Cuando el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes llamó al Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal Philippi, para proponerle mantenerse en el cargo por un nuevo período de cuatro años, éste último ya estaba aceptado para ser académico visitante en tres universidades inglesas. Su idea era partir con toda su familia por un año. Por eso se tomó tres días para pensarlo antes de aceptar la oferta del secretario de Estado.

Y dijo que sí. Con cuatro años en el cargo, a Irarrázabal se le ve orgulloso de los cambios impulsados al interior de la fiscalía (ver recuadro), y de los éxitos conseguidos. Asegura que las empresas chilenas han avanzado en su percepción de la libre competencia, pero que aún falta.

Enemigo de las entrevistas, no habla de las causas en investigación y sobre los casos que están en proceso no dice nada distinto a los requerimientos y escritos que presenta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). En esta conversación de dos horas y media con PULSO, entregó su percepción sobre los empresarios y los cambios que a su modo de ver debieran realizarse al sistema de la libre competencia nacional.

Irarrázabal remarca que durante su período se buscó dar un giro y “entender que la judicialización de un problema es, por así decirlo, la última instancia de un proceso de conversación que se puede dar en el contexto de una investigación. Hay que tratar de evitar litigar, porque son procesos muy costosos y lentos”.

¿Se van a privilegiar siempre los acuerdos?

Primero hay que ver si se puede evitar la judicialización. Yo espero que el mundo privado perciba que la fiscalía tiene esa intención, de que si las cosas se pueden llegar a arreglar, debieran poder arreglarse.

¿Pero hay actos que usted nunca va a negociar y siempre va a ir a juicio?

En los temas de libre competencia uno no puede ser ideológico, ni tampoco adscribir  a una posición en forma muy tajante. El sistema tiene mucha flexibilidad y uno mismo tiene que tener mucha flexibilidad. Uno podría decir que claramente en el catálogo de infracciones los carteles son lo más grave, y entonces uno no debiera transar. Pero la delación compensada no es sólo transar, sino que es, entre comillas, abrazarse con el que estaba cartelizado. Creo que hay que ser bien pragmático, uno no tiene que enamorarse tanto del juicio, sino que en lo que uno tiene que concentrarse es que ese mercado sea mejor desde el punto de vista de la libre competencia. Y claramente eso, desde el punto de vista de esta fiscalía, no es la sustitución del mundo privado por el mundo público. Somos paladines de la economía de mercado. No creemos que la solución a los problemas de la economía de mercado sea reemplazarla y que la provisión de bienes y servicios sea entregado por el Estado. El ADN de la fiscalía es potenciar el mundo privado, que es algo que en las empresas nunca han entendido. Nosotros no estamos llamados a desprestigiar al mundo privado.

Nosotros buscamos que los capitalistas que no están jugando adecuadamente las reglas del juego no destruyan el capitalismo, porque el capitalismo como economía de mercado es lo que uno trata de defender.

¿Pero les toca revelar las malas prácticas del mercado?

En definitiva, nosotros debiéramos ser aliados del mismo mundo empresarial, no de los que tienen posición dominante y están dispuestos a abusar de esa posición, y menos de los que se creen dueños del mercado. El mercado no le pertenece a los empresarios, le pertenece a la sociedad y nosotros tenemos que cautelar eso. Creemos que un empresario maduro y sofisticado entiende que la economía de mercado también le trae beneficios a él, porque si está bien preparado va a tener la capacidad de poder adaptarse a los requerimientos que la economía de mercado le da.

¿Y cree que esa mirada desde el sector privado ha cambiado?

Va de menos a más, y hemos visto actitudes de dirigentes empresariales que creo que están muy bien encaminadas. Por ejemplo, yo me reuní varias veces con Andrés Concha, y él entendía perfectamente lo que hacíamos, y consideraba que si no lo hacíamos se desprestigiaría el sistema.

¿Y eso ha continuado?

Creo que sí. Ante el programa de cumplimiento y el interés nuestro por crear guías, ha habido cierta recepción. Pero de repente notamos una cierta mentalidad ochentera.

A veces, en ciertas situaciones, en ciertos mercados y en ciertos empresarios, y creo que es excepcional, uno detecta esto de ‘hagámoslo hasta que dure’.

Y en las relaciones que tenemos con ellos también impresiona como, en casos excepcionales, los máximos ejecutivos de empresas importantes tienen un alto desconocimiento sobre el negocio, en algo tan básico sobre cómo determinan los precios cuando es una empresa que tiene posición dominante, nos ha tocado enfrentar ejecutivos importantes que tienen un nivel de amnesia que no se condice con su responsabilidad.

Queremos empresas privadas y no tenemos problemas en que sean ambiciosas y quieran aumentar sus participaciones de mercado. Ahora, en situaciones excepcionales encontramos casos de empresarios que creen que pueden hacerse una pasada, como si fueran casi traders en el tema de cumplimiento de la ley de libre competencia.

Usted habla de los empresarios. ¿Cree que ellos son los responsables en los atentados contra la libre competencia, o cree que son los directores o gerentes principales o mandos medios?

Cuando hablo de los empresarios hablo de la empresa privada, que tienen accionistas, directores, y gerentes. Depende mucho del caso y no es que uno lo circunscriba a unos o a otros.

¿Pero cree que son los accionistas los responsables por no tomar las medidas para que casos de atentados a la libre competencia no ocurran?

Es que depende del mercado y del tipo de infracción. Ahora, un caso de cartel es una cuestión más gruesa, pero los casos de abuso de posición dominante son bien discutibles; sabemos que son discutibles y nosotros, a través de ese caso, vamos dando señales de lo que son las barandas de cómo se puede actuar dentro de esa economía de mercado.

Nosotros no tenemos ningún problema con las rentabilidades altas, entendemos que un empresario, en su ADN, quiere más participación de mercado y quiere la mayor rentabilidad posible, y eso no lo encontramos reprochable. La pregunta es el cómo y el medio para obtener eso.

Usted ha hecho hincapié en que la concentración de los mercados en Chile es muy alta, ¿le preocupa?

Sí y no. Cuando los mercados están más concentrados hay que preocuparse de que no se cartelicen, porque mientras menos sean es más fácil cartelizarse. Y hay que preocuparse de que no abusen porque tienen participación de mercado más altas. Ambas preocupaciones son más bien conductuales, y son caras de investigar, y cada vez se van poniendo más sofisticadas. Los carteles no van a estar en escritura pública como puede haber habido en el pasado. Hoy puede ser un movimiento de ceja en un club exclusivo. El acuerdo es cada día más difícil de detectar.

Ahora, uno entiende que Chile es un país de 17 millones de habitantes, es una isla rodeada por la cordillera, lejos de los grandes centros de producción, lejos del mundo asiático, de Europa y Estados Unidos, y efectivamente se tienen que buscar ciertas economías de escala. La perspectiva de la fiscalía respecto a las operaciones de concentración, en general, es positiva; hay que buscar bien el mercado relevante, hay que analizarlo, pero en general las operaciones de concentración son positivas porque están vinculadas a eficiencias.