Después de que un juez español identificara a la hija del Rey de España, la infanta Cristina, como sospechosa en un caso de investigación por fraude, el fiscal anticorrupción presentaría entre hoy y el lunes un recurso de protección que supondría el aplazamiento de su citación para el 27 de abril ante un juzgado.

De no prosperar el recurso de la Fiscalía, la duquesa de Palma tendrá que comparecer ese día, donde no estará representada por el abogado de su esposo, Mario Pascual Vives, que anunció que no se encargaría de la defesa de Cristina de Borbón.

El ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel García Margallo se refirió al caso, mencionando que causa una "enorme preocupación" en el gobierno, ya que perjudica a la institución monárquica y agregó que no beneficia a la "marca España".

Por su parte, el presidente hispano, Mariano Rajoy, no quiso comentar la primera imputación en un caso de corrupción de un miembro directo de la Familia Real española y dijo que el gobierno asume las decisiones que adopten los jueces. Agregó que el Ejecutivo no tiene previsto hacer nada para mejorar la dañada imagen de la monarquía, como su inclusión en la ley de Transparencia que se debate en el Parlamento o pedirle a la infanta que renuncie a sus derechos dinásticos.