Corte Suprema), Eduardo Cerna (PDI) y Raúl Letelier (CDE). También estaba el titular de Justicia, Jaime Gajardo, a quien Valencia esperó para salir juntos y caminar hacia el auditorio donde encabezaría la cuenta pública.

Por qué desescalar

La molestia de La Moneda con el Ministerio Público surgió cuando, el 14 de abril, el exjefe de asesores del Boric, Miguel Crispi, se enteró que su teléfono estaba pinchado desde noviembre del año pasado, por orden del fiscal Patricio Cooper.

Vale decir, las conversaciones del principal asesor del Mandatario fueron escuchadas por meses. El temor en La Moneda sobre quién más podría tener su celular intervenido se instaló, así como los temas de Estado a los que pudo acceder el ente persecutor.

La ministra Etcheverry y la ministra de la Segpres, Macarena Lobos evidenciaron la molestia en palacio. Las dos pidieron explicaciones a la Fiscalía, lo que fue mal visto en la entidad de calle Catedral, donde se negaron a ahondar sobre el tema.

Pero luego en Palacio se optó por desechar la idea de amplificar una “guerra fría” con la Fiscalía. Por lo mismo, la audiencia con Valencia de la que se habló entre el comité político del lunes quedó en una conversación de carácter informal con el fiscal nacional.

Dichas gestiones ya no estaban a cargo de Elizalde, sino que se optó por sacar el tema de La Moneda y delegar el contacto con el Ministerio Público a la vía institucional, es decir, a los ministros Gajardo y Cordero.

Este último fue el encargado de morigerar el tono del gobierno, al plantear que no corresponde salir a pedirle rendición de cuentas a nadie.

Pese a mostrar un interés por desescalar el conflicto, hasta el martes en la noche inquilinos del Ministerio Público temieron por la posibilidad de que las autoridades del Ejecutivo no estuvieran en la cuenta pública. Esta idea se despejó cuando el Mandatario confirmó su asistencia.

Así, las únicas que no llegaron este miércoles, por tener actividades paralelas, hasta el edificio de calle Catedral fueron las ministras Etcheverry y Lobos, las más críticas a la hora de enfrentar el caso públicamente.

Valencia y las filtraciones

Si bien a lo largo de su alocución el fiscal nacional no se refirió a los “pinchazos”, sí habló respecto a las filtraciones en las investigaciones. En concreto, el persecutor se refirió tres veces a aquello durante su Cuenta Pública.

La primera vez fue para referirse a las medidas ya tomadas para evitar aquello. “Hemos adoptado múltiples medidas en el ámbito informático con el objetivo de asegurar la trazabilidad interna de los archivos que contienen información de causas penales, para así resguardar el acceso a los sistemas y bases de datos institucionales”, especificó el persecutor nacional. Lo anterior, con el fin de “impedir el acceso indebido a los sistemas informáticos del Ministerio Público y prevenir posibles filtraciones”.

Más adelante volvió a referirse al tema de las filtraciones, reiterando que han tomado medidas, para lo que recordó que en octubre del año pasado “dictamos una instrucción general que imparte criterios de actuación en investigaciones penales complejas para el otorgamiento de copias, solicitud de diligencias y registro de información personal de interés investigativo”, también -afirmó- para evitar las filtraciones.

Por último, Valencia también hizo propuestas para el “resguardo de las investigaciones y de los derechos”. En esa línea, planteó que “nuestro ordenamiento jurídico presenta una debilidad normativa significativa que dificulta, o derechamente imposibilita, asegurar una adecuada reserva de los antecedentes de investigación, lo que redunda en serias dificultades para controlar las filtraciones”.

Ante esto, planteó que la ley obliga al Ministerio Público “en determinadas circunstancias a entregar copias de toda la investigación a personas que ni siquiera son víctimas del delito y que tampoco enfrentan sanciones en caso de revelar esa información reservada”.