La superintendenta de insolvencia y reemprendimiento, Josefina Montenegro, es la mujer que está detrás del cambio radical que durante los últimos 12 meses ha vivido el proceso de quiebras en Chile. Está satisfecha con lo realizado, y si bien admite que aún restan tareas pendientes, asegura que el balance, a un año de la entrada en vigencia de la Ley Nº 20720, es positivo.

¿Cómo ha sido recibida la ley y su aplicación por las instituciones financieras?, ¿ha afectado esto el acceso al crédito a las personas? 

Como bien lo dijo el presidente de la Asociación de Bancos, los bancos han acompañado a este proceso de renegociación. Eso se evidencia en las cifras de las audiencias de determinación de pasivos, renegociación o ejecución con acuerdo. Tenemos un 92% de acuerdos en audiencias. Para que eso ocurra es necesario que tanto el deudor como los acreedores acuerden el pasivo, la propuesta de renegociación, y la forma de liquidar los bienes.

El balance, respecto a cómo ha sido el apoyo de los bancos e instituciones financieras, es positivo.

Se ha dicho que los bancos estiman que las garantías se ven perjudicadas de concurrir y votar en un acuerdo de reorganización, ¿cuál es su opinión al respecto?

La ley establece claramente que los acreedores garantizados deben participar del acuerdo de renegociación, cuando hablamos de las empresas. Lo que hace la nueva ley es permitirles participar. ¿Qué pasaba con la antigua ley? Lo acreedores garantizados si participaban de los convenios judiciales preventivos, perdían su preferencia.

¿Qué hacían en la práctica? 

Los abogados de los acreedores tenían que ir individualmente a hablar con sus acreedores para convencerlos de que ellos iban a votar un convenio judicial preventivo con los acreedores valistas.

La nueva ley transparentó la situación de los acreedores. Es decir, señala que vengan todos los acreedores tanto valistas como garantizados, para que realmente se transparente la situación y el deudor pueda acordar una reorganización con acreedores preferentes garantizados y acreedores valistas. No es que los acreedores garantizados pierdan su preferencia, por lo contrario. Ellos están ubicados en una categoría especial. Ellos votan junto con los acreedores garantizados. Los valistas votan junto con los acreedores valistas.

El acuerdo requiere una condición suspensiva. Por lo tanto, si están de acuerdo los acreedores garantizados y están de acuerdo los acreedores valistas, sólo ahí hay un acuerdo de reorganización.

¿Qué ocurre en una reorganización, en el caso de una empresa, cuando los codeudores solidarios o avales también se reestructuran?, ¿pierden o se menoscaban sus garantías? 

No. Los acreedores participan de igual manera en los procesos de reorganización.

Respecto al cómputo de los quórum de acuerdo. Se sostiene por distintos involucrados que es muy difícil conocer y calcular la forma de votación en los acuerdos de reorganización?, ¿no encuentra que estos atentan contra la posibilidad de adelantar los resultados de una reorganización? 

No. Los quórum de votación se simplificaron con la nueva ley. Es decir, el quórum pasó a ser de un 66% en el caso de una reorganización. Por lo tanto, existe mayores posibilidades de llegar a un acuerdo de reorganización. La novedad es la que contaba antes, tenemos a dos categorías de acreedores, como son los garantizados y los valistas. Esa es la novedad, pero para poder hacer participar a los acreedores garantizados tenemos que considerarlos con una categoría especial, porque ellos tienen una garantía, no son acreedores valistas.

Sobre los tiempos de tramitación y fiscalización, los plazos de tramitación son muy breves y a veces atentan contra protección de los derechos de los acreedores, por ejemplo, en verificaciones e impugnaciones.¿Concuerda con esa visión?

Los plazos son breves, efectivamente. La ley establece plazos breves, porque en la insolvencia es muy importante que los procedimientos sean eficientes, porque tenemos claro que hay activos que están en juego, que se desvalorizan y esos activos se tienen que volver a reinsertar en la economía. Por lo tanto los procedimientos de insolvencia mundialmente deben ser eficientes y los plazos igualmente acotados. La ley establece, también, que se puedan resolver todas esas instancias de manera verbal. Por tanto, simplifica esos procedimientos a través de audiencias verbales, en las que se puedan resolver las diferencias como impugnaciones.

En cuanto a la preparación de jueces para aplicación de la ley. Los actores reclaman que los jueces no están preparados para aplicar la ley y pese a ello tienen que resolver en la misma audiencia los incidentes que se promueven. ¿Están evaluando efectuar alguna modificación sobre esta materia?

Los magistrados tuvieron su capacitación, efectuada por la Academia Judicial, también con el apoyo de la Superintendencia. Como todo cambio en un sistema, requiere de la buena voluntad y disposición de todos los actores involucrados. Los jueces efectivamente han tenido su capacitación, y nosotros como Superintendencia seguimos contribuyendo a ella, especialmente en regiones. Una vez a la semana viajamos a regiones, y hacemos un seminario en universidades. Hacemos un coloquio con los jueces. Además de gabinetes económicos con las autoridades y potenciar nuestra presencia regional a través de nuestros coordinadores. Por lo tanto, los jueces van adquiriendo mayor conocimiento con jurisprudencia más uniforme y esta retroalimentación entre la Superintendencia y los tribunales ha sido muy fructífera.

En ese sentido, estamos recién a un año de la entrada en vigencia de la ley, y creemos que los avances han sido evidentes, respecto al conocimiento de los jueces, pero falta mucho por trabajar.

Ese es el sentido, la orientación es trabajar en conjunto, retroalimentarnos en conjunto.

Cuando dice que falta mucho por trabajar ¿A qué se refiere?

Nos referimos a la difusión. Si bien viajamos una vez a regiones no es suficiente para poder difundir esta herramienta. Tenemos que ser honestos y decir que nos queda mucho por difundir para que esta sea una herramienta generalizada.

¿Sólo en difusión?

En inculcar el nuevo significado que tiene este nuevo sistema concursal. Eso es muy importante. Luego en construir la educación financiera. Es muy relevante aquí hay un trabajo mancomunado con el Sernac, ABIF y otros organismos para educar al deudor y a los acreedores para que los deudores conozcan su real capacidad de pago y los acreedores puedan prestar dinero a esa real capacidad. Esa información se genera a través de estas audiencias. Eso es muy importante que se vaya generando en el tiempo para que realmente tengamos información consolidada sobre el endeudamiento en Chile.