A tres años y seis meses de las masivas intoxicaciones de Quintero-Puchuncaví, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) abrió una nueva disputa con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en el Tribunal Constitucional (TC).

El pasado jueves, la autoridad presentó un requerimiento de inaplicabilidad constitucional en contra de tres artículos de la Ley N 20.285. Esto, en el contexto de un recurso de queja que se encuentra conociendo la Corte Suprema, luego que el Consejo para la Transparencia y la Corte de Apelaciones de Santiago le exigieron entregar a ENAP las primeras versiones de los Informes del DICTUC y del CITUC y correos electrónicos con dichas instituciones, señalando que la negativa de la SMA es injustificada.

La arremetida constitucional de la SMA se produce en medio de un periodo de cambios en la institución. La semana pasada informalmente la nueva administración de gobierno le comunicó al superintendente Cristóbal De La Maza que debería presentar su renuncia en los próximos días. Ello, debido a que si bien su cargo, junto con el del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, forman parte del Sistema de Alta Dirección Publica, ambos son de plena confianza del Presidente de la República.

Así, el viernes fue el último día de De La Maza como jefe del servicio y por medio de un correo electrónico anunció a los funcionarios que presentaría su “renuncia no voluntaria”. Posteriormente se despidió de su equipo y analizó la gestión 2019-2022 en un extenso artículo publicado en la página web de la SMA, que finaliza señalando que “la institución tiene un equipo de trabajo de excelencia con un alto compromiso, pero evidencia una importante carga de trabajo que requiere ser reforzada. Su rol es de primera necesidad para la comunidad y debe fortalecerse para disponer de una democracia ambiental efectiva. Como dice un epigrama del Tao Te King, lo incompleto será completado”.

Por lo mismo, desde este lunes asumió como superintendente subrogante Emanuel Ibarra, quien se desempeñaba como jefe de la división de fiscalía. De hecho, si bien el requerimiento de la SMA es firmado por él ante el Tribunal Constitucional, la acción se presentó el día jueves 17 de marzo y al día siguiente De La Maza oficializó su salida.

Todo comenzó en septiembre de 2018, cuando la SMA inició un procedimiento sancionatorio en contra de ENAP por los eventos de intoxicación ocurridos en Quintero y Puchuncaví en agosto y septiembre del año 2018. Si bien la investigación fue cerrada en mayo de 2019, sin que se determinara la presunta responsabilidad de ENAP, en septiembre de 2020 la SMA decidió reabrir el procedimiento sancionatorio y reformular cargos en contra de la compañía.

La reformulación, que posteriormente fue dejada sin efecto por el Tribunal Ambiental por estimarse ilegal, arbitraria y no tolerable, se fundó en la existencia de nuevos antecedentes, dentro de los cuales se encontraban los informes del DICTUC y del CITUC, y que concluirían la supuesta responsabilidad de ENAP.

Según expuso la SMA en su presentación ante el TC, la reformulación de cargos develó que la investigación se vio afectada por “el ocultamiento de información por parte de Enap Refinerías S.A. quien, a pesar de haberse requerido la información en las primeras actividades de fiscalización en terreno, no aportó antecedentes sobre la descarga anormal, nunca llevada adelante en el terminal, que había realizado en esos días de un crudo con altísimas cantidades de ácido sulfídico (Iranian Hevy), el cual además, requirió la adición de un secuestrante, elaborado especialmente para este fin (formaldehido, o HCHO), que nunca se había utilizado en las instalaciones”.

En su requerimiento ante el Tribunal Constitucional, la SMA explicó que “la solicitud de transparencia efectuada por Enap Refinerias S.A., según la cual pretende tener acceso a correos privados emitidos por funcionarios, dentro del ámbito de sus conversaciones privadas, busca repercutir en la estrategia investigativa desarrollada por la Superintendencia del Medio Ambiente”.

Asimismo, insistió en que “ha incorporado en el expediente todos los antecedentes públicos que permiten que Enap Refinerías S.A. desarrolle una adecuada defensa en el procedimiento, sin que para ello se requiera la divulgación de conversaciones de funcionarios, que se encuentran resguardadas por el derecho constitucional a la inviolabilidad de sus comunicaciones”.

“La SMA tomó la determinación de ir al Tribunal Constitucional, porque no está de acuerdo con que los funcionarios y funcionarias que fiscalizan e investigan deben entregar sus correos electrónicos, cuando aquellos se asocian a una investigación, en este caso, la dirigida en contra de ENAP. Estimamos que una decisión de ese tipo afecta la esencia de las facultades de investigación que son propias de una superintendencia, y el derecho de privacidad de las personas que son parte de la institución. Por lo demás, esta empresa y cualquier otra, siempre podrá tener acceso a todos los documentos e informes que sirven de base para tomar nuestras decisiones, pero llegar al punto de acceder a todos los correos electrónicos de investigadores es inconstitucional según lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución. Debemos proteger el ejercicio de la función de fiscalización ambiental”., explicó Emanuel Ibarra, superintendente (s).

Consultada ENAP por el requerimiento efectuado por la Superintendencia del Medio Ambiente sostuvo: “Esperamos que el Tribunal Constitucional desestime el requerimiento de la SMA, de forma tal de validar la decisión del Consejo para la Transparencia y la Corte de Apelaciones que ordenaron exhibir la información que pedimos a la SMA”.

A raíz de los episodios de intoxicación se encuentran formalizados seis trabajadores y ejecutivos de ENAP. Se trata de Alvaro Hillerns, gerente ENAP Refinería Bio Bio; Patricia Cabalá Leiva, jefa de operaciones de ENAP Bío Bío; Jorge Farías Fuentes, jefe del área marítima de ENAP Bío Bío; Edmundo Piraíno Suez, gerente de la Refinería Aconcagua; Juan Pablo Rhodes Valenzuela, director del Terminal Marítimo de Quintero, y Carlos Andrés Lizana Guerrero, jefe del área terrestre del Terminal Quintero.

Para el Ministerio Público la compañía realizó venteos indebidos de ácido sulfhídrico (H2S) en las dos recaladas efectuadas por la nave en agosto de 2018 en las bahías de Quintero-Puchuncaví (Valparaíso), y Talcahuano (Biobío), durante el 2018.

Para el 11 de abril está fijada la audiencia de preparación de juicio oral y el Ministerio Público solicita una pena de cinco años de cárcel para los ejecutivos Edmundo Piraíno, Juan Pablo Rhodes y Carlos Lizana. En tanto solicitan cuatro años de presidio para Alvaro Hillerns, Patricia Cabalá, Jorge Farías y el capitán Joseph Darlington.

Cabe recordar que la Fiscalía Regional del Biobío lleva adelante su investigación no sólo por los episodios de contaminación en la bahía de Quintero y Puchuncaví, sino que también por los hechos ocurridos en Talcahuano. Para la entidad persecutoria se trata de irregularidades y delitos en materia ambiental, tras la descarga y descuidos que generaron una nube tóxica en el proceso de trasvasije del crudo que trasladaba el Buque Monte Toledo desde Irán.

Todos los funcionarios formalizados de ENAP a la fecha continúan desempeñando funciones en la petrolera estatal y su defensa es financiada por la compañía.