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Este viernes el socio fundador de Inmobiliaria Fundamenta, Pablo Medina recibirá a los invitados en la obra del proyecto Eco Egaña Comunidad Sustentable, ubicada en en la comuna de Ñuñoa, en la esquina de Avenida Irarrázaval y Américo Vespucio. La ceremonia busca bendecir los trabajos realizados.

“Uno ve hacia atrás las reacciones de personas que hoy están ejerciendo puestos de autoridad que quizás fueron destempladas, que quizás generalizaron demasiado y eso se ha asumido bastante”, reconoce la alcaldesa RD de Ñuñoa. Además, plantea: “Lo que estamos enfrentando es delincuencia y criminalidad, algo que el FA jamás ha apoyado”.

La exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, apunta ahora en contra de la alcaldesa de Ñuñoa Emilia Ríos (RD). Según Hidalgo, la jefa comunal y otros funcionarios públicos de la COEVA “se concertaron y coludieron para rechazar el proyecto, sin fundamento técnico o legal”. Ello, luego de citar la conversación entre los seremis con la delegada presidencial Constanza Martínez en el chat de WhatsApp denominado “Comisión Ambiental”, creado por su jefe de gabinete, Miguel Concha.

La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD) sostuvo que “una lección que nos deja este caso es que necesitamos con urgencia una institucionalidad ambiental que ponga en el centro a la calidad de las personas y que pueda ser compatibilizado con un crecimiento sostenible en el tiempo".

El empresario se muestra satisfecho con la sentencia favorable de la Tercera Sala. Dice que el laudo pone término a los intentos por invalidar el permiso ambiental del proyecto, pero al mismo tiempo, detalla que actualmente están evaluando iniciar acciones legales en contra del Estado de Chile debido a los daños ocasionados por la paralización de las obras, que superan las 400 mil UF

La sentencia tuvo los votos a favor de la inmobiliaria de Ángela Vivanco, Mario Carroza, Diego Simpértigue y Dobra Lusic, y en contra, de Mario Gómez, quien fue del parecer de acoger la reclamación presentada por los vecinos opositores a la iniciativa, debido a la disminución de horas de luz solar que provocaría el complejo inmobiliario, ubicado al costado de la Plaza Egaña.

La compañía del empresario Pablo Medina, a través de su abogado Marco Antonio Fuentes, presentó el pasado 15 de febrero un escrito en el que anunció que delegaba poderes en Rodrigo Benítez, exsubsecretario del Ministerio del Medio Ambiente del primer gobierno de Sebastián Piñera, y hoy socio del estudio Schultz Carrasco & Benítez.

Por siete votos en contra y cinco a favor, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana rechazó el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto de gestión de residuos industriales por US$ 85 millones de la empresa Ciclo S.A. El SEA había recomendado su aprobación. Para el gerente general de la empresa, Damián Tomic, el caso es muy similar al revés que sufrió Fundamenta con su proyecto inmobiliario en Ñuñoa. La Coeva también rechazó una línea de transmisión en Melipilla, también por 7 a 5. A la sesión no asistieron los Seremis de Economía y Energía, quienes fueron subrogados por Agricultura y Minería e inclinaron la balanza de los proyectos.

Pese al pronunciamiento pendiente de la Corte Suprema sobre tres recursos de casación presentados contra el fallo que anuló parcialmente el permiso ambiental del proyecto, la inmobiliaria ya cuenta con el respaldo de su financista, del Banco de Chile, y asegura que la RCA entregada en noviembre pasado está a firme. Por eso, ya envió nuevas ofertas comerciales a sus clientes.

La entidad bancaria facilitará 100 mil UF, unos $3.500 millones, para reanudar las obras del suspendido proyecto inmobiliario en Ñuñoa. Gerente de Arquitectura, Alfredo Palominos, afirma que para ello, harán, la re-presupuestación, recontrataciones, cierre de subcontratos y trabajos en terreno de preparación para el reinicio de las faenas.

El juez fue inhabilitado para seguir en el caso. La sentencia de la Suprema, que revisa el permiso ambiental del proyecto, estaba a punto de subirse al sistema en diciembre cuando se reveló que la hija del ministro había invertido en el complejo. “Si alguna recomendación le he expresado es que no adquiera departamentos por cuanto es una eventualidad su arriendo", escribió el juez, quien aceptó su recusación.

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió acoger la solicitud de inhabilitación que presentó la inmobiliaria en contra del juez Sergio Muñoz. Esto en el marco del juiico en la Corte Suprema por los recursos de casación presentados por Fundamenta, opositores al proyecto Eco Egaña y el Servicio de Evaluación Ambiental por la sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago que anuló parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental de la iniciativa. En los próximos días, la Tercera Sala del máximo tribunal deberá citar a las partes a escuchar los alegatos del caso y en un plazo no menor a seis meses podría dictarse sentencia.

El controlador de la inmobiliaria, Pablo Medina, se reunirá la próxima semana con el Banco de Chile, financistas del proyecto en Ñuñoa, para conseguir su venia para retomar las obras. Aunque reclama por la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana que detuvo el complejo, resalta la posición del Ejecutivo: “El gobierno central también ha estado alineado con el reinicio de este proyecto”, cuenta. Como autocrítica, cree que quizá debieron estar más cerca de vecinos desde un principio. “Jamás hemos perdido la fe, pensando que este proyecto podría haber caído en remate o en quiebra”, dice.

La jefa comunal, Emilia Ríos (RD) presentó una reclamación en contra de la resolución de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que dio luz verde a la iniciativa. En los próximos días, el organismo debe definir si acoge a tramitación o rechaza de plano el reclamo ingresado. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña acusó “persecución política” y “sesgos ideológicos” en contra de la iniciativa inmobiliaria.

Según la acción presentada por los 23 diputados de la Bancada UDI, “se deben analizar todas las actuaciones de Gobierno que den cuenta de eventuales intromisiones indebidas en la tramitación de proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental y sus resultados”.