Tras un año de trámite legislativo, el Congreso despachó a ley un programa de incentivo al retiro para la administración pública, tras la aprobación por 84 votos en la Cámara de Diputados.

La iniciativa, fruto de una negociación previa con la ANEF, establece un programa de retiro voluntario hasta 2024 que contempla una bonificación adicional, un bono por antigüedad y un bono por trabajo pesado para quienes cumplan los requisitos. El texto reconoce antigüedad tanto a los funcionarios de carrera y a contrata con servicios continuos o discontinuos en la Administración Central de Estado.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, valoró el buen término de las conversaciones y la extensión para optar a los beneficios. “Esto no podía ser un gasto de una vez, tenía que ser gradual y ahora tenemos un sistema de retiros que le va a dar más tiraje a la chimenea del sector público por los próximos diez años”, acotó.

Pero surgió un tema que empañará seguramente los alcances de este acuerdo y es que los funcionarios del Congreso solicitaron quedar fuera de este proyecto. Este hecho fue criticado por algunos diputados que incluso solicitaron votación separada del articulado aunque igual fue aprobada. “Piden quedar fuera pensando que habrá otra negociación en otro momento que será mejor a la lograda por la ANEF, pero el ministro ha dicho que mantendrá las condiciones”, reclamó la diputada Yasna Provoste (DC).

Y el ministro lo ratificó: “si no hay nada sobre la mesa, la verdad es que tendría la inclinación, y así nos hicieron ver varios diputados, de hacer un espejo, simplemente incluir a los funcionarios nuevamente en esta ley”.