La columna de Gonzalo Said: “La preocupación empieza por casa”

28 Junio 2023 Gente, caminando, trabajadores, pensiones, afp, isapres. Foto: Andres Perez

"Quizás antes de pedir nuevas atribuciones -o nuevos recursos- es fundamental ejercer las que ya existen para evitar que sigan despilfarrándose los tributos que los chilenos aportamos al erario público y garantizar que el gasto fiscal llegue a los que verdaderamente lo necesitan".


Los casos de corrupción conocidos recientemente vuelven a poner en el tapete la necesaria conducta íntegra en el actuar de profesionales e instituciones públicas. Es lamentable que inescrupulosos le pongan “precio” a funcionarios públicos, mientras estos últimos aceptan sobornos para entregar información o anular procedimientos.

Lamentablemente, algunas autoridades han intentado sacar provecho político de este escándalo que remece al país. Tomando en cuenta que uno de los vinculados a este caso tiene un RUT de empresa, algunas autoridades del Gobierno han endosado responsabilidades en todo el mundo empresarial y aprovechado esta situación para reflotar la necesidad de un pacto fiscal.

Cabe señalar que el hecho que un eventual defraudador haya obtenido personalidad jurídica no lo transforma en un empresario, ni menos en ícono alguno de la empresa chilena. Intentar extrapolar lo sucedido, manchando la reputación de cientos de miles de hombres y mujeres de empresas y vincularlo a la necesidad de entregar mayores facultades de fiscalización a las instituciones que justamente fueron objeto de actos corruptos, es sencillamente buscar una ventaja política de manera espuria.

El mundo empresarial debe lidiar a diario -y está muy bien que así sea- con múltiples entes reguladores y fiscalizadores: el Servicio de Impuestos Internos, la DT, la CMF, la FNE, el Sernac, por mencionar solo los más transversales. Existe plena conciencia en los directorios de las empresas que cumplir la ley es un deber y cada día se instala la necesidad de incluso ir más allá de la norma escrita y avanzar en mecanismos de autorregulación que moldeen un actuar ético de empresarios y ejecutivos.

Por su parte, la inmensa mayoría de funcionarios públicos son personas probas, que valoran mucho su reputación profesional y el rol del Estado.

Es por eso que las insinuaciones de altas autoridades queriendo generalizar estos casos no son aceptables. Con esa lógica, se pondría en entredicho todo el aparataje público por los casos de corrupción detectados en reparticiones del Estado. Si se aplicara un criterio parecido al de la ley de delitos económicos a funcionarios públicos, varios estarían hoy en prisión preventiva.

Estas declaraciones son más preocupantes si los funcionarios aparentemente vinculados a actos de corrupción pertenecen a reparticiones públicas bajo el alero de quien impulsa el pacto fiscal. Peor aún si ponemos atención a los informes de la Contraloría que, en el marco del caso Fundaciones, señalan que existe una evidente falta de control por parte de las reparticiones regionales y que casos como el de Democracia Viva en general, “se replican en todo Chile”.

¿Quién es el que debe velar por el buen uso de los recursos fiscales?

Quizás antes de pedir nuevas atribuciones -o nuevos recursos- es fundamental ejercer las que ya existen para evitar que sigan despilfarrándose los tributos que los chilenos aportamos al erario público y garantizar que el gasto fiscal llegue a los que verdaderamente lo necesitan.

Gonzalo Said

Vicepresidente de SOFOFA

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