Columna de Fadua Gajardo: “De la adversidad a la acción. Construyendo un futuro libre de corrupción”

En la esfera legal, donde la integridad es la piedra angular, el caso reciente en el que se ha visto involucrado el abogado Hermosilla ha sacudido las bases de la confianza pública. Este escándalo no solo cuestiona la ética individual, sino que también plantea interrogantes cruciales sobre la fe pública, la institucionalidad y la necesidad imperativa de una gobernanza alineada con principios éticos.

La confianza del público en el sistema legal se ve erosionada cuando un pilar respetado de la profesión cae en la telaraña de la corrupción, sea el caso que sea. La fe pública, esencial para la estabilidad de cualquier sociedad, se tambalea al descubrir que quienes deberían ser guardianes de la justicia están implicados en actos indebidos.

La credibilidad construida durante años se desmorona, afectando no solo al individuo en cuestión, sino también a la percepción general sobre la integridad del sistema legal y empresarial. Es imperativo que este momento sirva como un punto de inflexión grave, marcando el inicio de una nueva era en la que las empresas y los gobiernos corporativos de las mismas aborden con seriedad y gravedad el uso de información privilegiada.

La institucionalidad es otra víctima de la corrupción. Los ciudadanos comienzan a cuestionar la eficacia de las instituciones que deberían proteger sus intereses. ¿Cómo confiar en un sistema que permite que figuras respetadas se desvíen del camino ético? Es esencial revitalizar y fortalecer las instituciones para restaurar la fe en un sistema que, en su ideal, está diseñado para salvaguardar la justicia y la equidad.

La gobernanza ética emerge como un imperativo crucial en este contexto. No basta con tener reglas y regulaciones; es esencial que estas se implementen con integridad y transparencia. La ética debe ser el hilo conductor que todo dueño, director y ejecutivo considere a la hora de tomar decisiones. En este sentido es que la estrategia de negocio de cualquier entidad debe integrar principios éticos sólidos para evitar desviaciones que puedan afectar no solo a la reputación individual, sino al tejido mismo de la sociedad.

La aplicación efectiva de leyes y regulaciones destinadas a prevenir el fraude y la corrupción debe ser una prioridad. Los mecanismos de supervisión deben fortalecerse, garantizando una vigilancia constante y una respuesta rápida ante cualquier indicio de irregularidades.

La autora es directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile