Este lunes, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos (Ind.), tomó su celular y le envió un mensaje al presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Rubén Oyarzo (radical).

El objetivo era citarlo a la primera reunión de la mesa técnica que trabajará durante febrero en los nudos contenidos en la reforma política del gobierno. El encuentro será este miércoles al mediodía, en las dependencias del ministerio que ella encabeza.

Así como a Oyarzo, la invitación le llegó a otros interesados en el proyecto y que ven en esta iniciativa la guillotina final que amenaza a sus respectivos partidos políticos, como los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Félix González (Ecologista).

“Sé que van a ir representantes del diputado Tomás Hirsch, Jaime Mulet, yo voy a estar también”, aseguró Oyarzo, complementando que la mayor parte del tiempo va a estar destinado a estudiar la batería de 54 indicaciones que fueron presentadas a la iniciativa.

La mayoría de ellas fueron interpretadas como una cortapisa al proyecto.

Entre los asistentes a la reunión de este miércoles estará el diputado Mulet, quien si bien se encuentra en Atacama, llegará al Palacio de La Moneda.

“No podemos perder la oportunidad de abordar algunos cambios urgentes, como sancionar a los parlamentarios que se van del partido en el que postularon, hacer primero los acuerdos colectivos (de comités) sobre los individuales, poner mayores exigencias para formar un partido sin cerrar el sistema”, argumentó.

De acuerdo a los tiempos que se manejan al interior de la comisión, especialmente considerando que la primera semana de marzo será la última del periodo legislativo, es que en esos días la Cámara despache este proyecto con modificaciones, lo que obligaría a formar una comisión mixta -de diputados y senadores- para que resuelvan esas divergencias entre ambas ramas del Congreso.

Esta instancia, agregan las mismas versiones, sesionaría con posterioridad al 11 de marzo de 2026.

Esto, podría elevar la cuota de incertidumbre para que el proyecto pueda convertirse en ley, pues con el nuevo Congreso habrá 79 diputados nuevos. Si bien a esas alturas de la tramitación legislativa del proyecto no podrán hacerle cambios -pues se votaría como paquete lo que despache la comisión mixta-, sí podrían ejercer presión a través de los comités para que no se ponga en la tabla de la Cámara.

Las reformas

El proyecto del Ejecutivo, que fue anunciado por el mandatario en su cuenta pública de 2024 como “complemento” al que presentaron los senadores, tuvo una rápida tramitación en el Senado. Sin embargo, en la Cámara el camino ha sido pedregoso, debido al alto número de parlamentarios en esta rama del Congreso que son detractores, ya sea porque son independientes o porque sus partidos no lograron la votación necesaria para evitar la disolución.

La iniciativa gubernamental, gestionada por el ministro Álvaro Elizalde (PS), modifica tres leyes orgánicas constitucionales: la de Partidos, la del Congreso y la de Votaciones y Escrutinios.

En lo esencial, la propuesta de La Moneda fortalece a los comités parlamentarios y eleva restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos, además de los requisitos para candidaturas independientes.

La otra iniciativa es una reforma a la Constitución, impulsada por un grupo de senadores del PS, del PPD, de RN, de la UDI y de Evópoli, que fija un “umbral” (una barrera del 5% de los votos o contar con ocho parlamentarios) para que los partidos puedan elegir diputados. Además, establece una nueva causal de cesación del cargo parlamentario a aquellos que renuncien a sus partidos o bancadas.

Si bien la pérdida del cargo tiene apoyo desde el PC al Partido Republicano, el umbral es resistido por varias colectividades, no solo de izquierda, también de derecha, como los libertarios y los socialcristianos.

“La reforma al sistema político es clave para mejorar la representatividad en el Congreso y facilitar acuerdos legislativos que respondan a las necesidades de la ciudadanía. Para ello, el proyecto propone elevar los estándares para la conformación de partidos, regular su financiamiento y darle un rango legal a los comités parlamentarios”, indicó Lobos a La Tercera.

Y agregó: “Para llegar a un acuerdo, hemos convocado a un espacio acotado de conversación, con diputados y asesores de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara y de las bancadas, para trabajar en las dudas que quedan pendientes y mejorar la propuesta en aquellas dimensiones que van en línea con los objetivos del proyecto de ley”.