Poco más de US$2.300 millones destina la Ley de Presupuesto 2016 al ítem “jubilaciones, pensiones y montepíos” de beneficiarios de las FF.AA., de acuerdo con las cifras de la Dirección de Presupuesto (Dipres).

La cifra se desglosa así: en el caso de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), el aporte fiscal asciende a $972.326.460.000, unos US$1.464 millones; mientras que a los beneficiarios de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) se destinan $579.034.717.000, esto es unos US$872 millones.

De acuerdo con datos de la misma Dipres, históricamente el aporte fiscal al sistema de pensiones de los uniformados es en torno del 90%, mientras que los contribuyentes aportan sólo 10%. Considerando el PIB de cierre de 2015 (unos US$236 mil millones), entre ambas instituciones abarcan nada menos que el 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que supera el gasto fiscal del pilar Solidario de Pensiones del sistema de AFP, que según cifras de la Superintendencia de Pensiones, en 2015 alcanzó a un $1.132.678.000.000, unos US$1.601 millones (al dólar del cierre del año pasado), lo que representó un 0,6% del PIB. Este contraste se acentúa al considerar que mientras el número total de pensionados de ambos esquemas de pensiones de las FF.AA. alcanza a unos 300 mil, los beneficiarios del pilar solidario suman 1,3 millones de personas favorecidas con la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Básico Solidario.

Pero hay más. Los gastos están lejos de bajar, al menos por ahora. Un informe de la Dipres proyecta que al 2025, el pilar solidario representará el mismo 0,9% del PIB, al igual que Capredena y Dipreca que representarán el 0,5% y 0,4 % del PIB, respectivamente.

Reducción a los beneficios. El déficit y sensación de injusticia que deja ver el sistema de retiro de los uniformados, saltó otra vez al debate a raíz de la cuestionada pensión de la ex directora técnica de Gendarmería, Miriam Olate, que recibe una jubilación de $5 millones.

Pero se trata de un tema antigüo, cuya revisión no ha sido mandatada a ninguna comisión de Pensiones en los gobiernos democráticos posteriores a la Reforma del ‘80,  aunque sí fue parte de las propuestas de la Comisión Bravo, como recuerda uno de sus miembros, Andras Uthoff.

Para el experto, la evolución de este déficit heredado de la reforma al sistema previsional “depende de la reducción de los beneficios netos a los sistemas de reparto, como se hizo en Chile en 1979”, afirma.

“Es un tema pendiente, tan importante como la mejora al sistema de AFP. Desde la perspectiva previsional (Capredena y Dipreca) es totalmente injusto o, dicho de otro modo, tremendamente generoso en comparación con el sistema de AFP”, agrega en relación al caso Olate.

“Para tener un idea, para que un chileno en el sistema de AFP logre una pensión de $5 millones, tendría que acumular ahorros por $1.200 millones, “lo que no se logra ni cotizando por el tope imponible”, dice el académico de la FEN,  José Luis Ruiz.

David Bravo, ex presidente de la Comisión, recalca que no hay ninguna razón para hacer diferencias entre trabajadores desde el punto de vista previsional. “Esa discriminación tiene más bien que ver con el origen del sistema y es evidente que es discriminatorio”, dice. En esa línea, Bravo agrega que la polémica generada, “es una buena oportunidad para el Comité de Ministros, de agregar este tema a la agenda”.