Fundamenta sufre nuevo revés y refuerza equipo legal en batalla por polémico proyecto en Plaza Egaña

La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental rechazó el recurso de reposición de la inmobiliaria Fundamenta que buscaba dejar fuera del proceso a los opositores del proyecto. Se trata de otro traspié para la compañía de propiedad del empresario Pablo Medina, que busca reactivar la obra del complejo inmobiliario que se mantiene paralizada. En paralelo, la empresa contrató los servicios del abogado Raúl Tavolari en su disputa en la Corte Suprema.


La batalla de Fundamenta para reactivar el proyecto “Egaña-Comunidad Sustentable” escribe un nuevo capítulo.

El pasado 8 de septiembre, la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió rechazar el recurso de reposición que presentó la inmobiliaria, el cual solicitaba a la autoridad reconsiderar la resolución que permitió tener como parte interesada a la Unión Comunal de Vecinos de Ñuñoa.

Se trata de un nuevo revés para la compañía fundada por el empresario Pablo Medina. Esto, luego que el 18 de abril de 2022 la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región Metropolitana emitió una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable, a raíz de una disminución de las horas de luz solar de los vecinos.

El proyecto considera una inversión de US$300 millones y permanece paralizado por el conflicto abierto con parte de sus vecinos y la alcaldesa frenteamplista de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD).

El SEA, encabezado por la abogada Valentina Durán, quien fuera nombrada en su cargo por el Presidente Gabriel Boric, fundó su resolución en el deber que tiene la institución en fomentar la participación ciudadana en la discusión de los proyectos de inversión. Dicha participación, se debe subrayar, no solo se agota en el procedimiento de evaluación ambiental, sino que abarca todo tipo de toma de decisiones, como es el presente procedimiento administrativo de impugnación. consignó la resolución firmada por la jefa de la División Jurídica del organismo, Genoveva Razeto.

El mismo documento citado señaló que “el artículo 4 de la ley N°19.300 consagra el principio participativo dentro de la institucionalidad ambiental, por medio del cual, se busca lograr una adecuada protección del medio ambiente, con la concurrencia de todos los afectados en la problemática, siendo este de carácter fundamental a lo largo de toda la evaluación de los proyectos que se someten al SEIA, conforme a la normativa vigente”.

Sin embargo, el SEA fue más allá y citó el Acuerdo de Escazú para fundar su decisión y rechazar la última arremetida de Fundamenta en contra de los opositores al proyecto.

“Sobre la materia, se debe relacionar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el cual en su artículo 1 señala que se debe ‘garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados’”.

Asimismo el artículo 7 especifica que “cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectarla salud”, consignó el mismo documento.

“El SEA se encuentra en la obligación de incentivar una mayor intervención de la ciudadanía en los procesos de autorizaciones ambientales, sea de forma general como también en específico de cada proyecto o actividad sometido al SEIA”, concluyó.

Tavolari

En paralelo, en el frente judicial, Fundamenta reforzó su equipo legal ante la Corte Suprema, el que actualmente es integrado por el exsubsecretario del Medio Ambiente del primer gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Benítez, junto a Edesio Carrasco, ambos socios de Schultz, Carrasco y Benitez. Esto, luego que el pasado 29 de agosto la inmobiliaria presentara un escrito en el que delegó poder de representación al abogado Raúl Tavolari.

Se trata de un jurista viñamarino que estudió en la Universidad de Valparaíso y que es reconocido como experimentado litigante, especialista en derecho procesal.

Ante el máximo tribunal del país, la inmobiliaria junto al SEA busca revocar la sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago que anuló parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto por la disminución de las horas de luz solar que tendrían los vecinos de la iniciativa.

Tavolari formó parte del equipo de abogados que defendió a la familia Pinochet, además de a Ambrosio Rodriguez, luego de la resolución del ministro Cerda que los condenara como autores del delito de malversación de caudales públicos.

También defendió al exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en la Cámara de Diputados, ante la acusación constitucional interpuesta en su contra por la actuación de la policía durante las manifestaciones estudiantiles de 2011.

Asimismo, representó al Banco de Chile en el marco de la investigación que llevó adelante la Audiencia Nacional de España por el supuesto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes de Augusto Pinochet.

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