La economía se volvió foco de atención de los distintos análisis y encuestas. Es que nuevamente es un tema que saltó a ser una de las prioridades de los chilenos. A días que se presente el Presupuesto 2027, el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) realizó la encuesta “Chile Nos Habla”.

Entre los principales resultados que arrojó la encuesta es que la marcha del país refleja un escenario complejo: el 67,5% califica la situación económica general como mala o muy mala y sólo un 7,9% la considera como buena. Hace un año era un 18,1%.

Sobre la situación personas, un 42,4% la considera que es mala o muy mala. Hace un año ese porcentaje era de 42,1%.

Por otra parte, un 44,4% prevé que la economía estará peor en un año más, cifra que contrasta significativamente con el 13,7% registrado en 2025. Un 26,6% dice que se mantendrá igual y solo un 27,3% considera que será mejor.

En tanto, la inflación continúa impactando fuertemente el bienestar de las familias, afectando en alguna medida al 93,1% de los consultados.

Asimismo, el desempleo se posicionó en el primer lugar de las preocupaciones con un 70,2% de las menciones (registrando un alza de 19,3 puntos porcentuales respecto al año anterior), desplazando a la inseguridad al segundo puesto (69,2%, con una caída de 9,5 puntos). A esto se suma el alto costo de la vida (63,5%) y el estancamiento económico (53,2%) entre las mayores urgencias.

Y un 70,6% considera que las oportunidades laborales han empeorado en los últimos dos años, mientras que solo un 3,6% percibe mejoras.

Presupuesto

Al consultar sobre el principal objetivo que debería tener el Presupuesto 2027, la reactivación económica y el fomento del empleo y los salarios se imponen ampliamente con un 62,6% (un alza de 15,5 puntos frente a 2025), superando holgadamente a la crisis de seguridad pública (16,3%) y a la reducción de listas de espera en salud (9,0%).

En un escenario de restricción fiscal, las áreas que la ciudadanía revisaría en primer lugar para reasignar recursos son Defensa (37,5%), Deporte y Cultura (33,4%) y la cartera de Mujer (29,0%). Los recursos liberados deberían dirigirse prioritaria y mayoritariamente a Salud (64,2%), Seguridad (46,8%), Empleo y Pymes (41,8%) y Educación (40,2%).

En cuanto a si las personas creen el destino de los recursos públicos está dando respuesta a las necesidades de las personas, un 14,8% dijo que sí, por debajo del 18,9% del año pasado. Como contrapartida, un 80,6% considera que no. Esta cifra es mayor a la del año pasado que fue de 77%.

Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, señala que “el presupuesto 2027 debe ser el presupuesto del trabajo. La ciudadanía percibe fuerte el impacto social de la crisis laboral”.

No obstante, Weber afirma que “la tarea no es fácil: reducir 1 punto porcentual el desempleo equivale a crear 105 mil puestos de trabajo netos. Una parte de la recuperación será vía inversión (privada y pública), pero la otra parte del problema radica en los excesivos costos laborales que solo irán en aumento, los ajustes postpandemia en las empresas y la irrupción tecnológica”.

En relación a las herramientas fiscales para revertir el panorama laboral, la ciudadanía respalda con fuerza orientar el gasto público hacia medidas concretas de reactivación antes que a ayudas asistenciales.

Así, entre los principales resultados se muestra que un 83,5% de los encuestados considera que financiar sala cuna y jardines infantiles es una herramienta clave para facilitar el acceso de las mujeres al mercado del trabajo, mientras que un 80,4% sostiene que el Estado debe priorizar la inversión en infraestructura y vivienda por su rapidez para generar puestos de trabajo.

También existe un apoyo de 72,9% para focalizar subsidios a la contratación de grupos con mayor dificultad de inserción, como jóvenes, mujeres y mayores de 50 años, y un 60,2% prefiere reducir los costos de contratación para las pymes en lugar de crear nuevos programas estatales de empleo. Por el contrario, un 75,6% rechaza que el Estado entregue transferencias monetarias directas a personas desempleadas si esto sustituye el financiamiento de programas creadores de empleo.

La encuesta se realizó a hombres y mujeres mayores de 18 años que declaran residir en Chile. La muestra alcanzó un total de 758 casos efectivos, con representación en todas las regiones del país y cobertura de 180 comunas, incorporando participantes de ambos sexos, todos los tramos etarios y todos los niveles socioeconómicos. El estudio presenta un margen de error de ±3,56%, con un nivel de confianza del 95%.