Será este lunes cuando el presidente de la comisión investigadora, José Miguel Castro (RN), someterá a votación si se invitará o no por tercera vez a que asista el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD).

Ya el exdiputado se ausentó dos veces a la instancia que indaga las transferencias de entidades públicas en polémicos convenios, argumentando la tesis -diseñada por el gobierno en la que participó el ministro de Justicia, Luis Cordero- de que al ser un trabajador a honorarios no es funcionario público, y no estaría obligado a asistir.

Sin embargo, el lunes el contralor Jorge Bermúdez desacreditó esa estrategia, lo que le abrió un flanco al Ejecutivo. En esa línea, el líder de la entidad fiscalizadora envió un oficio con un plazo de cinco días a la Presidencia para que entregue las razones de por qué Crispi se ausentó. Sin embargo, todo cambió el martes en la tarde cuando por medio de un correo el exdiputado manifestó su disponibilidad de asistir.

Horas antes, Bermúdez había dicho que si Crispi acude a la instancia “no se necesitaría un dictamen de Contraloría”. Una frase que golpeó a la estrategia de la oposición que espera que el organismo se pronuncie. Con un dictamen se generaba jurisprudencia, dicen en la oposición, lo que permitiría que luego se cite a otros funcionarios de Palacio, como el jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán.

Por lo mismo, la derecha se terminó enredando. En privado, en la oposición decían que era mejor que Crispi no acuda para que se pronuncie la Contraloría. Sin embargo, Castro -en su rol como presidente de la comisión- dice estar obligado a someter a votación al resto de la instancia. En el sector, en todo caso, ya hay algunos que son partidarios de votar para no se le cite de nuevo.

Consultado por La Tercera, Castro indicó que lo mejor es “consultar con la oposición qué les parece que venga. Si es que esperamos que primero se les sancione, o si lo citamos y como dijo el contralor queda en nada la sanción. Pero lo tendríamos contestando las preguntas, no como subdere, sino que como funcionario y jefe del Segundo Piso”.

En la oposición existe desconfianza y transmiten que la disposición de Crispi a acudir a la comisión es una arremetida del gobierno para que no haya dictamen. “Obviamente puede ser una estrategia del gobierno que venga antes de ser sancionado y nosotros generarle este perdonazo”, añadió Castro.

En el gobierno, de todas maneras, tienen la tesis de que solo por el hecho de haber manifestado su voluntad de acudir, ya cambia el principio y Bermúdez no tendría por qué hacer un dictamen. En la derecha, en todo caso, afirman que el contralor debería pronunciarse de todas maneras. El diputado de la comisión investigadora, Juan Carlos Beltrán (RN) señaló que “sería bueno porque así tendríamos clara la situación”.

En el oficialismo, por otro lado, no cayó bien la idea de algunos personeros de derecha sobre echar pie atrás a la citación de Crispi.

El diputado del Partido Socialista Raúl Leiva manifestó, por ejemplo, que dicha estrategia “revela la verdadera intención tras su invitación, generar un punto político y tratar de generar un perjuicio al gobierno”. A su vez, complementó que “otra lectura es inviable, atendidos los requerimientos de la propia comisión”.

Desde los partidos, el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, planteó que “el contralor mismo dijo que si Crispi va la comisión ya no tiene sentido su dictamen, esto muestra que no hay realidad voluntad de la oposición de llegar al fondo del asunto, no les interesa ni la comisión ni los antecedentes. Esto solo reafirma que les interesa el show y usar políticamente la comisión”.

El integrante de la comisión investigadora y expresidente de la Cámara, Raúl Soto, por su parte, aseguró: “Es positivo que se reconozca y se cambie de opinión. Si la comisión lleva semanas citando a Crispi y diciendo que tienen que concurrir, sería inconsecuente que ahora se niegue a que eso ocurra, por lo tanto, hay que acoger esas solicitud y enviar una tercera citación, una última oportunidad a Crispi, porque la investigación de la comisión debe seguir su curso y no se puede detener por los procedimientos administrativos que lleve la Contraloría, son cosas que pueden y deben avanzar en paralelo”.