El Censo vuelve a estar en la agenda noticiosa y no por los motivos que se esperarían. En una reciente entrevista en PULSO, el ex director del INE Juan Eduardo Coeymans (quien sucedió a Francisco Javier Labbé, que lideró el Censo 2012) explicó que la tasa de omisión del año 2017 sería similar a la de 2012, razón por la cual no se justificaría haber desechado la medición aplicada hace cinco años.

Esta tesis está en línea con lo argumentado por la Comisión Censal Internacional en 2013, convocada por el INE tras la polémica de 2012, la que -tras analizar los datos- reconoció que hubo errores en el proceso censal, pero que estos podrían corregirse. Estas conclusiones, a juicio de la comisión, dejarían en claro que no se requeriría llevar a cabo un nuevo Censo de carácter abreviado, como sí lo recomendó la comisión local de expertos externos, también solicitada en su minuto por el INE.

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El informe de la instancia internacional validó, por ejemplo, la calidad de la tasa de captura de datos, desechando así el principal argumento de los detractores del proceso de 2012.

Con todo, la investigación de los expertos internacionales sí encontró varios problemas en el proceso censal 2012, asociados con la imputación de viviendas, la extensión del período de enumeración y la inexistencia de una fecha de referencia del Censo. Pese a esto, sostuvo que los resultados de su investigación mostraban que el Censo fue realizado dentro de los estándares y prácticas censales que se realizan en el mundo.

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Pese a esta recomendación internacional, el Gobierno de Michelle Bachelet optó por repetir el proceso -de manera abreviada- con un costo fiscal de $50 mil millones (US$80 millones al cambio actual), cuya calidad de datos está hoy nuevamente en discusión.

Según Coeymans, el error principal del proceso de 2017 radica en la tasa de omisión de viviendas, la que llegaría a 2,84%, número que sería superior al 1,8% del Censo 2012, motivo por lo que cabe esperar resultados poblaciones de menor calidad, indicó.

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Pese a que aún queda por conocer el detalle de las cifras y las muestras levantadas por el Censo 2017, sí han quedado de manifiesto dudas respecto de este proceso, las mismas que llevarían a parlamentarios -según han anunciado- a pedir una nueva comisión investigadora encargada de dilucidar las interrogantes en torno al proceso de 2017.

Fuera de esto, lo que resulta preocupante es que el Ejecutivo haya desechado a priori las observaciones de la comisión internacional que validó el proceso 2012 y, sobre todo, que haya optado por gastar US$80 millones en un Censo abreviado que hoy está de nuevo cuestionado.

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