El mensaje de distintos actores es coincidente: si se quiere volver a un balance fiscal estructural y que la deuda pública no supere el 45% del PIB se deben tener más ingresos o reducir el gasto público vigente. “No estamos hablando de gastos superfluos. Los distintos gobiernos en los últimos años han hecho esfuerzos de cortar gastos. Siempre uno puede seguir encontrando más cosas, pero aquí ya estamos hablando de cifras más sustantivas”, dijo a Pulso en su última entrevista como presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez.

Y por eso mismo que a principios de mayo, el gobierno creó la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público integrada por cinco expertos transversales políticamente, con experiencia tanto en el Estado como en la academia: María José Abud, Matías Acevedo, Paula Darville, Sergio Granados y Osvaldo Larrañaga.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, explicó a Pulso la idea de conformar esta comisión. Y ahí lo primero que afirma es que esta propuesta surgió a partir de dos diagnósticos. El primero, “el espacio para realizar ajustes a través del gasto administrativo es cada vez más limitado, de hecho, el 92% del gasto público corresponde a obligaciones legales, materias excluidas del ajuste de gasto producto del acuerdo para la aprobación de la ley de presupuestos 2025, la administración del sistema judicial y orden público o a la ejecución de inversión pública”.

Y el segundo lugar, “lo que se requiere son reformas permanentes en el tiempo, por lo que decidimos recurrir a personas que conocen bien el presupuesto y los programas públicos, que representan un arco transversal políticamente y se les solicitó propuestas de reducción de gasto estructurales y sostenibles en el tiempo”.

Por ello, Martínez sostiene que el mandato de esta comisión “es proponer medidas específicas para reducir y contener el gasto público de manera permanente a partir de la revisión de la oferta programática e institucionalidad pública que puede estar regulada a través de leyes vigentes, considerando sus potenciales traslapes y/o duplicidades, así como también, de la revisión de gastos operacionales”.

Dada la premura que se tiene los plazos de trabajo que tiene esta comisión son acotados. “Le pedimos a los integrantes de la comisión que nos entreguen sus propuestas a fines de julio. Esto significa que los comisionados están realizando un trabajo muy intenso, que ha implicado reuniones de trabajo semanales abordando un tema distinto en cada sesión”.

Quienes conocen el trabajo de esta comisión afirman que se revisará todo lo relacionado con el gasto público, lo que incluye revisar leyes vigentes que implican un gran desembolso fiscal, por ello, las propuestas también incluirán esas medidas de mediano y largo plazo.

De acuerdo a Martínez se está esperando recomendaciones de corto y de mediano plazo para estudiarlas y a partir de eso diseñar una hoja de ruta para implementarlas. “Tenemos contemplado, en los casos en que sea viable, incorporar las propuestas en el proyecto de ley de Presupuestos para 2026, que ya están preparando los ministerios y servicios públicos. Por eso el plazo de trabajo de la comisión es acotado”.

La jefa de la Dipres menciona que “sin conocer las propuestas todavía, es probable que, para reducir gasto de forma permanente, se requiera de reformas legales por lo que el Congreso también tendrá que hacerse parte de esta discusión, ya que le tocará tramitar proyectos de ley que permitan este objetivo”.

Martínez sostiene que “el país necesita generar mayor espacio fiscal, y ese es un desafío tanto para nosotros como para los gobiernos que vengan después. Por lo tanto, de no alcanzar a dejar en marcha todas las recomendaciones, esperamos que el trabajo de esta comisión también sea un insumo relevante para la próxima administración”.

La visión de los expertos

Macarena García, economista de LyD espera que la comisión busque espacios de recorte permanentes principalmente con dos focos: “Revisar la oferta completa de programas sociales y no sociales que son cerca de 700 y que hiciera una propuesta de eficiencia en términos de eliminar los duplicados, agrupar los programas temáticos bajo el servicio que corresponde y no repartido en varios servicios, que no conversan entre ellos”. Y lo segundo, es “eficientar el gasto en burocracia que sostiene estos programas por la vía de identificar cuánto personal asociado a la ejecución de estos programas duplicados o traslapados pueden ser asignados a nuevas tareas o desvinculados si su cargo ya no se justifica”.

Para García, “el recorte propuesto debe ser permanente y no en cuentas superfluas como renovación de autos, horas extras o gastos en informática, que muchas veces es solo un aplazamiento de estos gastos y no cortes permanentes”.

Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, afirma que se debe revisar el gasto en empleo público, tanto por su medición y caracterización, marco legal y las rigideces en las relaciones laborales en el sector público, la gestión del sistema de compras públicas para buscar mejoras de eficiencia, y un análisis detallado de gasto público en Salud, debido a que a nivel sectorial este corresponde al sector con mayor nivel de complejidad entre el nivel de presupuesto aprobado y ejecución del gasto”.

¿Se deberían revisar leyes importantes para reducir gasto? Ante esa pregunta los expertos coinciden en que sí: “Todo recurso es necesario. Ya no se sostiene que la mayoría de los recursos públicos son rígidos”, afirma García.

En ese sentido, menciona como ejemplo, “el gasto en gratuidad de educación superior actualmente está legislado para ser universal, gasto que se gatillará cuando los ingresos alcancen a cierto nivel. Frente a la estrechez fiscal que tenemos, ¿es necesario que la gratuidad sea universal?” Y también sostiene que se debe evaluar “si el alcance de las políticas sociales que implican mayor gasto es necesario o si se puede focalizar en aquellos que en verdad lo necesitan. Por ejemplo, ¿la pensión garantizada universal, está bien focalizada?”.