Ciudades sin cables aéreos y en las que todo el tendido de los servicios públicos, ya sean de empresas de telecomunicaciones o eléctricos, vaya bajo tierra.

Eso es lo que persigue un proyecto de ley que fue aprobado por la Comisión de Vivienda del Senado, y que pasó a la sala del Senado para su cuenta y votación. Éste plantea que en las ciudades de más de cincuenta mil habitantes se soterren las redes, e incluso las líneas de transmisión, y que las obras sean costeadas por las propias compañías.

Además, la norma -ingresada por moción del senador PS Juan Pablo Letelier- plantea que las empresas concreten esta obligación en sólo dos años a contar de la entrada en vigencia de la ley.

El rápido avance de la iniciativa, una vez que se retomó la actividad legislativa en marzo, encendió las alarmas en dos industrias: la eléctrica y la de telecomunicaciones.

En el caso de las distribuidoras de luz, el sector se manifestó abierto a colaborar y a buscar una solución, pero no en los duros términos considerados en la propuesta legal.

"Nosotros concordamos en que se tiene que establecer un ordenamiento de los cables que están en los postes, planteando a su vez que gran parte de los problemas tienen que ver con industrias que no son eléctricas, estando, por ejemplo la industria de telecomunicaciones. Creemos que hay que establecer criterios", explicó a PULSO el secretario ejecutivo de Empresas Eléctricas, que agrupa a distribuidoras y transmisoras, Rodrigo Castillo.

No obstante, el directivo aclara que durante la tramitación de la norma han planteado que esta medida tendría enormes costos, pues soterrar los cables tiene una diferencia de entre ocho a diez veces la de un tendido eléctrico. Y ni hablar de las líneas de transmisión.

Según sus cálculos, presentados a la comisión, el proyecto completo tendría un costo de US$30 mil millones, lo que lo hace impracticable. Otra discrepancia es el plazo. Si, por ejemplo, Chilectra se viera en la obligación de soterrar todos los cables de Santiago, sería inimaginable que pudiera concretar esta tarea en sólo dos años. No al menos, sin provocar un caos vial equiparable a lo ocurrido con la construcción de las autopistas urbanas durante la década pasada.

En caso de promulgarse la ley, las eléctricas que no cumplan serán multadas. La eventual ley propone que las empresas que dentro del plazo señalado no trasladen sus líneas de transporte y distribución de energía eléctrica estarán obligadas a un pago anual de una multa que irá de 1.000 a 5.000 UTM (entre US$80.000 y US$400.000) que será fijada por la autoridad respectiva de conformidad con el reglamento que se dictará para tal efecto, destinándose los montos a las arcas municipales.

SUBIRÍAN LAS CUENTAS Otro de los problemas, aclara una fuente del sector, es que esto gatillaría un enorme alza en las cuentas residenciales, pues todas las inversiones que realizan las eléctricas en mejoras de infraestructura, de acuerdo con el ordenamiento legal, pueden ser traspasadas a sus clientes.

¿Qué postura tiene el gobierno? Apoya esta normativa, aunque propone algunas modificaciones.
En la tramitación, la Dirección General de Obras Públicas planteó dos cambios: delimitar la obligación a los centros cívicos y zonas urbanas y prescribir la obligación sólo a obras nuevas. También se planteó calificar como "escombros" los cables en desuso, para obligar a las empresas a retirarlos.

La autoridad planteó que hay que evitar que se produzcan monopolios, como ocurre en condominios donde quien construye los ductos subterráneos no permite la entrada a sus competidores.

CIFRAS DEL PROBLEMA

8 a 10
las veces que costaría, en relación con el tendido aéreo, el soterrar los cables eléctricos. En el sector dicen que esto lo hace inviable.

2
los años en los que las eléctricas tendrían que acogerse a la normativa y soterrar los cables. De no hacerlo se expondrían a severas multas.

60%
de los costos de urbanización de barrios nuevos están dados por el soterramiento de cables.

US$400
mil sería la multa máxima planteada en el proyecto de ley para las eléctricas que no cumplan con la obligación.

50
mil habitantes sería el mínimo que tendrían que tener las ciudades para hacer exigible esta obligación legal. Existen muchas dudas de la arbitrariedad.

30
mil millones de dólares sería el costo de la iniciativa, de acuerdo con estimaciones de Empresas Eléctricas.

EL PROYECTO DE LEY

Al imponer esta obligación a las empresas que generan utilidades ocupando calles y plazas con la instalación de postes y extensiones de cables, se está instaurando un sistema equitativo para todo tipo de compañías y respecto de cualquier habitante del país, en el sentido de prescribir ciertas obligaciones para aquellos que utilicen bienes ajenos para el desarrollo de una actividad, como el transporte de energía eléctrica.

El objetivo primordial de este proyecto consiste en que, en la ciudades de más de 50.000 habitantes, las empresas que tienen sistemas de postes y redes de cable, deban trasladar dichos sistemas a espacios subterráneos dentro de un plazo de dos años a contar de la fecha de publicación de la ley.

No obstante lo anterior, las empresas que, en las ciudades señaladas no trasladen sus sistemas de postes y redes de cables serán sancionadas por la utilización permanente de bienes nacionales de uso público, estableciendo criterios que regularán tal situación y señalando expresamente que los fondos recaudados en razón de las obligaciones materia de este proyecto irán directamente a arcas municipales.  Los criterios que se utilizarán en la aplicación de esta normativa, se regularán a través de un reglamento que se dictará con posterioridad.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, las empresas que tengan líneas de transporte y distribución de energía eléctrica que atraviesen bienes nacionales de uso público, deberán trasladar dichas líneas a espacios subterráneos en un plazo de 2 años a contar de la fecha de publicación de la presente ley. Las empresas que dentro del plazo señalado no trasladen sus líneas de transporte y distribución de energía eléctrica, estarán obligadas al pago anual de una multa  que irá de 1.000 UTM a 5.000 UTM, la que fijará la autoridad respectiva de conformidad con el reglamento que se dictará para tal efecto, destinándose los montos recaudados a las arcas de la municipalidad correspondiente.

La constante instalación de postes y extensiones de sistemas de cables afecta considerablemente la calidad de vida de los habitantes de los grandes centros urbanos, debido a la incomodidad que genera la falta de mantenimiento y al peligro que representan para las personas. Es necesario disponer un mecanismo efectivo para que todas las empresas que utilizan sistemas de postes y redes de cables, dentro de un plazo razonable y a su propio costo, trasladen toda la infraestructura eléctrica a espacios subterráneos, con el objeto de evitar los inconvenientes relatados precedentemente. Además, propone establecer una sanción para las empresas que no cumplan con dicho cometido.

De esta forma, se pretende sancionar directa o indirectamente a las empresas que utilizan a bienes nacionales de uso público sin cancelar costo alguno, y además, despejar los bienes nacionales de uso público de los sistemas de postes y redes de cables, por ende disminuir los riesgos que de ello se derivan y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudades con más de 50.000 habitantes.