Plan para el 5-S: PPD propone convención con expertos si vence el Rechazo y amplio acuerdo sin “ultrones” si gana el Apruebo

En medio del debate para el día después del referéndum del 4 de septiembre, en el PPD ya comenzó a circular un documento en construcción con propuestas para cualquiera de los escenarios. En el caso de que gane el Rechazo, sugieren una nueva convención, sin listas de independientes, con una comisión de expertos y que funcione por seis meses. Si ganase el Apruebo, buscan abrir un espacio de diálogo con "la centroderecha democrática".


En un borrador de cinco páginas, el Partido por la Democracia (PPD) trabajó las salidas a los dos posibles escenarios que emanarán de la noche del 4 de septiembre, cuando se defina si se rechaza o se aprueba la propuesta de nueva Constitución de la Convención.

En el texto se explicita que, aunque las encuestas anticipan un triunfo del Rechazo, “subsiste la incertidumbre por la reducción de la brecha en las últimas semanas, la influencia de la campaña en terreno y el efecto del voto obligatorio”. La presidenta del partido, Natalia Piergentili, además de enfatizar que se trata de “una minuta en construcción”, afirmó que “como partido sentimos un compromiso ineludible con el Presidente en cualquiera de los escenarios que se hagan factibles el 4 de septiembre y para ello, estamos trabajando para contribuir”.

“Quienes estamos por el Apruebo y respaldamos al gobierno, por un sentido de responsabilidad tenemos el deber de imaginar todos los escenarios. No podemos comenzar recién la noche del 4 de septiembre a preguntarnos qué hacer”, agregó el senador Jaime Quintana (PPD).

Por esas razones, según se argumenta en el documento, buscan “ponderar las variables que influirán en ambos escenarios y los criterios de acción que emergen de ellas”.

En caso de que gane el Rechazo, diagnostican que existe la “necesidad de un rápido acuerdo en el Congreso para convocar una nueva convención constitucional”. “Ponernos en un escenario de negociación dura es un error y, más bien, debemos orientarnos a crear una base de buena fe entre quienes tienen voluntad de superar la crisis político-institucional que supone el Rechazo”, se lee en el texto.

Así, desde el PPD sugieren 10 puntos o criterios para una nueva convención. Entre ellos, se postula que el Congreso debiese establecer el mecanismo y plazo de la nueva asamblea, sin necesidad de un nuevo plebiscito de entrada; que el nuevo órgano debiese ser 100% electo, a partir de elecciones llevadas a cabo en noviembre de este año. De esa forma, la nueva constituyente podría instalarse en enero de 2023.

En cuanto a su conformación, la nueva convención debería estar constituida por 100 convencionales -55 menos que la anterior-, provenientes de listas o pactos de partidos, incluyendo a independientes en estas.

De esa forma, se excluirían las listas conformadas exclusivamente por independientes, como lo fueron la Lista del Pueblo, el Movimiento de Independientes del Norte o Independientes No Neutrales. Este punto es justamente uno de los aspectos que sectores partidarios del Apruebo como del Rechazo diagnostican como una de las principales debilidades del proceso constituyente iniciado en 2020.

También proponen que deberían existir “listas cerradas en la prelación de sus candidatos, lo que facilita la inclusión de expertos que no tienen experiencia como candidatos”. Estas debiesen cumplir con el principio de paridad y ser constituidas por candidatos de al menos 10 regiones. “Ninguna región puede estar representada por más de un 35% de una sola región”, se detalla.

De forma paralela, el PPD propone que se deberá formar y elegir “una comisión de expertos de 24 miembros, elegida en forma proporcional a sus mayorías (de la convención), para que sea la única instancia de asesoría técnica de apoyo a su trabajo (...)”.

En cuanto a la participación de indígenas, de acuerdo al PPD, esta debiese definirse a través de “escaños supranumerarios”, lo que implicaría se agregarían a los 100 convencionales de las listas nacionales y su número “estaría determinado por los electores que participen en la elección de representantes indígenas, de acuerdo a la proporción de votación respecto de la elección de las listas nacionales”. Además, “la representación de los candidatos de pueblos indígenas será en proporción a la elección entre ellos” y “los candidatos de los distintos pueblos indígenas podrán conformar pactos entre ellos”.

El plazo de trabajo de la nueva convención, a criterio de ellos, debiese ser de un máximo de seis meses -la mitad de plazo que la Convención anterior- y someterse a un plebiscito de salida en agosto de 2023. Según se afirma en la propuesta, estos tiempos permitirían conmemorar los 50 años del golpe de Estado con una “nueva Constitución democrática”.

Con el fin de ahorrar tiempo, el reglamento de la nueva convención debiese ser el que rige al Senado o el de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Un cambio significativo en comparación al ya concluido proceso constituyente sería que, de acuerdo a la propuesta del PPD, la nueva convención debería aprobar sus normas a través de un quórum de ⅗ y no de 2/3. “Permite preservar una amplia mayoría para sus normas y evitar el bloqueo de minorías. La propia experiencia de la Convención indica que ese quórum es mejor”, sostienen.

¿Qué pasa si gana el Apruebo?

Pese a las alternativas que bajaran en caso de que resulte ganador el Rechazo, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) sugiere que ”para nosotros sigue siendo el camino con más certezas el del Apruebo. Ambas opciones representan un desafío, pero con el Apruebo todo se hace absolutamente más claro”.

Para este escenario, el PPD propone cuatro puntos. El primero de ellos es que la implementación de la nueva Carta Magna “debe ser el marco para un nuevo y auténtico ‘pacto social’ en el país. Nuestro rol debe apuntar a la más amplia articulación de esa construcción de acuerdos”. Así, buscan ratificar su propuesta de reformas a la nueva Constitución, “recomponer lazos políticos con aquellos sectores democráticos y progresistas que fueron críticos a la nueva Constitución” y “abrir espacio de diálogo con la centroderecha democrática”.

El segundo punto de la propuesta plantea “impulsar un acuerdo en torno a un paquete de reformas constitucionales que, con un plazo inicial de seis meses, convoque a un arco de fuerzas desde la centroderecha a la izquierda y que incluya un acuerdo marco sobre las principales reformas estructurales del gobierno de Boric, esto es, las reformas de presiones, a la salud, laboral y tributaria”. A través de ellas, pretenden reducir la incertidumbre, canalizar las expectativas y, según se menciona en el texto, aislar a la ultraderecha.

Sobre este último punto, la hipótesis del PPD, según se detalla en el texto, es que “la derrota del Rechazo (...) va a radicalizar a parte de la derecha (...). Esta vez se expresará abiertamente como la presión de la ultraderecha sobre los sectores moderados de la centroderecha”.

Como tercer punto, el PPD sugiere que tanto el gobierno como el Congreso conformen de común acuerdo “un grupo de trabajo transversal con expertos de diversos sectores para desarrollar un trabajo consultivo en los proyectos de ley”. Por último, se propone que “el cambio de gabinete que el Presidente Boric evalúe debe considerar un equipo político que sea capaz de articular acuerdos transversales de esta naturaleza y mejorar radicalmente la gestión en las áreas sectoriales, que permitan manejar las exigencias políticas y las demandas sociales del período”.

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