Ministro Hernán Larraín y proyecto de indulto a presos del 18/O: “Lo que queremos es que la Convención cumpla su mandato (...) No le está encomendada a ella, ni legislar, ni gobernar, ni juzgar”

Hernán Larraín, ministro de Justicia.

Hernán Larraín, ministro de Justicia.

El titular de Justicia participó de la Comisión de Constitución del Senado donde se discute la iniciativa parlamentaria impulsada por un grupo de legisladores de oposición. “Si la Convención empieza a decirle al Presidente, al Congreso o a los jueces lo que tienen que hacer, no estamos cumpliendo nuestro ordenamiento jurídico”, agregó el secretario de Estado.




Este miércoles la Comisión de Constitución del Senado llevó a cabo la revisión y discusión del proyecto que busca generar un indulto para los detenidos en el marco de las protestas del estallido social del 18 de octubre.

Un tema que ha tomado preponderancia durante las últimas jornadas a raíz de la solicitud de un grupo de convencionales constituyentes para que el órgano encargado de redactar una nueva Constitución para Chile emita una declaración pidiendo acelerar el trámite del proyecto que se discute en la Cámara Alta. Pronunciamiento que se votaría este jueves por parte de la instancia.

Es dentro de este contexto que el gobierno acudió al Congreso a hablar de la moción parlamentaria presentada el 9 de diciembre de 2020 por un grupo de parlamentarios de oposición, insistiendo en que son contrarios a ella, pero, al mismo tiempo, aludiendo a las pretensiones de la Constituyente en esta materia.

“Están algunos de ellos (los constituyentes) tratando de forzar que la Convención defina lo que tienen que hacer los jueces precisamente en esta materia. Ya hay algunos que quieren que la Convención diga ‘jueces, tiene que dejar en libertad a los presos políticos’”, sostuvo el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Para agregar que “lo que queremos es que la Convención cumpla su mandato, un mandato único, histórico, que es proponer, para un plebiscito posterior, una nueva Constitución. No le está encomendada a ella, ni legislar ni gobernar ni juzgar, como tampoco le está encomendado al gobierno, al Parlamento o a los tribunales interferir en las acciones soberanas que tiene la Convención para elaborar la nueva Constitución. Cuando nos cruzamos desordenamos la estructura del Estado de derecho democrático y le causamos un grave daño a las instituciones”.

El ministro de Justicia, en esa misma línea dejó claro que “por cierto un grupo de convencionales, a título personal, aunque sean 100 o 150, pueden acordar lo que quieran, pero si la Convención empieza a decirle al Presidente, al Congreso o a los jueces lo que tienen que hacer, por mucha fuerza que tengan, por mucha importancia que adquieran, no estamos cumpliendo lo que tiene sentido en nuestro ordenamiento jurídico”

Y que también se estaría “destruyendo una cuestión clave que es la que establece en la Ley cuando se dice que ninguna magistratura, ningún grupo de personas puede ni a pretexto de circunstancias extraordinarias arrogarse atribuciones que le están entregadas a otros poderes o a otras instancias. Romper este principio desordena el panorama jurídico de forma muy crucial”.

Asimismo, el secretario de Estado afirmó que “no me digan que esto se explica porque el momento constituyente sería el fundamento para dar este paso. Es decir, aquí estamos frente a una situación de privilegio, dado una situación subjetiva de interpretación personal, que permitiría romper esta necesaria acción de la ley cuando alguien comete delitos penales”.

Larraín durante su intervención reconoció que existe un problema respecto al tema de las prisiones preventivas y se mostró disponible a legislar sobre la materia. Pero también sostuvo que “hablar de presos políticos o justificar un indulto porque habrían personas que habrían actuado motivadas por razones de carácter político es ocultar la voluntad que algunos quieren simplemente declarar a esas personas, por empatía, por solidaridad con la causa, declararlos impunes, lo cual está ciertamente fundamentando algo que es quizás más grave, que es validad de esta manera la violencia como un modo de actuar en política”.

En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, planteó en la misma línea que “este es un mal proyecto, porque genera impunidad (...) que avala la violencia”.

Y que la moción parlamentaria “busca evitar que los tribunales de justicia cumplan el ejercicio de la jurisdicción” y que “atenta contra el principio de separación de poderes”.

Finalmente, la Comisión acordó seguir discutiendo esta iniciativa parlamentaria todos los miércoles y volver a invitar a los secretarios de Estado para la sesión de la próxima semana.

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