Una nueva embestida liderarán las bancadas de senadores de la oposición la próxima semana para tratar de votar la reforma que establece una multa a quienes no sufraguen en las elecciones.

La iniciativa, que corre contra el tiempo para entrar en vigencia este año, provoca un choque de intereses entre la derecha y el oficialismo, no necesariamente por la sanción (entre 34 mil pesos y 340 mil pesos), sino por el efecto que tendría obligar a una gran cantidad de ciudadanos extranjeros, que figuran en el padrón, a votar en los comicios chilenos. Particularmente la izquierda teme un voto castigo de la comunidad venezolana.

Sin embargo, hay otra derivada de esta iniciativa que preocupa al gobierno y tensiona los planes del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien hoy está embarcado en una estricta misión para reducir el gasto fiscal.

El problema adicional del Ejecutivo es que al fijar una multa que fortalece el carácter obligatorio del voto -principio reincorporado en 2022 en la Constitución-, el Fisco inevitablemente tendrá que destinar más recursos para financiar campañas y partidos políticos.

La razón es que el financiamiento de la política -que se reguló en 2017 para terminar con las donaciones de empresas y los aportes ilegales- se sustenta en una contribución fiscal calculada por los votos emitidos en cada elección de diputados.

Este financiamiento fiscal tiene dos vías:

Primero, los reembolsos por gastos de campaña, que el Estado paga, a través del Servicio Electoral. Este año se pagaría cerca de $1.560 (0,04 UF) por cada voto obtenido a los candidatos y otros $580 (0,015 UF) a los partidos que llevaron a esos postulantes.

Segundo, el otro pilar de ingresos es un aporte permanente que el Fisco entrega a los partidos. El monto proviene de un fondo común, estimado igualmente por el número de votos obtenidos por los partidos.

El problema de Marcel es que cuando partió este sistema de financiamiento de la política, el voto era voluntario y la participación apenas llegaba al 50% del padrón (menos de siete millones de electores). Sin embargo, con los últimos procesos electorales con voto obligatorio, la concurrencia a las urnas ha superado el 84%, con más de 13 millones de votantes.

Incluso anticipándose ese mayor desembolso, el año pasado Hacienda tuvo que pedir al Congreso que pusiera un techo transitorio para que las platas políticas no presionaran el gasto público. Los partidos aceptaron a regañadientes, pero solo temporalmente por las elecciones regionales y municipales.

A fin de año, con la nueva obligatoriedad y el crecimiento poblacional, incluyendo a los migrantes habilitados para sufragar, los votantes podrían incluso duplicar la cantidad de personas que participaron en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias. Por lo tanto, ello redundaría en un mayor desembolso fiscal.

En el gobierno están conscientes de que rebajar el valor del voto, por concepto de reembolsos, será más difícil este año, ya que un eventual recorte afectaría a senadores y diputados. Y son ellos mismos los que tendrían que aprobar en el Congreso esa rebaja.

¿Cuán pesada saldría la cuenta para Marcel? Ese dinero no está calculado aún, sin embargo, para cubrir la elecciones parlamentarias y presidenciales de 2017 (que son el precedente de los comicios de este año), el Fisco destinó más de $ 59.832 millones de pesos (en valores de ese año) para cubrir los reembolsos. Por lo tanto, si los votantes se duplican, lo lógico es que Hacienda también tenga que doblar el monto, con el respectivo reajuste real (estimado en UF) para el próximo año (las devoluciones se pagan en la siguiente Ley de Presupuesto).

Lo cierto es que la cifra siempre ha ido en alza. En las parlamentarias y presidenciales de 2021 el monto subió a $ 101.775 millones (por el alza de la UF y las senatoriales de Santiago), mientras que en las últimas municipales y regionales de 2024, Hacienda debió considerar más de $ 126.924 millones para cubrir esas devoluciones.

La buena noticia para el ministro es que este año solo hay tres elecciones (las del 2024 eran cuatro: alcaldes, concejales, cores y gobernadores) y los comicios de senadores no consideran a Santiago. Por lo tanto, son menos votos a reembolsar.

La mala noticia, sin embargo, es que el Congreso ni siquiera tiene en sus planes rebajar el monto del reembolso por votos como se estableció transitoriamente el año pasado.

En tanto, el aporte permanente a los partidos, que en 2025 llegó a $ 9.903 millones, también debiera crecer, pero el alza dependerá de otras variables, ya que ese fondo -afortunadamente para Marcel- tiene un techo legal y se calcula con el 60% del padrón, como máximo. Es decir, si el 60% del padrón electoral bordea los 10 millones de electores y el valor del voto se fija en $ 1.560 (0,04 UF), el fondo para el financiamiento permanente de los partidos no debiera superar los $ 15.600 millones para 2026.

A juicio del cientista político Jorge Ramírez, coordinador de LyD, “sería bien llamativo que no se corrigieran” los montos, en vista de la estrechez fiscal y del precedente del año pasado en que se rebajó el financiamiento de campañas.

Desde hace un par de años LyD viene alertando que el financiamiento de la política ha sido un incentivo para la fragmentación de los partidos. Por lo tanto, al haber más dinero en juego, según Ramírez, se hará “más evidente” el surgimiento de “pymes políticas” que postulan al financiamiento público.