En uno de los momentos más tensos en la relación entre la administración de Donald Trump y Chile, este martes 24 una delegación de la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast, expondrá en Washington sobre la visión del futuro gobierno ante la poderosa Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la mayor organización empresarial del mundo y cuya sede está emplazada justo enfrente de la Casa Blanca.

La comitiva está integrada por Alejandro Irarrázaval, el ingeniero comercial y amigo personal de Kast que asumirá como jefe de asesores del Segundo Piso; Eitan Bloch, principal asesor internacional del futuro mandatario, y la futura subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez. Y aunque la invitación cursada por el gremio empresarial estadounidense también se extiende a quien será el próximo embajador de Chile en los Estados Unidos, desde el equipo de Kast señalaron que aún no está definido el nombre del nuevo representante de Chile en Washington.

La Cámara de Comercio no es un organismo dependiente del gobierno de Trump, pero la presentación del equipo de Kast podría convertirse en una prueba de fuego para las futuras autoridades chilenas, tras la inédita decisión del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de sancionar al actual ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, con la revocación de sus visas para entrar a Estados Unidos, acusándolos de “dirigir, autorizar, financiar y prestar apoyo y/o llevar a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional de nuestro hemisferio”.

Todo eso a raíz del proyecto de cable submarino que pretende instalar en el país la empresa China Mobile –la mayor compañía de telefonía móvil del gigante asiático– para unir directamente Valparaíso con Hong Kong y que competiría directamente por la transmisión de datos con el cableado submarino que ya fue adjudicado a la empresa norteamericana Google.

La inédita y sorpresiva medida aplicada por Rubio en contra de tres autoridades del gobierno saliente, descolocó por igual a la administración de Boric como al gobierno entrante.

El viernes, en la OPE intentaban calibrar la gravedad de lo sucedido. Una tarea difícil, debido a los pocos antecedentes que explicaran una medida de esta magnitud. De hecho, circulaban varias interpretaciones sobre las razones que pudo tener Rubio para aplicar restricciones a las visas de tres funcionarios gubernamentales –y sus familias– a raíz de un proyecto de dos empresas privadas chinas que está en una fase incipiente de presentación, al punto de que aún no ha sido aprobado por el gobierno de Boric y, de acuerdo con lo señalado esta semana por fuentes de La Moneda, no había ninguna posibilidad de que se avanzara en las dos semanas y media que quedan para el cambio de mando.

Por lo mismo, una de las lecturas que se hacían en el entorno de Kast era que el golpe de la administración Trump, si bien dejaba de manifiesto la molestia de la Casa Blanca con la forma en que el Presidente Boric ha deteriorado la relación con Estados Unidos y sus continuas críticas por redes sociales en contra de Trump, apuntaba a un objetivo de mayor alcance: enviar un mensaje al futuro gobierno chileno sobre los límites que impondrá Washington a las inversiones de China en América Latina, particularmente en áreas calificadas como estratégicas como son telecomunicaciones, energía, minería e infraestructura.

O como lo explicó el excanciller y extimonel DC Ignacio Walker: “Yo tengo la impresión de que Trump le está diciendo a Kast: señor, estas son las reglas del juego, estos son los términos de referencia y mi secretario de Estado, Marco Rubio, está yendo a la sucesión del mando, y usted tendrá que alinearse a los intereses de Estados Unidos”, dijo Walker en entrevista con Radio Duna.

La relevancia del tema obligó al equipo del presidente electo a pronunciarse, pese a que el encargado de liderar y llevar la política exterior de Chile es el presidente en ejercicio –por intermedio de su canciller–, por lo que eran las actuales autoridades quienes debían reaccionar a las declaraciones y medidas de Estados Unidos.

“Creemos que es necesario conocer absolutamente todos los antecedentes respecto de la decisión que ha informado el Departamento de Estado, para poder analizar los fundamentos de esta medida y sus consecuencias para las personas afectadas por esa decisión”, dijo el futuro canciller de Kast, Francisco Pérez Mackenna, al leer una breve declaración, largamente conversada por los equipos de Kast y del próximo jefe de la diplomacia chilena.

“Como futuro gobierno, haremos todos los esfuerzos para que la política exterior permita llevar las mejores relaciones con todos los países y renovar un espíritu constructivo y colaborador con todas las naciones”, señaló el futuro canciller de Kast.

Este último párrafo de la declaración, señalan en el equipo del presidente electo, era una sutil forma de notificar a Estados Unidos de que, pese a la cercanía política de las próximas autoridades con la Casa Blanca y el interés por retomar una buena relación con Trump, buscarán dar continuidad a los esfuerzos por mantener la neutralidad frente a Estados Unidos y China.

Para mantener el tono neutro de la declaración, incluso se optó por no confrontar al gobierno de Boric por el mal estado en que dejan las relaciones con la administración Trump, pese a que muchos parlamentarios de derecha a estas alturas responsabilizaban directamente al actual Mandatario del conflicto abierto por Estados Unidos.

“Teníamos que ser muy cuidadosos. Haber hecho de este tema una confrontación con el Presidente Boric podría haber dado una señal equivocada a Estados Unidos de que estábamos aplaudiendo la determinación que tomaron”, señalan miembros del equipo de Kast.

Estupor

Y es que la sorpresa de la medida tenía descolocadas por igual a las autoridades salientes como a las entrantes.

Fue el jueves en la mañana que se encendieron las alertas. Ese día, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, recibió un correo del gobierno estadounidense en el que se le notificaba que su visa A-2, que se otorga a diplomáticos y autoridades gubernamentales, había sido revocada.

El correo no explicaba los motivos.

Muñoz dio aviso de inmediato a La Moneda y a Cancillería. Para el titular de la cartera de Transportes la sanción era particularmente dolorosa, pues vivió en Boston y California por varios años y fue en Estados Unidos donde formó su familia.

Pero no fue hasta el viernes en la mañana que llegó una confirmación formal por parte del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio. La nota del asesor clave de Trump golpeó con fuerza al gobierno chileno. Aunque no daba nombres, Rubio informaba que eran tres los funcionarios de gobierno sancionados con una medida que se extendía también a sus familiares directos. En el caso de Muñoz aún no está claro si también involucra a su hermano, Gonzalo Muñoz, el empresario que durante el gobierno de Sebastián Piñera fuera designado como Champion de la COP25.

Pero lo que más impactó al gobierno de Boric fueron las duras acusaciones vertidas por Rubio para justificar la revocación de las visas, señalando que las tres autoridades chilenas habían llevado a cabo actividades que “socavaron la seguridad regional de nuestro hemisferio”.

Las últimas dos semanas, el embajador Judd se había reunido con los titulares de Transportes; de Defensa, Adriana Delpiano, y de Seguridad, Luis Cordero. A todos les había advertido de los eventuales riesgos que podía tener establecer este cable por parte de empresas chinas. En entrevista con La Tercera, el ministro Muñoz asegura que Judd les advirtió en una reunión reciente que podían ser sancionadas las personas vinculadas al proyecto.

Por teléfono, pues el Presidente Boric se encontraba en Isla de Pascua, el Jefe de Estado se comunicó con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y a lo menos en dos ocasiones habló con el canciller Alberto van Klaveren para decidir los cursos de acción y preparar una respuesta.

“Nuestro gobierno jamás ha realizado ninguna actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país. Chile es y será autónomo en las decisiones que tome”, escribió Boric en su cuenta en la red social X.

Por instrucciones del Presidente, Van Klaveren citó a la cancillería al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que “explique los fundamentos de esta acción e informe de los nombres de los funcionarios afectados”.

Judd llegó a las 14.30 horas del vienes al edificio Carrera y de inmediato subió al piso 15, donde lo aguardaba Van Klaveren con una carta de protesta en la que le manifestaba el absoluto rechazo de Chile a los términos empleados por Rubio. Para el gobierno chileno se trataba de una medida “inaceptable”, “injusta”, además de “inexplicable”.

Fuentes diplomáticas señalan que cuando Van Klaveren le pidió a Judd que precisara los nombres de las personas afectadas, el embajador de Trump se excusó. Dijo que no podía dar nombres, porque primero debía consultar si existía algún impedimento legal para hacerlo.

Tal como lo señalaría más tarde el canciller desde La Moneda, durante la conversación con Judd, el representante estadounidense reiteró la oposición del gobierno de Trump al proyecto de Chile China Express, que impulsan dos empresas chinas para unir con un cable digital submarino la costa de Valparaíso y la isla de Hong Kong, por el riesgo que podría tener para Estados Unidos el dejar en manos del gobierno chino el control de la transmisión de data entre Sudamérica y China.

Van Klaveren le explicó a Judd que se trataba de un proyecto que recién fue presentado en diciembre, por lo que aún no ha sido aprobado por el gobierno y que aún faltan informes de diferentes servicios, entre ellos uno del Ministerio de Defensa, para que pueda seguir su curso. Incluso, le señalaron que el gobierno de Boric no tenía previsto realizar un acto administrativo en relación con este proyecto en lo que restaba de su mandato, por lo que era aún más inexplicable esta sanción.

Cancillería también le explicó a Judd que la normativa chilena impide al Estado discriminar sobre las solicitudes de inversión extranjera, por lo que debían ser acogidas a evaluación, independiente del país de origen. Es más, si no lo hacían, las leyes chilenas permitían a los empresarios recurrir a la justicia, la que podía condenar al Estado chileno si encontraba que había actuado de manera discriminatoria.

Pero no hubo una respuesta satisfactoria a esos argumentos.

En el gobierno chileno recuerdan que no es la primera vez que Estados Unidos presiona a Chile para frenar inversiones extranjeras arguyendo razones de seguridad hemisférica. Ya lo había hecho respecto del cable submarino Humboldt, que pretendía unir Valparaíso con China y que Piñera debió modificar para finalmente cambiar el trazado, dejando fuera a China y adjudicándoselo a la empresa estadounidense Google. O cuando se echó pie atrás en la adjudicación de la confección de pasaportes a un consorcio chino-alemán, o más recientemente con el freno al proyecto de construcción de un centro astronómico chino en cerro Ventarrones en el norte de Chile.

Y, aunque la revocación de visas a autoridades de gobierno es una medida inédita para Chile, se trata de una herramienta que ya ha usado el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, para castigar a quienes no están en línea con los intereses de Trump.

En julio del año pasado, Rubio revocó las visas del juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes y de un número no especificado de funcionarios judiciales, por “haber llevado una caza de brujas política” en contra del expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado por incitación a un golpe de Estado tras perder la elección presidencial.

Y en octubre pasado revocaron las visas a 50 políticos y funcionarios gubernamentales mexicanos, sin dar motivos. Lo único que se dijo entonces es que Estados Unidos criticaba por ineficaz la política antidrogas mexicana.

Pero, en el caso de Chile, el proyecto de cable submarino chino tiene otros alcances.