Andes Iron, la minera de propiedad del empresario Carlos Alberto Délano, vuelve a lanzar una arremetida judicial para avanzar con su megaproyecto minero-portuario en La Higuera, región de Coquimbo.

La mañana de este martes, el gerente general de la sociedad minera Pedro Ducci ingresó al Tribunal Constitucional (TC) un escrito en el que develó que contrató los servicios jurídicos del abogado Jorge Correa Sutil, experto constitucionalista y exsubsecretario del Interior durante el gobierno de Ricardo Lagos. Además, entre 2006 y 2009 se desempeñó como ministro del TC y ha defendido a jueces de la Corte Suprema, como Sergio Muñoz y Manuel Valderrama.

El proyecto minero-portuario Dominga es abordado en el TC debido a una contienda de competencias entre el Gobierno y el Primer Tribunal Ambiental. El conflicto surgió cuando este tribunal ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre el proyecto, tras anular el rechazo previo del Comité de Ministros. El Ejecutivo argumenta que esta instrucción excede las atribuciones del tribunal, ya que, según la ley, las decisiones finales en materia ambiental corresponden exclusivamente al Comité de Ministros. Por ello, el Gobierno presentó un requerimiento ante el TC para que dirima esta disputa y suspenda temporalmente los procesos judiciales en curso relacionados con Dominga.

Dominga es una iniciativa minera y portuaria que contempla una inversión estimada en más de US$ 2.500 millones. El proyecto busca explotar hierro y cobre en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, e incluye la construcción de una mina a rajo abierto y un puerto para exportación. Desde su ingreso al sistema de evaluación ambiental en 2013, ha estado envuelto en una intensa controversia que combina aspectos medioambientales, judiciales y políticos. Sus detractores —incluyendo organizaciones científicas y ambientales— han advertido del riesgo que implicaría para el ecosistema costero y el Archipiélago de Humboldt, una de las zonas de mayor biodiversidad marina del país. Por su parte, los promotores del proyecto destacan su potencial para dinamizar la economía local y generar más de 10 mil empleos directos e indirectos.

Ofensiva

En su escrito, Andes Iron solicitó formalmente que se convoque una audiencia pública para abordar esta causa, alegando que existen diversos terceros con interés directo en el procedimiento, dada su participación tanto en la evaluación ambiental como en los reclamos ante el Primer Tribunal Ambiental. A juicio de la minera, lo que resuelva el TC podría afectar profundamente el destino del proyecto, ya que, si se declara que el tribunal ambiental actuó fuera de sus competencias, Dominga tendría que repetir etapas ya agotadas de su tramitación, lo que implicaría nuevas demoras o incluso la frustración definitiva de la inversión. En cambio, si se valida el actuar del tribunal, el proyecto podría continuar su curso, considerando que ya cuenta con una sentencia favorable.

Andes Iron también invocó antecedentes de causas anteriores, donde terceros interesados fueron autorizados a exponer ante el TC, como ocurrió con la Universidad de Chile en un caso electoral y con un particular en un conflicto con el Registro Civil. En este contexto, solicitó que se le permita intervenir en la audiencia, insistiendo en que la definición sobre la competencia del tribunal ambiental tendrá un impacto decisivo en el futuro del proyecto Dominga y, por extensión, en el clima de inversión en el país.