Estudio sobre el agua arroja un nivel de máxima desigualdad en su distribución en Chile

De acuerdo con el Centro de Producción del Espacio de la UDLA, de los 29.001 titulares que poseen derecho de aguas consuntivos, el 1% concentraría el 79,02% del volumen total disponible en el sistema. Las regiones Metropolitana, de O’Higgins y del Maule acapararían el 45% del consumo nacional.




A partir del Código de Aguas de 1981, Chile inició un camino particular en la forma en que distribuye sus derechos de agua. Si bien en la mayoría de las naciones es el Estado el que controla estos títulos y los distribuye, en los últimos 40 años en nuestro país estos derechos pasaron a ser privados y comercializables.

Con este marco, el Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas (CPE-UDLA) realizó un estudio -que fue publicado en el journal Water, de Suiza- en el cual georreferenciaron y analizaron la información del 97,62% de los permisos de agua del país, que totalizan 131.124. A partir de estos datos, estudiaron la desigualdad en la asignación de este recurso para el consumo, es decir, para las aguas que se extraen sin reincorporación, cuyo caudal estimado es de 4.293.280 litros por segundo.

El método escogido para medir la desigualdad fue el de Gini, coeficiente que mide los niveles de desigualdad en la distribución de un factor, en este caso del total de los derechos de agua entre quienes lo tienen. Cero es igualdad total y 1 es desigualdad total.

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Algunas observaciones antes de entrar de lleno al Gini del agua, es que el 57% de los derechos hídricos no tienen declarado el uso del recurso, por lo que si se toma en cuenta los que sí lo declaran, se tiene que el 71% del volumen de agua de consumo (consuntiva) transferida es usada para riego, lo que sería equivalente al consumo anual de 243 millones de hogares. En tanto, el 19,3% es usada para consumo de los hogares o sanitario.

El Gini del agua

El coeficiente de Gini para todos los derechos de agua a nivel nacional -consuntivos y no consuntivos- es 0,99 y, en el caso específico de los derechos de consumo superficial, el índice alcanza un valor de 0,95. La fórmula calcula el flujo de litros por segundo y su uso entre el total de permisos y total de actores que los tienen.

“En este estudio, de los 29.001 titulares que poseen derecho de aguas consuntivos, el 1% de ellos posee el 79,02% del volumen total de agua disponible en el sistema, que a su vez representa solo el 4,3% de los derechos de propiedad hídrica existentes. Vemos una desigualdad muy alta y una concentración muy alta de recursos hídricos”, indica el geógrafo Juan Correa, uno de los autores del paper, quienes se reunirán con la Dirección General de Aguas para sociabilizar y detallar las bases de datos del estudio.

Dentro del documento se consigna que en el valle central, tanto las actividades de riego como las hidroeléctricas, capturan la mayor parte de los derechos de agua, donde en buena parte se usan para la producción agrícola y vitivinícola.

A la luz del alto consumo de agua del agro, el director de CPE-UDLA, Francisco Vergara, indica que “se hace necesario revisar si este consumo de agua hace un aporte similar al Fisco a través de impuestos a la producción, cuando en este sector solo se concentra el 2,75% de las ventas anuales del país, representando solo el 6,27% de las empresas en Chile y aportando a través del impuesto a la renta de las actividades agrícolas solo 0,46% del presupuesto fiscal (0,11% del PIB)”.

El investigador CPE-UDLA, Carlos Aguirre, agrega que “también es fundamental revisar el volumen de agua privatizada distribuida en las regiones, donde la del Maule (14,69%), O’Higgins (14,04%) y la Región Metropolitana (13,52%) son las que concentran una parte significativa del flujo total del consumo nacional”.

Una de las conclusiones de este paper es que “sin mecanismos regulatorios adecuados a la realidad chilena, el mercado del agua y sus características especulativas son peligrosas para la subsistencia en Chile. Esta complejidad, que afecta especialmente a las comunidades rurales, necesita ser remediada a través de políticas públicas y la transformación estructural de la gestión de la propiedad”.

Desde el Ministerio de Agricultura señalan que en 2020 aumentaron en 96% el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego, que ascendería a casi $120 mil millones. También recalcan que están en la elaboración del Plan Nacional de Recarga de Acuíferos para la Agricultura y que existen en carpeta 12 proyectos de plantas desalinizadoras de agua entre Arica y Coquimbo.

El Minagri añade que la alimentación de las personas “requiere un volumen de agua superior al que consumen los otros sectores productivos”. Eso sí, afirman que “el hacer un consumo más eficiente del agua, es tarea de todos”.

Para combatir la especulación de derechos de aguas, detallan “está la patente por no uso, instrumento que se incorporó en 2005 a nuestro ordenamiento jurídico y que el actual gobierno quiere fortalecer mediante indicaciones que ya presentó al proyecto de reforma al Código”.

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