A pesar de que los diputados de la UDI amenazaron con llegar hasta el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar una llamada “ley de amarre”, lo cierto es que ese paso tal vez ni siquiera sea necesario, ya que una norma que dificulte desvinculaciones en el sector público hoy no tiene piso para ser aprobada en el Congreso.

De partida, la oposición, que ya le declaró la guerra, es mayoría en el Senado. Y, en la Cámara, basta que solo algunos aliados del gobierno se desmarquen para que el rechazo sea absoluto a esa disposición que, en lo medular, obligaría a la autoridad a “fundar” -con criterios legales, objetivos y acreditables- las razones de despido de un funcionario público a contrata.

Incluso, aun cuando la idea fue acordada en un protocolo -suscrito por los ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y del Trabajo, Giorgio Boccardo (ambos militantes del Frente Amplio), con la CUT y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)-, la propuesta ya comenzó a desfondarse en el propio oficialismo.

Es más, el tema está generando una fisura entre el Frente Amplio y el PC, partidarios de la medida, y el PS y el PPD, donde hay voces críticas.

Uno de los primeros en plantear sus reparos fue el exministro de Hacienda Mario Marcel (independiente PS), quien dijo que la fórmula “no era óptima”.

Las observaciones a la idea -ya que en rigor aún no es ley ni siquiera un proyecto formalmente ingresado al Congreso- no solo tienen que ver con razones de fondo. Hay argumentos que plantean que no es adecuado abrir un debate de esta naturaleza en una iniciativa genérica, de tramitación exprés, como lo es la ley anual de reajuste del sector público. Tampoco resulta prudente -a ojos de algunos dirigentes del oficialismo- generar una polémica a pocas semanas del fin del gobierno.

Una de las figuras del oficialismo que ha planteado sus dudas es la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien ya el lunes había expresado sutilmente su distancia con la medida. “Yo conversé con varios de los senadores de mi bancada y también del PPD, y ninguno está informado de esta supuesta norma ni de los términos del protocolo de acuerdo. Entonces, la verdad es que cuesta entender cuál es el sentido”, dijo.

“Ese protocolo se hizo público y todos los medios de comunicación dieron a conocer su contenido", dijo en respuesta el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), cuyas palabras cayeron mal entre los legisladores socialistas, generando una tensión entre la presidenta del partido y el jefe de gabinete.

Pese a ello, la senadora Vodanovic, en declaraciones a La Tercera, insistió en su postura, evitando polemizar con Elizalde. “Es evidente que cuando señalé no conocer el protocolo lo dije en el sentido de que no se hizo por parte de los ministros un trabajo de conversación política con los parlamentarios, quienes somos finalmente quienes vamos a tener que revisar la norma que aún no ha sido conocida ni propuesta. De manera tal que esperaremos que llegue la ley de reajuste, estudiarla en su mérito y revisar si es posible aprobar una norma de estas características”, añadió la timonel socialista, quien, de todos modos, expresó su deseo de abordar en algún momento la problemática de los despidos en el sector público, asunto que se ha judicializado y ha generado “incerteza jurídica”.

El jefe de bancada de los senadores PS, Juan Luis Castro, coincidió. “Compartiendo la idea de que no haya despidos arbitrarios, esta modificación no fue abordada con nuestros parlamentarios por el ministro de Hacienda. Por tanto, una enmienda que tiene profundidad y con los alcances legales que tiene, debió ser tratada primero con el oficialismo para darle viabilidad”.

El diputado Raúl Leiva (PS) añadió que “sin lugar a dudas es un tema controversial. Desconociendo la técnica legislativa a utilizar y el texto del proyecto de ley. No comparto que un tema tan relevante se discuta en una norma miscelánea y sin el debido tiempo para analizar la propuesta y eventual reforma al Estatuto Administrativo en una norma que tiene naturaleza muy disímil y urgente, como es el reajuste a las remuneraciones sector público”.

PPD contra “pitutos”

En el PPD también hay reparos, incluso, posturas de rechazo a la idea.

“Vamos a revisar muy bien y estudiar lo que propone el gobierno, ya que cuando se utiliza la legalidad formal para impedir que un nuevo gobierno configure sus equipos y ejecute su programa, no estamos frente a continuidad institucional, sino ante una captura administrativa del Estado. Esa práctica erosiona la responsabilidad política, debilita el principio de mérito y termina afectando la eficacia y legitimidad del aparato público. La ciudadanía habló fuerte y claro y eso el Presidente Gabriel Boric y el gobierno tienen que entenderlo”, señaló el senador Pedro Araya (PPD).

El jefe de los diputados de este mismo partido, Raúl Soto (PPD), también había dicho el lunes en T13, que este era “el último gran error del gobierno del Presidente Boric”.

El diputado Jaime Araya (Ind. PPD) dijo que “no podemos apoyar una ley de defensa del pituto”.

El secretario general del PPD, José Toro, complementó en Radio Infinita que cualquier medida que parezca un “amarre” en el sector público, “no corresponde en estos tiempos”, pues se asemeja a acciones propias de la dictadura.

Consultado este martes por este debate, el presidente electo José Antonio Kast, dijo que “no creo que haga falta tener normas de, entre comillas, de amarre para asegurar el trabajo de alguien que lo hace bien. Lo que me llama la atención es que estemos discutiendo estos temas cuando la urgencia en Chile es la seguridad, es la atención de salud, es la calidad de la educación, son las pocas viviendas que tenemos a disposición para nuestros compatriotas. Esos, a mi juicio, son los temas urgentes”.

¿Qué dice el protocolo?

En el texto, firmado por los ministros Grau y Boccardo con las asociaciones de trabajadores, se señala en su punto 14 que “se incorporará una norma que dispone que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico".

“En estos casos, el acto deberá notificarse íntegramente conforme al artículo 46 de la ley N° 19.880 con, a lo menos, 30 días de anticipación a la fecha en que produzca efectos y la autoridad otorgará facilidades para el goce del feriado legal cuando corresponda. Dicho acto será remitido a la Contraloría General de la República para su registro", añade el texto.

“Los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación en condiciones distintas conforme al artículo 160 de la ley N° 18.834 o al artículo 156 de la ley N° 18.883, según corresponda. La Contraloría General de la República sólo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos", agrega.

“El incumplimiento de las exigencias de fundamentación y procedimiento dejará sin efecto el acto, debiendo reincorporarse al funcionario y pagarse íntegramente las remuneraciones por el tiempo de separación. Si existe fuero laboral, se aplicará la normativa vigente. La referida norma será sin perjuicio de las causales de cese de funciones contempladas en el artículo 146 de la ley N 18.834 у en el artículo 144 de la ley N° 18.883, según corresponda, u otras establecidas en leyes especiales", concluye el punto.