Fue una disputa reservada de casi tres años, al amparo del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), pero cuya historia tiene su origen hace más de una década, cuando AES Gener -ahora AES Andes- diseñó un megaproyecto hidroeléctrico en la comuna de San José de Maipo y el brazo minero del grupo Luksic, Antofagasta Minerals, decidió sumarse para garantizar un abastecimiento eléctrico estable y barato.

Fueron socios, luego deshicieron la alianza y quedaron solo en una relación de cliente y proveedor, en el intertanto Alto Maipo se acogió a la ley de quiebras de Estados Unidos y, acto seguido, el grupo Luksic intentó terminar anticipadamente un contrato de suministro que lo ligaba hasta 2040 con la eléctrica. Esa disputa dio origen a un arbitraje, activado por Alto Maipo en junio de 2022, pero que acaba de terminar: en un fallo dividido, un tribunal arbitral compuesto por insignes profesionales le dio la razón a Alto Maipo.

Cada uno de los hitos de ese megaproyecto fue, en su momento, reservado. Pero todo el caso se describe con detalles en la sentencia arbitral, que ya fue apelada por Minera Los Pelambres, la minera de los Luksic, que pide la nulidad del dictamen del tribunal colegiado.

La historia del proyecto

Alto Maipo SpA activó el juicio arbitral en junio de 2022, al acudir al Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Un mes después se constituyó el tribunal arbitral que dirimiría el conflicto, con tres abogados de larga trayectoria: Enrique Barros Bourie, Víctor Vial del Río y Manuel José Vial Vial, quien asumió como presidente.

Asesorada por los abogado Pedro Pablo Gutiérrez y Juan Francisco Asenjo, Alto Maipo presentó una demanda contra Minera Los Pelambres el 1 de diciembre de ese año. El mismo día, la compañía minera, filial de Antofagasta Minerals (Grupo Luksic), representada por Andrés Jana y Rodrigo Gil, presentó su propia demanda. Las dos presentaciones parten por reconstruir la historia del proyecto, según reconstruye la sentencia.

Alto Maipo se constituyó en 2011 para realizar un megaproyecto hidroeléctrico a 50 kilómetros al sureste de Santiago, con una capacidad instalada de 531 MW. La inversión inicial ascendía a US$ 2.050 millones.

Dos años después, el controlador, AES Gener, que la controlaba vía Norgener, sumó un nuevo socio: Antofagasta Minerals, Amsa, la minera del grupo Luksic, interesada en asegurarse abastecimiento eléctrico para sus operaciones mineras, a buen precio. Quedó con un 40% y aportó US$ 375 millones. Para viabilizar el complejo, y convencer a los grandes financistas, era escencial era tener contratos de largo plazo: Antofagasta firmó un contrato de largo plazo ese mismo 2013. En 2014, Amsa traspasó los acuerdos a su filial Minera Los Pelambres, que opera un yacimiento en la Región de Coquimbo.

La construcción del proyecto partió ese año y el cronograma inicial apuntaba a su entrada en operaciones en 2018. Pero un año antes, comenzó a registrar problemas con el avance y los precios de la energía cayeron, dejando el precio pactado con Amsa fuera de mercado.

Así, las partes renegociaron sus acuerdos. “Hemos decidido el traspaso y venta del 40% de la propiedad que Minera Los Pelambres mantenía en la sociedad Alto Maipo”, anunció la minera en un comunicado en enero de 2017, sin entrar en detalles. El litigio actual entregó esos detalles: Los Pelambres aporto US$ 12 millones y se hizo un aumento de capital por un monto equilavente a los créditos subordinados de su parte, por US$ 233 millones. Los Pelambres vendió su 40% en un precio simbólico: US$ 10 mil.

Los Pelambres renovó entonces el contrato, amplió el plazo hasta junio de 2040 y se eliminó la cláusula de término anticipado por retrasos en la construcción, algo solicitado por los acreedores. A cambio, el precio por MWh bajó desde los iniciales US$ 95 a uno más conveniente de US$ 78, relató la defensa legal de Alto Maipo.

Alto Maipo siguió reportando retrasos: la operación comercial recién se inició, con todas sus unidades, en abril de 2022. Y los costos del proyecto saltaron a US$ 3.500 millones.

La eléctrica recurrió en 2021 a tribunales en Delaware para reorganizar sus deterioradas finanzas y salió de ese proceso en 2022. Los Pelambres, entonces, pidió el término del contrato, alegando el uso de una cláusula de salida: un “evento de insolvencia”.

Los flujos de ese contrato representaban el 46% de los ingresos de Alto Maipo, dijo la eléctrica, y su futuro dependía en parte de los pagos de Los Pelambres. El 31 de mayo de 2022, Minera Los Pelambres envió una carta a Alto Maipo, con copia a los financistas, comunicando su intención de poner fin al contrato. En junio notificó formalmente la decisión. Y se activó entonces el arbitraje.

El conflicto

La petición de Alto Maipo a los árbitros se resume en un punto: declarar válido y vigente el contrato de venta de energía con Los Pelambres hasta 2040.

Los Pelambres demandó lo contrario y sostuvo que al haber recurrido al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, Alto Maipo caía en un evento de insolvencia que anulaba el acuerdo. Por ello pidió al tribunal que declarara que Alto Maipo incumplió el contrato; que incurrió en un incumpliento de insolvencia y que no ejecutó el contrato de buena fe. Además, presentó una demanda de indemnización de perjuicios de US$ 236 millones.

La causa duró más de dos años y en ella intervinieron insignes economistas de la plaza. Por ejemplo, participaron con informes económicos y hasta declararon en el tribunala arbitral Roberto Zahler, Gonzalo Sanhueza, Sebastián Cerda y Raphael Bergoeing.

Los Pelambres lanzó duras acusaciones en el juicio: denunció que Alto Maipo constituyó una sociedad de papel en solo 24 horas para construir su jurisdicción en Delaware, Estados Unidos, a escondidas, sin avisar al mercado, para eludir la aplicación de la cláusula contractual que permitía el término del contrato. Y que su reorganización debió realizarse en Chile.

También los abogados pusieron en duda que Alto Maipo tuviese como dueño a AES Andes, compañía que desconsolidó de sus balances a la electrica y reconoció una pérdida mayor a US$ 1.000 millones por el proyecto.

“En los hechos, Alto Maipo ya no sería controlado por AES Andes, por cuanto habrían ingresado nuevos financistas al Proyecto, tales como Cerberus South American Investments LLC, por un crédito de USD $158.512.457″, relata la sentencia, aludiendo a los argumentos de Los Pelambres, que dijo desconocer quienes estaban detrás del proyecto y que agregó que sus propietarios serían “fondos buitres”.

Alto Maipo acusó a su contraparte de intentar desentenderse de su palabra empeñada, terminar antes de tiempo el contrato y buscar otro alternativo, con precios más bajo, buscando un ahorro de hasta US$ 595 millones, escribieron sus abogados.

El 4 de noviembre de 2025, el tribunal arbitral dio la razón a Alto Maipo, con el voto de mayoría de los árbitros Enrique BArros y Manuel José Vial. Víctor Vial del Rio falló a favor de Los Pelambres.

El tribunal concluyó que “no es cierto que Alto Maipo hubiese estado obligada a reorganizarse en Chile. No existe obligación contractual o legal en tal sentido”. “El Capítulo 11 no privó a Minera Los Pelambres de ningún derecho en los términos que ella alega (...). El contrato no ha sido desnaturalizado ni precarizado como alega Minera Los Pelambres”, dice el fallo., que determinó que “los supuestos incumplimientos -de existir- son susceptibles de subsanación y lo fueron dentro de plazo”.

El fallo también concluyó que “no existe antecedente concreto actual del cual pudiere desprenderse la ‘precarización’ o ‘desnaturalización’ del contrato de suministro que Minera Los Pelambres reclama respecto de Alto Maipo y sus actuaciones en el Capítulo 11. Ante todo, no es efectivo que el control de Alto Maipo tras la reorganización haya quedado bajo el control de hedge funds“, agregó. Alto Maipo envió al tribunal un certificado de accionistas demostrando que su accionista seguía siendo AEs Andes.

La magnitud del conflicto y el fallo adverso no dejó tranquila a la minera. El 11 de noviembre de 2025 Minera Los Pelabres interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de queja contra los árbitros Manuel José Vial y Enrique Barros, a quienes acusó de haber incurrido en faltas graves en el pronunciamiento del laudo.

Los abogados de los Pelambres insistieron en que la empresa “ejerció válidamente su derecho a la terminación, por lo que el contrato terminó el 17 de junio de 2022″.

En su recurso pidieron declarar que el contrato se encuentra actualmente terminado. “Si los árbitros recurridos hubieran valorado correctamente esta prueba determinante y reconocido la mala fe probada de Alto Maipo, la consecuencia jurídica inevitable era que Alto Maipo perdía el derecho de subsanación”, consignó el recurso de queja de Andrés Jana y Rodrigo Gil.

Y el pasado 11 de diciembre, los árbitros presentaron a la Corte sus descargos. En ellos negaron “faltas o abusos graves”, señalando que el recurso de Los Pelambres pretende reabrir un debate a estas alturas cerrado, por expreso acuerdo de las partes.

“El laudo de que trata el recurso -en su voto de mayoría- recoge adecuadamente lo debatido y lo resuelve con estricta sujeción al contrato y la ley. El voto de mayoría se hace cargo en detalle y de manera exhaustiva de todas las cuestiones planteadas y las resuelve de manera fundada. Así, el laudo en caso alguno es arbitrario o carente de razonamientos. Como se deja constancia en el cuerpo de este informe todas las decisiones fueron razonadas y fundadas”, acotó el escrito de los árbitros Enrique Barros y Manuel José Vial.

El segundo arbitraje

La batalla entre ambas empresas, sin embargo, no se libraba solo en ese tribunal arbitral. Poco después del primer arbitraje, comenzó un segundo. En ese litigio, Los Pelambres pide lo mismo: terminar el contrato, pero ahora por otra razón. Como la central Alto Maipo tuvo problemas y detuvo sus operaciones, la empresa debió comprar energía en el mercado para abastecer a Los Pelambres, lo que, según esta última, incumple el contrato.

Ese arbitraje se ventila ante un palen arbitral presidido por Jorge Correa Sutil e integrado por Alfredo Alcaíno y Mauricio Tapia. El fallo ya está en acuerdo y debería notificarse en los próximos meses.