Un tratamiento "rápido, pero también profundo" del proyecto de ley que moderniza la regulación bancaria pidió hoy el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, al presentar, junto al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Eric Parrado, la iniciativa en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

El jefe de las finanzas públicas abordó los riesgos inherentes a la actividad bancaria y la necesidad de contar con una regulación que asegure pisos de capital adecuados, un monitoreo eficiente y una regulación efectiva.

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En cuanto a los requerimientos de capital que impone el proyecto, detalló que los cálculos difieren dependiendo de cuál será el capital requerido dado los ponderadores de riesgo, que serán determinados por el Banco Central con la CMF, la existencia de bancos sistémicos y de colchones adicionales de capital. Sostuvo que, considerando la situación a abril de este año, los ponderadores internacionales que se usan en Basilea habitualmente y descartando deducciones que hay que hacer al capital (como impuestos diferidos), el capital básico adicional que se necesita llega a US$ 2.700 millones, de los cuales US$ 825 millones son necesarios para BancoEstado, cifra que en el Informe Financiero es mayor porque usa ponderadores más exigentes.

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Valdés precisó que, del monto total, "en torno a US$ 2 mil millones pueden ser enterados con estos bonos Tier 2, bonos que son perpetuos o convertibles en acciones…por lo tanto, capital de verdad nuevo puede ser bastante menos", precisó. Añadió que, además, se establece una transición bastante larga, hasta el año 2024, para enterar ese capital adicional. "El proyecto de ley no propone un número de años de transición a partir de la publicación, como habitualmente hacemos con todas las leyes; da una fecha precisa porque queremos que los bancos empiecen desde ya, aunque los depuráramos acá, a construir este capital que necesitan", explicó.

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La autoridad detalló el procedimiento y herramientas actuales para enfrentar las situaciones de bancos en problemas y cómo la propuesta presentada dota al regulador de opciones de intervención más eficientes y oportunas, que se gatillan ante indicios de problemas de solvencia e incumplimientos. "Estamos tratando de cautelar que los depositantes se paguen y que no haya costos mayores para el Fisco", dijo. Precisó que se busca una intervención temprana "cuando la situación aún se puede enderezar", que implique que el banco presenta un plan de regularización temprana a la autoridad y trabaja para cumplirlo bajo estrecho monitoreo del regulador.

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En cuanto a la garantía a los depósitos, el secretario de Estado dijo que en la iniciativa se actualiza ya que la fórmula vigente hoy, de 108 UF, se refería a un porcentaje del PIB per que hoy es mucho mayor y llega a 400 UF máximo por depositante.  "Poca gente tiene depósitos de más de 400 UF en el total y, por lo tanto, desde el punto de vista de cautelar la seguridad de pequeños depositantes, puede ser perfectamente suficiente", comentó.

El ministro agregó que, entre otras materias, se mantiene el aporte obligatorio de los bancos al financiamiento del regulador y se garantiza el traspaso de los funcionarios de la SBIF (manteniendo sus condiciones laborales actuales) a la nueva Comisión para el Mercado Financiero, organismo colegiado que asumirá la supervisión del mercado de valores, seguros y de la industria bancaria.