La principal razón por la cual se ha planteado desde el Gobierno la relevancia de una Reforma Laboral, es la necesidad de propulsar una distribución del ingreso más equitativa. Sin embargo, si se analiza el tratamiento que el actual proyecto de Reforma Laboral da a las pymes, parece difícil concluir que la reforma se oriente en dicho sentido.

Uno de los pilares de una estrategia de desarrollo inclusivo es la existencia de mercados competitivos. En palabras de Porter, esto genera rivalidad, lo que a su vez desarrolla incentivos hacia la innovación e incrementos en la productividad.

No obstante, la evidencia de la economía chilena no solo muestra una elevada concentración, sino también un fenómeno que se ha visto acentuado en los últimos 12 años. En efecto, las ventas de las 12.000 mayores empresas del país (1,5% del total) se han encumbrado desde un 80% en 1990 a un 85% en 2014; este fenómeno, sin embargo, muestra dos etapas, ya que hasta antes de la crisis asiática dicha participación se mantuvo estable, lo que deja en evidencia un proceso de concentración posterior, posiblemente asociado con los nocivos efectos que tuvo sobre la pyme la política de brusca alza de tasas del Banco Central en dicha crisis.

En cuanto a participación en el empleo, según los datos del SII, a 2013 las pequeñas empresas generan el 20% de los empleos con contrato de trabajo existentes en el país, las medianas el 17%, las grandes el 27% y la mega empresa el 24%. Mientras las pequeñas empresas emplean en promedio entre cinco y 20 trabajadores, las medianas empresas dan empleos que van de los 40 a los 73 trabajadores en promedio, las grandes empresas dan empleos que van desde los 123 trabajadores a los 436 trabajadores, y la megaempresa da empleos que en promedio abarcan a 1.110 trabajadores.

El valor de los salarios en las pequeñas empresas oscila entre el 11% y el 14% de sus ventas, en las medianas el promedio es el 14%, en las grandes empresas es el 11% y en las megaempresas el 5% de las ventas.

Poca duda cabe entonces que es en las empresas de mayor tamaño donde existe un potencial redistributivo que las nuevas leyes laborales intentan potenciar re-equilibrando la relación capital-trabajo en favor de este último factor.

Más allá de que el proyecto específico se pueda perfeccionar, este es el sentido último de una reforma laboral moderna.

Sin embargo, aplicar los mismos criterios de fortalecimiento laboral en empresas de entre ocho y 25 trabajadores con escaso poder redistributivo, tendrá un solo resultado: presiones salariales al alza que harán inviables a muchísimas pequeñas empresas, las que serán impulsadas a la informalidad. Un segundo efecto derivado de esto será un incremento de la concentración económica, la que ya hoy atenta contra el adecuado funcionamiento de los mercados.

Dado esto, ¿resulta sensato aplicar la misma Reforma Laboral a las empresas que poseen capacidad redistributiva que a aquellas que no la tienen?

Si los salarios de las pymes son bajos no es por la ausencia de sindicatos. La inexistencia de estos no ha impedido que ellas aumenten al tope las remuneraciones de sus trabajadores: no cabe mucha duda que si no lo hacen más (siendo en todas las áreas tomadoras de precios desde las grandes empresas), es debido a la baja productividad de esas empresas y a la asfixia a que están sometidas en varios mercados por las estructuras oligopólicas en las cuales operan.

¿Es entonces redistributiva una reforma que aumentará la concentración económica? ¿Se justifica una reforma aplicable por igual a las empresas de cualquier tamaño, a sabiendas que no es en las pequeñas donde más se requiere “re-articular las relaciones laborales”? ¿Es necesario para la equidad que sindicatos con menos de 25 trabajadores que se crearían, por ejemplo en la pequeña minería, posean igual poder negociador que los de Codelco o Escondida, aun cuando el empresario pyme no posea ni la sombra del poder negociador de la gran minería?

De mantenerse, este contrasentido solo serviría para seguir alimentando una percepción de la población en contra de las reformas. Lo sensato a estas alturas es volver al piso de 25 trabajadores para constituir un sindicato (que existía en 1973), para que las empresas pyme no se vean afectadas por la reforma y generar para ellas un marco ad hoc que regule las relaciones laborales.

No es razonable argumentar que los derechos deberían ser iguales para todos los trabajadores, el punto a discutir solo debería ser: ¿cuál es el piso más razonable para el país en materia de aplicación de la Reforma Laboral, de manera de no afectar el ya frágil espacio de la pyme?

*Los autores son economistas.