Foro de Política Exterior de la oposición valora fin de las movilizaciones en Ecuador pero critica rol del FMI

Protestas en Ecuador (7)

Foto: Reuters

El organismo chileno se sumó, además, a la petición de la CIDH que exigió investigar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia en Ecuador. En 12 días de movilizaciones, siete personas fallecieron y más de mil personas resultaron heridas.




A través de un comunicado, el Foro Permanente de Política Exterior, valoró el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Ecuador y los representantes del movimiento indígena de ese país, después de que el Ejecutivo accediera a derogar el polémico decreto 883 -que eliminaba el subsidio a los combustibles- dando como resultado el fin de las movilizaciones que duraron 12 días.

El organismo, que está compuesto por dirigentes de la oposición chilena, se sumó, también, a la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exigió investigar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia, que terminaron con siete personas fallecidas y más de 1.340 heridos. 

Pero además, el foro opositor criticó  al Fondo Monetario Internacional (FMI) al que acusó de imponer un paquete de ajuste fiscal a cambio de un préstamo para paliar el abultado déficit fiscal. "El acuerdo contemplaba la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y el diésel, junto a otras drásticas medidas de shock económico que afectaron negativamente a los sectores más vulnerables, y frente a los cuales el gobierno no ofreció oportunas compensaciones".

Con esto, agregan, "nuevamente queda demostrada la incapacidad del FMI para proponer soluciones graduales que consideren el impacto de las medidas en el conjunto de la sociedad. Estas fueron resistidas por las organizaciones indígenas, movimiento estudiantil y amplios sectores de la población, que exigieron la derogación del decreto".

Por este motivo, instaron a las autoridades y dirigentes sociales a continuar gestionando la crisis por los causes democráticos institucionales, con la debida protección de los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y políticos.

El beneficio establecido en el decreto 883, regía hace 40 años en el país y su derogación provocó una potente crisis en el país, que paralizó el transporte público y generó una serie de manifestaciones ciudadanas que terminaron en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y ciudadanos. Por este motivo, se debió decretar Estado de Excepción, toques de queda y cambiar la sede del Ejecutivo hacia la ciudad de Guayaquil.

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