A las 11.30 horas de este lunes, las filtraciones del caso ProCultura se tomaron La Moneda. Los nuevos antecedentes de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, que protagoniza Alberto Larraín, un amigo del Presidente Gabriel Boric, fueron el tema central del comité político ampliado, que semanalmente convoca a los presidentes de partido de la alianza de gobierno en Palacio.

Los dirigentes que asistieron estaban intranquilos. Desde antes de llegar a la reunión, que encabezó el vicepresidente Álvaro Elizalde, transparentaban que querían poner el tema sobre la mesa, pues el escándalo -que plantea la posibilidad de financiamiento irregular de la campaña del Presidente Gabriel Boric- salpica a todo el sector justo en la antesala de que comience la campaña para las primarias del 29 de junio.

El objetivo de Elizalde este lunes fue reforzar que el Presidente Gabriel Boric no tiene vínculo con el escándalo de Procultura y ordenar el relato oficialista, pues no fue bien acogido que el Frente Amplio este fin de semana emitiera un comunicado planteando la tesis del espionaje político.

En La Moneda llevaban semanas preparándose para el momento en que se levantara el secreto de la investigación que encabeza el fiscal Patricio Cooper, pues al entregarse las copias de los antecedentes a los intervinientes se iniciarían las filtraciones.

La primera apareció el viernes pasadas las 13 horas cuando Canal 13 divulgó los primeros pasajes de escuchas telefónicas en las que aparecía el presidente Gabriel Boric en una conversación con la expareja de Larraín, Josefina Huneeus.

El jueves La Moneda ya había activado un comité de crisis integrado por Elizalde; su par de la Segegob (s), Aisén Etcheverry; el director de la Secom, Pablo Paredes y asesores del Segundo Piso.

Ellos han estado en coordinación con el Mandatario, quien se encuentra en gira en Asia.

En paralelo, equipos de Presidencia han estado revisando los antecedentes para prepararse para la ofensiva de la oposición.

En este escenario, llegaron este lunes a Palacio los timoneles Jaime Quintana (PPD), Constanza Martínez (Frente Amplio), Lautaro Carmona (PC), Leonardo Cubillos (Partido Radical), Juan Carlos Urzúa (Partido Liberal), además de los diputados Arturo Barrios (PS) y Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social). Paulina Vodanovic, la líder de los socialistas, se excusó por motivos personales.

Los dirigentes fueron recibidos por Elizalde y la ministra Antonia Orellana (Mujer), quienes abrieron un espacio de preguntas sobre el caso. Cuando fue el momento de responder, el vicepresidente reforzó que el Presidente Boric no tiene “nada que esconder” en este asunto.

Ante los presidentes de partido, que lo escuchaban atentamente, el ministro del Interior remarcó que el Mandatario está disponible a que se le investigue, pese a que no ha sido requerido judicialmente, pues confía en que no ha cometido ninguna ilegalidad. Y enfatizó que en La Moneda hay tranquilidad con respecto al caso y que él pone “las manos al fuego” por el jefe de Estado.

Junto con eso, Elizalde hizo ver que la mayoría de los traspasos de fondos que se investigan se relacionan con los gobiernos regionales y no con el Ejecutivo. De esa forma, intentó desligar la responsabilidad de los convenios de La Moneda, pese a que de las 53 fundaciones investigadas, 25 suscribieron convenios que se relacionan con el Ejecutivo (seremis o subsecretarías).

El punto, luego, fue reforzado públicamente por la ministra vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry. “Este aumento de ingresos (de las fundaciones) viene esencialmente de donaciones de privados o de transferencias de los gobiernos regionales. Esto, en el entendido, de que los gobiernos regionales son escogidos democráticamente y no son dependientes del Poder Ejecutivo, tienen una independencia que desde el gobierno respetamos”, afirmó este lunes.

Horas antes, el propio Elizalde explicitó que el aumento de los recursos asociados a la fundación tiene que ver con las gobernaciones regionales. “Estos corresponden, en su gran mayoría, a gobiernos regionales, que son instituciones autónomas, que no dependen del Presidente de la República. Esta institución recibía aportes de empresas privadas, no pocos. Recibía aportes de municipios, no pocos”, dijo en entrevista con Radio ADN.

Que haya sido Elizalde quien encabezara la instancia no es casual. Luego de que se nombrara a Luis Cordero como ministro de Seguridad, y que esa materia dejara de depender de Interior, él está abocado a tareas políticas. Por lo mismo, ha sido él quien se ha hecho cargo de esta crisis, reconocen fuentes del gobierno. De hecho, Orellana, quien también participó del comité político de este lunes, no intervino en lo relacionado con ProCultura.

Pese a que el vicepresidente intentó que la calma imperara en el comité político, los presidentes de partido hicieron ver sus posturas. Una de quienes pidió la palabra fue Martínez, la líder del Frente Amplio, quien planteó que le llamaba la atención el proceder del fiscal Patricio Cooper y destacó que considera que el “pinchazo” se trató de una medida intrusiva, fuera de la ley.

Martínez reforzó tesis de espionaje

De esa forma, Martínez reforzó la acusación que este fin de semana hizo el Frente Amplio a través de un comunicado, sobre que las filtraciones del caso constituyen un “espionaje con fines políticos”. Algo que les valió fuertes críticas al interior del propio oficialismo.

Al salir de la reunión en La Moneda, Martínez explicó que “lo que estamos planteando es que cuando se filtra una información que no está autorizada por un tribunal, entonces sí se está hablando de espionaje. Eso lo plantea nuestro código penal”. Además, explicó que lo que hizo su partido fue plantear una “alerta política”.

Horas antes, Martínez, Carmona, Barrios, Urzúa y Cubillos se reunieron en la sede del PS, en la habitual reunión que antecede al comité político de los lunes. Ahí la timonel frenteamplista también defendió la postura de su partido y destacó que ellos están en desacuerdo con que se use la institucionalidad judicial con fines políticos. Y advirtió que eso termina por dañar la institucionalidad de la Presidencia. Carmona, el presidente del PC, se apegó a los dichos de la exdelegada presidencial.

El timonel del PC, eso sí, presentó un reparo con la acusación que hizo el Frente Amplio en un punto de prensa, tras el comité político. “Nosotros hicimos una formulación, que (el caso) parecía más una suerte de activismo judicial en el plano político. Quiero entender así la formulación que hace Frente Amplio, puede ser el debate desvinculado del fenómeno mismo. Puede ser un poquito incompleto, para no decir, digamos, no pleno”, sostuvo.

La distancia con el FA sobre la acusación de espionaje también la remarcaron públicamente otros dirigentes de partidos. Entre ellos, el senador Quintana, quien fue enfático en señalar que “no creo que se pueda hablar de espionaje en este momento cuando recién se está haciendo pública una investigación que era reservada, por lo tanto estamos con elementos que son bastante preliminares en dicha investigación, los mismos elementos que nos permiten con claridad exculpar al Presidente”.

Desde La Moneda, en tanto, evitaron referirse a la acusación de espionaje. Yo no quiero entrar en esa controversia, porque me parece que está radicada en un ámbito distinto", respondió Elizalde a ADN. “Eso es algo que desde el gobierno y, por supuesto, el Presidente de la República, no le corresponde abordar”.

Tras el comité político, Quintana, Urzúa y Cubillos tuvieron una reunión con Carolina Tohá en su comando, como parte de una dinámica que estrenaron la semana pasada para mantener en coordinación a los partidos del Socialismo Democrático con la candidatura. De acuerdo a quienes supieron del encuentro, ProCultura no fue un tema abordado. Sin embargo, el caso sí es algo que preocupa a las distintas candidaturas del oficialismo, las que se han visto obligadas a tener que responder por el caso.