Se cumplen dos años desde que el presidente de la República anunció la reubicación del proyecto termoeléctrico Barrancones. "Le he pedido, y hemos acordado con Suez, cambiar la ubicación de la central", anunció en agosto de 2010. La medida fue aplaudida por grupos ambientalistas y rechazada por sectores que la consideraron una reacción exagerada a una oposición organizada, básicamente, a través de las redes sociales.

Una nueva ubicación para Barrancones no ha vuelto a ser discutida, mientras la matriz energética chilena sigue acumulando proyectos truncos. Por lo mismo, y aunque el Ejecutivo haya presentado la medida como una decisión de la propia empresa, expertos advierten el costo que significó el caso Barrancones para el ordenamiento chileno. Dicen que la injerencia política en los procesos de aprobación técnica de las iniciativas pasó a convertirse en un riesgo más de cada proyecto, quitando piso a la fórmula del "dejar que las instituciones funcionen" con la que gobiernos anteriores habían enfrentado este tipo de dificultades.

La certeza jurídica constituye uno de los principales requisitos para la inversión y, en muchos casos, puede marcar la diferencia entre un proyecto rentable y otro deficiente. Recuperar esa certeza es ahora la tarea más urgente.