La tarde de este lunes, los presidentes de partido de la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric llegaron a La Moneda para participar del habitual comité político ampliado. Ahí los ministros presentes notificaron a los timoneles que, como en años anteriores, se realizará una jornada de diálogo político en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Específicamente, para abordar el presupuesto 2026.

El evento se realizará la noche del lunes 29 de septiembre y, según se detalló en el comité político, están convocados integrantes de las directivas y jefes de bancadas parlamentarias de toda la alianza.

En el sector -así como también en la oposición- están atentos a la propuesta del Ejecutivo e incluso han emitido algunas críticas. En particular, ante la posibilidad de reducir el presupuesto en materia de seguridad y el relativo a los gobiernos regionales.

Incluso Jeannette Jara, la abanderada del oficialismo, entró a la discusión. “La presentación del presupuesto es responsabilidad del gobierno, pero no puede transformarse en un ajuste a costa de la gente ni sus derechos: salud, educación o la seguridad de las familias chilenas (...). Hay que trabajar para priorizar sin perder cancha ganada”, escribió en su cuenta de X hace unas semanas.

En ese contexto, a menos de dos semanas para que el Presidente Boric envíe al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año, el asunto se tomó el comité político ampliado de este lunes. En esa instancia, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, hizo ver que la propuesta considerará dos ejes: responsabilidad fiscal y social.

Al encuentro, en representación de los partidos, llegaron Lautaro Carmona (Partido Comunista), Constanza Martínez (Frente Amplio), Leonardo Cubillos (Partido Radical) y Juan Carlos Urzúa (Partido Liberal). También se sumaron el secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, quien, por esta vez, asistió en reemplazo de Paulina Vodanovic, y el vicepresidente de Acción Humanista Óscar Oyarzo. Además de Grau, por parte del Ejecutivo, estuvieron los ministros Álvaro Elizalde (Interior) y Macarena Lobos (Segpres).

A la salida de la cita, y en línea con el mensaje de Grau, Martínez sostuvo que para su partido “es muy relevante poder abordar este último presupuesto con una mirada de Estado que permita profundizar no solamente en la responsabilidad fiscal, que ha sido uno de los ejes de este gobierno, sino también en la responsabilidad social”.

La timonel frenteamplista recalcó que “tanto el elemento de responsabilidad fiscal como el elemento de responsabilidad social es algo que ha marcado este gobierno. Hemos estabilizado una economía profundamente golpeada. En eso también hay que ver la trayectoria de política fiscal, no solamente una foto de un momento, sino la responsabilidad tanto social como política que ha tenido este gobierno durante estos cuatro años”.

Escalona, en tanto, planteó que en la elaboración del erario fiscal 2026 “hay una idea matriz que me parece a mí fundamental, que es la articulación de la responsabilidad fiscal con la responsabilidad social. Eso se ha buscado ya desde hace varios años y se va a perseverar en esa línea”.

“El gobierno de Chile va a mantener su compromiso con el gasto que va en directo beneficio de los más desprotegidos, pero al mismo tiempo va a cuidar las finanzas, porque tenemos claro que aquellos que reducen indiscriminadamente el gasto conducen a un desastre como el que están viviendo nuestros vecinos argentinos”, añadió el exsenador.

En su habitual vocería de los lunes, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que la elaboración del erario 2026 se hace “con mucha responsabilidad fiscal y social, entendiendo que nuestro país no puede seguir la tendencia de endeudamiento que estaba teniendo antes de que llegáramos a la administración, porque más deudas son más intereses y pagar más intereses significa pagar menos en áreas sociales que son importantes como salud, educación, seguridad, vivienda”.

“Vamos a mantener la política de responsabilidad fiscal sin dejar de lado nuestros compromisos sociales, atendiendo a necesidades sociales que existen en nuestro país”, afirmó.

La portavoz del Ejecutivo remarcó que, además del carácter técnico, “es una ley que fija un horizonte y un rumbo de gasto público, que tiene que preocuparse, obviamente, de que los hospitales funcionen con su personal, que los colegios puedan tener también su personal, que se continúe con la política de emergencia habitacional para poder atender a la demanda de vivienda, que continúe con las políticas de seguridad que hemos ido reforzando para enfrentar el crimen organizado”.