Estamos ad portas de completar seis meses de la llegada de José Antonio Kast a La Moneda. ¿Cómo evalúa en términos económicos y políticos la instalación de este gobierno?

-En términos generales, se ve consistencia entre lo que se planteó en campaña, con lo que se hizo y con lo que el país requiere. Eso es algo positivo. Los primeros cuatro o cinco meses han estado muy condicionados por el proyecto de Reconstrucción, donde se mostró una convicción, una fuerza y una capacidad de salir adelante que muchos cuestionaban. Es una reforma que es muy ambiciosa y apunta a varios de los problemas que enfrenta el país. Sabemos que no soluciona todos los problemas y tampoco va a ser como una varita mágica que cambie el rumbo del país de un día para otro, pero sí permite construir las bases para que el país salga adelante.

¿Le sorprendió la rapidez con que se aprobó esta megarreforma?

-Este tema estaba planteado con fuerza y con trabajo desde antes de marzo. Buena parte de la reforma ya estaba delineada incluso antes de la primera vuelta. Entonces, esa consistencia y el trabajo ayudó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a salir adelante en el Congreso con el apoyo del gobierno en su conjunto.

Pero los temas de seguridad también venían aparentemente delineados desde antes y el resultado en los primeros meses no fue el que se esperaba, lo que obligó al gobierno a cambiar la ministra a cargo…

-Ahí es difícil calibrar cuán delineada estaba la hoja de ruta, con qué tanto detalle, y si las personas a cargo del tema eran las idóneas para empujar eso, porque se te mezcla todo un poco. Pero, sin duda, Martín Arrau (ministro de Seguridad Pública) está con otra fuerza y eso es lo que espero que manifieste en este segundo semestre.

De todas formas, yo espero que la agenda no sea absorbida solo por lo que es el tema seguridad. Espero también que la reforma de Reconstrucción sea un punto de partida de más reformas profundas y que no sea sólo el punto de llegada. No debe entenderse que con esto ya aprobado (la megarreforma) ya es suficiente. Hay muchas otras cosas adicionales que hay que hacer junto con la aprobación del proyecto de Reconstrucción.

Hay temas como, por ejemplo, la implementación de la Ley de permisos sectoriales. Ahí el principal desafío es cómo lograr que los avances no se puedan deshacer fácilmente con otro gobierno, independiente que haya cambio de signo político. Hay que cautelar que, una vez que pase el entusiasmo inicial de la reforma, no empecemos a quedarnos dormidos en los laureles y vuelva la burocracia.

También hay que pasar a una siguiente etapa e ir revisando qué trámites se pueden evitar o qué trámites se pueden eliminar; no sólo apurar la burocracia, sino también reducirla. Adicionalmente, es bueno empezar a construir indicadores de gestión -en seremías, por ejemplo- que permiten mantener el tema en el tapete.

¿Es decir, revisar la operativa de otras regulaciones que podrían estar entrampando?

-Una revisión de regulaciones que se han ido construyendo con el tiempo, de regulación sobre regulación. Hoy habría que revisarlas una vez más a la luz de cuáles son los puntos donde se atascan las cosas. En parte también es lo que debería estar haciendo con la implementación de la Ley de permisos sectoriales; ahí podrían surgir espacios para evaluar la necesidad de (quitar) algunas regulaciones.

Hay otros temas que no fueron abordados por la Ley de Reconstrucción ni de permisos sectoriales, como, por ejemplo, la Ley Lafkenche, que ya tiene nueve años de implementación y ya hay experiencia acumulada. Tampoco ha sido abordada la Ley del Consejo de Monumentos Nacionales. Hay otra reforma (necesaria) al sistema educativo: hoy tenemos un talón de Aquiles para futuras generaciones de cómo mejorar la calidad de la educación, de manera que se equipare la cancha.

¿Incluye reformas al mercado laboral tal como lo está haciendo el gobierno?

-El gobierno está avanzando en adecuar algunas leyes que se han aprobado en el pasado a la luz de cómo han funcionado, como las 40 horas, la Ley Karin y otras más.

Pero en el tema laboral hay algo así como un “elefante en la sala” del que nadie quiere hablar. Hoy hay distintas señales de que la creación de empleo no se genera a la misma velocidad que se generaba antes con el crecimiento económico. Es evidente que hoy muchas funciones no las está haciendo una persona, las están haciendo máquinas, computadores, la Inteligencia Artificial. Hay un cambio más estructural en cómo el crecimiento y la economía se traduce en empleo. Una economía que no genera empleo es una economía que no llega a todos los sectores de la sociedad.

Hay otra cosa que hay que ir modificando y tiene que ser a nivel legal: no podemos tener cambios de gobierno cada cuatro años con una Dirección del Trabajo que, vía oficios o vía circulares, pueda cambiar interpretaciones, y donde el empleador se encuentre con rigideces que no anticipaba. Las leyes tienen que ser más claras para que den menos espacios de interpretación a un ente fiscalizador y a un ente regulador como la Dirección del Trabajo.

En resumen, el gobierno no debe perder ni un día en su afán de ir a nuevas reformas. Ha habido sucesivas reformas en distintos ámbitos que nos han llevado a la situación de estancamiento y, por lo cual, tampoco va a ser una sola reforma la que nos va a sacar adelante. Cuando me preguntan si la megarreforma desatará todos los espíritus animales, yo les digo que ésta ayuda, pero no es lo único.

¿Todo lo que está haciendo y hará el ministro Jorge Quiroz en materia de reformas es parte de una batalla cultural, como él mismo lo ha reconocido?

-En esa discusión sobre la batalla cultural prefiero marginarme, porque no es que Jorge Quiroz esté liderando una batalla cultural y esté peleando contra molinos de viento, sino más bien el gobierno se está haciendo cargo del cambio cultural que ha vivido Chile en los últimos 10 años. Al país y a las personas les está pasando la cuenta 10 años de estancamiento. Le está pasando la cuenta un Estado que cada año tiene más recursos para gastar, más recursos que en cualquier momento de la historia del Chile y con el mayor número de funcionarios … y, así y todo, está la percepción de la gente de que los servicios siguen siendo deficientes. La creación de empleo tampoco no se ha recuperado desde 2018.

¿Hay hoy una reivindicación del crecimiento económico como aspecto clave para el desarrollo?

-De todas maneras. En el momento en que la ciudadanía o distintos sectores se dieron cuenta de que el crecimiento no era algo garantizado y que había que intentarlo a través de las políticas públicas, antes era como dado. En 2008, 2006, probablemente nadie pensó que en 15 años más íbamos a estar con una economía estancada e íbamos a estar hablando de si estamos o no en una recesión técnica.

Esta reivindicación de la que me habla parece estar calando en otros países de la región. ¿Le sorprende el giro a la derecha de otras naciones de América Latina como Perú o Colombia?

-Es que hay una respuesta lógica a partir del fracaso de los gobiernos de corte de izquierda de esos países. Es como en los años ‘90 cuando se desarma la Unión Soviética y cae el Muro de Berlín (1989). En ese entonces, hubo muchos de los países que empezaron a implementar reformas pro libertad económica y de menos Estado; esa fue la respuesta a un modelo fracasado que no dio los frutos que se esperaba.

Recesión y recortes

¿Cómo se puede entender a ojos de sus propios votantes, quienes optaron por Kast por la posibilidad de una mejora económica, entre otras cosas, que haya habido una recesión en el primer semestre y el crecimiento sea del 1% este año?

-Una cosa es lo que uno quisiera y deseara, que de un día para otro la economía pudiera volver a enrielarse, pero acá hay que entender que la economía se mueve como un transatlántico; moverla no es de un día para otro. Lo que sí queda claro es que no basta un cambio en el ciclo político solamente para reactivar una economía porque, junto a un proyecto político cercano a la idea de la importancia del crecimiento económico debe haber reformas específicas y que duren en el tiempo.

El resultado del primer semestre de este año es también lo que se viene cosechando desde hace años atrás, especialmente cuando se necesitan hacer cambios más de base, más estructurales. Puedo entender que para la población sea más decepcionante que no se arreglen todos los problemas de un día para otro, cosa que uno sabe que en los países y las economías no funcionan así. La idea es que en el mediano plazo la perspectiva de crecimiento del país vaya mejorando, pero esto tampoco va a ser de acá a fin de año, ni necesariamente el próximo año; va a ir de menos a más.

Del agresivo recorte de US$6 mil millones anunciado por el gobierno en la campaña, hoy solo se sabe que se ha podido hacer menos de US$2 mil millones y cuya composición es difícil de calibrar. El Presupuesto 2027, además, no será restrictivo en extremo. ¿Es viable seguir pensando en que hay que recortar US$6 mil millones en 18 meses teniendo en cuenta, además, el efecto negativo que podría tener en la recuperación de la economía?

-El efecto que tenga en la economía, en la ciudadanía y en el funcionamiento del Estado va a depender mucho de qué se corta y dónde se corta. No siempre gastar más significa que eso se traduzca en mejores prestaciones. Así como vi un ministro de Hacienda muy convencido en sacar su Ley de Reconstrucción en un plazo acotado de cuatro meses, lo veo igual de convencido y con la misma fuerza en cumplir la regla fiscal que se autoimpuso. Y de las cosas que hoy se requiere reconstruir es también la credibilidad fiscal. Entiendo que Hacienda y el gobierno en su conjunto se las van a jugar para que eso vuelva a ser creíble después del deterioro de credibilidad que hemos tenido en los últimos cuatro años.

¿Cuál es la viabilidad política de la futura reforma al Estatuto Administrativo que regula el empleo público?

-Un gobierno no tiene que moverse solamente considerando la viabilidad política. Cuando una persona decide ser Presidente de la República es también para dar las peleas difíciles y no solamente avanzar en las agendas más fáciles. Esta es una de las agendas difíciles, es una pelea que hay que darla y valoro que se haga en el primer año de gobierno.

En este momento hay harto consenso transversal y, por lo que también hemos visto en discusiones pasadas, la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales) también entiende que hoy la ciudadanía pide ciertos cambios, por lo cual esperaría que la ANEF sea parte de esas conversaciones.

Pero también quiero mencionar otro tema. Es importante revisar los supuestos en base a los cuales se hicieron las distintas estimaciones y proyecciones de la sostenibilidad de la reforma de pensiones aprobada el año 2025. Esto en función de lo que se ha visto en materia de la creación de empleo en la economía, el empleo formal, y a partir del uso que se ha hecho del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) y las reformas más estructurales que hay que hacerle a ese seguro para efectos de que la prima no suba por sobre lo que hoy día está planteada en la reforma, que es el 1,5%. Sabemos desde hace un tiempo que la tasa de uso de ese seguro ha ido en aumento y que hay dudas razonables de si ese aumento en la tasa se debe a que los incentivos están mal puestos o que se está usando el seguro en una forma más allá de lo que debiera aplicarse.