El negocio de demandar a las isapres por los planes de salud se traba

Tras el sorpresivo fallo de la Suprema, que paralizó el alza de precios de los planes de salud, persistía la duda respecto de si las isapres tendrían que pagar costas por los recursos pendientes, pero esta semana el máximo tribunal zanjó que no habrá pago para los abogados que presentaron más de 300 mil recursos y que años antes ganaban cientos de millones de pesos por ese concepto. Ahora, dicha “industria” legal está a la espera de la nueva adecuación, e intensificando el foco en judicializar la tabla de factores.


Cientos de millones de pesos al año podían obtener en ingresos los abogados que presentaban miles de recursos de protección por el alza de los planes de salud que aplican las isapres, por medio del pago de las costas de los juicios que debían pagar esas propias instituciones privadas, pero ahora no tienen claro si ese negocio, que era muy lucrativo hasta antes de 2019, podrá continuar.

En 2020 y 2021 las aseguradoras congelaron los planes, frente a lo cual ganó terreno la judicialización por la tabla de factores, a la espera de que las isapres volvieran a subir sus valores.

Y este año finalmente llegó un nuevo incremento: todas las isapres subieron los planes de los afiliados en 7,6%. Pero hubo una importante diferencia con respecto a los procesos anteriores. Unos meses antes el Congreso había aprobado una ley que, según pensaron las isapres, venía a terminar con la judicialización. Algunos abogados que se dedicaban a demandar a las aseguradoras también lo creyeron así, por lo que se retiraron del negocio y derivaron a sus clientes. Otros decidieron seguir adelante, porque veían que igual tenían posibilidades de ganar. Y también hubo nuevos abogados que se incorporaron para probar suerte.

Eso, junto con la baja en el valor de las costas que se venía registrando desde hace algún tiempo, hizo que cambiara el mapa de los abogados que lideran los ingresos de recursos de protección contra isapres durante este año, donde en total van 407.228, de acuerdo con cifras de Altura Management. Esta cifra a agosto, es 230% más alta que todos los recursos ingresados durante 2021 (146.359) y sobrepasa (en 32.853 recursos) el récord de judicialización que se produjo en 2019, cuando se presentaron 374.375 a lo largo de todo el año.

Según un ranking que realizó la misma consultora, Erwin Moller es el abogado que encabeza el listado en lo que va de 2022, sumando 16.634 causas en total, donde la mayor parte de esos recursos serían por adecuación. Es primera vez que Moller aparece en el ranking, pues se tituló hace tan solo un año.

Si hubiese ingresado todos esos recursos con las costas que se pagaban hace un par de años, probablemente habría obtenido más de $ 1.000 millones, según la consultora. Pero el veredicto que dictó la Suprema el pasado 18 de agosto sorprendió a todos y cambió ese escenario.

La Tercera Sala del máximo tribunal acogió 12 recursos de protección presentados en contra de las alzas anuales de planes base de salud de las seis isapres abiertas que hay en el sistema, y ordenó detener el incremento de 7,6% aplicado por cada una de ellas. Lo sorpresivo del fallo es que esto rige no solo para esos 12 casos, sino que para la totalidad de los afiliados a las isapres.

Tras ello, la Suprema ordenó oficiar a todas las Cortes de Apelaciones que estaban conociendo este tipo de recursos “para que se agregue copia autorizada de esta sentencia”. La ministra vocera de la Suprema, Ángela Vivanco, explicó que con esto lo que se ha ordenado “es poner una copia de la sentencia correspondiente en cada uno de los procesos que están abiertos en esta materia, de tal manera que se puedan resolver inmediatamente de que ya hay una decisión, a fin de evitar la judicialización, el gasto y el desgaste que esto genera”.

De todas maneras, no estaba del todo claro que ocurriría con los más de 300 mil recursos que estaban ingresados en las distintas Cortes de Apelaciones del país. Incluso hubo isapres que encargaron informes en derecho para saberlo. ¿Seguiría adelante la tramitación de los recursos pendientes, o con esto todo se terminaba hasta que las isapres vuelvan a anunciar las nuevas alzas de planes? Y si seguía la tramitación, ¿se pagaría con o sin costas?

Y precisamente esta semana el máximo tribunal ya parece haber dado la señal definitiva. La Tercera Sala había fallado solo 12 recursos, pero otros varios miles estaban a la espera de ser resueltos por el máximo tribunal. El jueves, la Suprema decidió rechazar recursos de los afiliados, argumentando que ya había dejado sin efecto el alza. Ahí dice explícitamente que, además, esto es sin pago de costas. Los abogados que llevaron a la justicia las más de 300 mil causas por adecuación, este viernes se percataron que no recibirán ningún pago por esos recursos.

Se traba el negocio

Francisco Campos es el abogado que se ubica en el tercer lugar en mayor número de recursos ingresados contra las isapres este año. Presentó 12.086 en las distintas Cortes de Apelaciones del país, donde calcula que más de la mitad fueron por el proceso de adecuación.

Campos es abogado desde 2014 y desde ese mismo año empezó a ingresar recursos contra las isapres. Partió con unas 60 causas mensuales, pero ese número fue creciendo progresivamente. “Yo te diría que a contar de 2016, del proceso GES, que fue un proceso muy masivo, fue cuando hubo un aumento de la judicialización muy grande. No solo yo, sino de todos los abogados, de todo el sistema, que es el que vemos hasta hoy en día”, comenta.

En todos estos años, nunca le habían llegado tantos requerimientos al mismo tiempo para frenar el alza de planes. Por eso mismo, contrató a 10 personas entre marzo y mayo. Pero a diferencia de los procesos anteriores, ahora probablemente no conseguirá ganar dinero por dichos recursos de adecuación.

Según un estudio de Altura Management, en 2018 Sebastián Troya fue el abogado que obtuvo más ganancias por las costas: unos $ 500 millones por 5.422 recursos. Ese año, las costas promedio que pagaban las cortes estaban en $ 111 mil, ya que iban desde los $ 50 mil de las Cortes de Apelaciones de Santiago o Iquique, hasta las $ 340 mil que se pagaban en Concepción.

Por eso mismo, después de Santiago (87.313), Concepción (14.250) fue la ciudad que concentró el mayor número de recursos contra isapres en 2018. Pero en esta última estuvo el mayor monto desembolsado por las isapres, sumando $ 4.845 millones en costas, seguida por Santiago con $ 4.366 millones. En el total del país, fueron $ 16.261 millones.

En 2019, el entonces presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, comentó que “la cantidad de dinero que se ha gastado en materia de pago de costas es relevante, debe ser alrededor de US$ 150 millones pagados a un grupo de abogados que han lucrado de muy buena forma con estos recursos”.

Por su parte, un día antes del sorpresivo fallo de la Suprema, el 17 de agosto, el actual presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, advirtió a los senadores de la Comisión de Salud: “Nuestra gran preocupación es la judicialización. Y tenemos dos tipos de judicialización, la primera es por la adecuación de precios”.

Ahí proyectó que en costas judiciales la industria debería desembolsar unos $ 34 mil millones en 2022, ya que calculaba que en promedio eran unos $ 100 mil por recurso de protección. Segundo, por el hecho de no poder reajustar planes a todos quienes han demandado, estimaban pérdidas de ingresos de $ 14 mil millones para 2022. Todo eso iba a significar una merma total de $ 48 mil millones por el proceso de adecuación, adicional a las pérdidas por $ 222 mil millones que ya arrastraba la industria en 18 meses.

Hasta 2019, la adecuación de los planes de salud se hacía en momentos distintos para cada persona, dependiendo de la fecha en que cada uno contrató su plan. Pero desde dicho año eso cambió con la ley que aprobó en 2021 el Congreso: las isapres hicieron el ajuste de precios a todos por igual, en el mismo momento. Eso implicó que, por primera vez, los abogados vieron llegar al mismo tiempo una avalancha de requerimientos para frenar el alza. Muchos tuvieron que contratar más personas o frenar publicidad, porque no les alcanzaban las manos.

Mientras algunos abogados llegaron al negocio cuando estaba en auge, otros se incorporaron cuando ya venía a la baja. Ese es el caso de Arturo Valenzuela, que es el cuarto abogado en número de recursos contra isapres este año. El abogado, de 48 años, ha ingresado 11.811 causas en 2022. Es relativamente nuevo en este negocio. Trabajó durante dos décadas como funcionario público en distintas entidades: pasó por el Ejército, Cancillería, y su último trabajo fue en la Secretaria General de la Presidencia, en 2019.

En el segundo semestre de ese año se juntó con un socio, ingeniero comercial, y crearon el sitio web www.equipodefensa.com. “La verdad no tenía absolutamente ninguna experiencia tramitando ningún tipo de juicio”, detalla.

Partieron trabajando desde la casa, cada uno con su computador. En isapres, el foco inicial era el alza de planes, GES, y judicialización por hijo recién nacido. Hacia fines de 2021 incorporaron tabla de factores. Cuando vieron que el volumen de recursos superó los mil, se hizo insostenible y empezaron a contratar gente con dinero de su bolsillo.

Luego, Valenzuela cuenta que les empezó a llegar dinero de las primeras costas judiciales, y lo invirtieron en marketing digital. Arrendaron dos pisos de un edificio, contrataron más personas, y previendo que esta línea de las isapres no iba a ser rentable por siempre, abrieron otras áreas de negocio: deudas, familia, y laboral. Pero siempre isapres concentrando el mayor volumen de recursos. Sin embargo, las costas dejaron de llegar.

“Llegamos a ser 27 personas trabajando acá y ahora somos la mitad. Hemos tenido que reducir personal de una manera fuerte. En nuestros momentos de gloria, teníamos una comida al mes en el Hotel Four Points. Hacíamos un asado al final de año. Celebrábamos los cumpleaños. Todos los miércoles venía una masajista. Todos tienen teléfono smartphone en su casa, computadores con doble monitor. Todo lo que necesitaban, lo tenían. Y hoy en día la verdad es que los costos ya no nos dan”, reconoce Valenzuela.

Pero Moller fue quien se coronó como el abogado que este año ingresó más recursos contra las isapres. Tiene 28 años, estudió derecho en la Universidad de Chile, y hoy trabaja desde la Sexta Región, en la comuna de Las Cabras, ingresando recursos contra las isapres. “Jamás me vi trabajando en esto, me especialicé en derecho tributario”, explica. Como no encontró trabajo en su especialidad, decidió probar suerte con www.defensoriasalud.cl.

Cree que sus conocimientos en tecnología y el tipo de marketing que adoptaron, generó esta avalancha de casos que les llegaron. Tuvieron que parar las campañas, porque no daban abasto.

Llegaron a tener cerca de 16 personas trabajando allí, pero ahora son poco menos de 10. Entre abril y mayo les llegaron unos 40 vales vista por costas judiciales, por lo que se entusiasmaron y contrataron personal. Pero ese dinero duró hasta ahora. Moller dice: “Invertimos mucho y estamos recibiendo poco”.

Años antes, la realidad era distinta. “Hice un diplomado con un abogado, y él me dijo que cuando ganó su primer recurso de protección contra las isapres se compró su primera camioneta”, asegura el joven. Ahora, en cambio, señala, “estamos siendo los primeros a los que se les está cortando la cadena con las isapres”.

De momento los abogados están a la espera de las alzas que anunciarán las isapres en el nuevo proceso de adecuación que debe dictar la Superintendencia de Salud. Afirman que si las isapres no justifican bien los incrementos, volverán a la carga e ingresarán más recursos de protección.

Las isapres han dicho que aquí se ha formado una industria de abogados que solo se dedica a demandarlos. “Y ellos tienen una industria de la salud. ¿Cuál es el problema de tener una industria de algo?”, enfatiza Valenzuela.

Simón comentó hace un par de semanas a los senadores sobre la judicialización por tabla de factores, que “esta puede ser incluso más grave que la anterior”. Ahí explicó que este tipo de judicialización lleva poco tiempo, en 2021 sumó más casos, y cada vez crece más, donde calculan una pérdida de ingresos de $ 50 mil mensual por cada contrato, lo que genera una caída permanente de ingresos mes a mes. También estiman que por costas judiciales pagan unos $ 250 mil por contrato.

Según Altura Management, de enero de 2021 a agosto 2022 se han presentado 96.821 recursos de protección por tabla de factores, con un costo estimado anual de $ 82 mil millones para las isapres. Lo anterior por concepto de costas y reducción de la recaudación.

Y esta judicialización parece no acabar. Al menos Valenzuela, Moller y Campos aseguran que seguirán presentando recursos de este tipo, entre otros.

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