Giorgio Boccardo: “Estamos abiertos a incorporar distintas experiencias para poder diseñar un proyecto de 40 horas robusto”

Es la columna vertebral de la agenda laboral del gobierno: la reducción de jornada a 40 horas semanales. Si bien todavía no hay una postura clara sobre cómo se implementará, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, explica que antes de enviar un proyecto se formará una mesa técnica para escuchar la postura de los distintos actores como las pymes, grandes empresas, trabajadores y académicos. Luego de tener esa información se comenzará a elaborar la iniciativa que esperan ingresar al Congreso hacia fines de este año. No obstante, el subsecretario anticipa que dentro del análisis no se pueden cerrar a ningún elemento que permita implementar de manera efectiva este cambio, lo que incluye analizar incorporar flexibilidad laboral.

Un proyecto de la agenda laboral que genera expectativas es el que buscará reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. ¿Cuál será la estrategia para impulsar esa iniciativa?

Lo que hemos definido como ministerio es conformar una mesa técnica para recoger la evidencia técnica, recibir la opinión de distintos actores y hacer una revisión acabada del proyecto de ley que hoy está en el Congreso para finalmente definir cuál es la mejor forma de abordar el proyecto de 40 horas, y si corresponde ingresar una indicación sustitutiva al proyecto y cuáles son los tiempos legislativos para aquello.

¿El trabajo de esta mesa técnica será la base para elaborar el proyecto de ley?

El objetivo de esta mesa técnica es recoger la visión de distintos actores: social, sindical, pymes, gremios empresariales y expertos del mundo de la academia. Y a partir de ese proceso comenzar un trabajo técnico riguroso para poder evaluar cuál es la gradualidad que tiene que tener una política como esta. La mesa técnica comenzará a trabajar dentro de los próximos 15 días y estará radicada en el Ministerio del Trabajo. Se recibirán exposiciones de distintos actores.

En América Latina solo Ecuador tiene una jornada de 40 horas rígida, mientras que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) todos los países que tienen una jornada laboral de 40 horas lo aplican con flexibilidad. ¿Qué modelo es el que ustedes están mirando?

Estamos revisando la experiencia comparada de lo que ha sucedido en distintos países de la Ocde, y tenemos que revisar la experiencia latinoamericana, pero muy ajustada a la especificidad chilena, que es muy importante para que esto opere. Nuestra idea es poder concentrarnos en el proyecto y recoger cómo estas fórmulas se han implementado. Estamos abiertos a incorporar distintas experiencias para poder diseñar un proyecto de 40 horas robusto.

¿Una de esas experiencias es la forma en que se aplica en los países de la Ocde?

Como ministerio tenemos que asegurar que la implementación de este proyecto se haga de manera efectiva y, por lo tanto, tenemos que revisar todos los escenarios posibles.

¿Eso significa incorporar la flexibilidad laboral dentro de este proyecto?

Tenemos que analizar todas las variables que nos ayuden a que este proyecto se pueda implementar.

En la Comisión de Trabajo del Senado se planteó que “hay buenas experiencias comparadas” para implementarla, cuando la flexibilidad se conversa con trabajadores y empleadores. ¿Cuál es esa experiencia?, ¿qué países está mirando?

Esa fue una frase que señaló la ministra del Trabajo para plantear que efectivamente nos interesa que en el caso que se incorporen transformaciones tecnológicas, como está ocurriendo en Europa, en países de la Ocde, específicamente el caso sueco y otros, este tipo de transformaciones se pactan con los organismos sindicales y, por lo tanto, empleadores y trabajadores organizados en una empresa o ramas definen este tipo de cambios.

¿Se puede pensar en que se pacte tanto con sindicatos como de manera individual?

Creemos que es importante que las conversaciones se realicen con los organismos colectivos que hay en las distintas empresas, por lo tanto, creemos que es la forma de alcanzar un diálogo fructífero.

Dado el debate que se dio en la comisión, ¿va tomando fuerza la idea de que esta reducción pueda ser con flexibilidad laboral?

Nosotros vamos a trabajar en una mesa técnica que incorpore todas las aristas de este problema que tiene que ver con transformaciones (tecnológicas), con productividad, calidad de vida, aspectos que tienen que ver con el empleo, la formalidad. También vamos a recoger el debate que se ha dado en ambas cámaras sobre este proyecto, y sobre ese marco haremos una propuesta que se oriente al objetivo que tiene esta reforma: mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha enfatizado que una baja a 40 horas tiene que ir acompañada de un aumento de la productividad. ¿Cómo se logra considerando que la productividad se ha mantenido estancada durante varios años?

La reducción o aumentos de la jornada laboral a priori no generan cambios en la productividad. Chile tiene una jornada laboral más alta entre los países de la Ocde, pero al mismo tiempo tiene una productividad baja. Si queremos discutir de productividad, debemos discutir sobre tecnología, sobre cómo las empresas reorganizan sus procesos de trabajo, calificación laboral. La discusión de la productividad es mucho más compleja que la jornada laboral. Por supuesto que como ministerio debemos incorporar esa variable y esperamos que el resultado de la mesa técnica sea lo suficientemente robusta para que consideremos todos los aspectos que hagan viable la implementación de las 40 horas.

Para algunos expertos el aplicar una jornada de 40 horas rígida puede provocar aumento de la informalidad. ¿Existe evidencia?

La evidencia comparada muestra distintos resultados al respecto. Existen experiencias comparadas donde hay jornadas laborales más reducidas con bajos niveles de informalidad y al revés también. Al igual que la productividad, es una variable a considerar, pero nos parece que son elementos que hoy día no necesariamente se vinculan a la discusión de la reducción de la jornada laboral, por lo tanto, queremos ser súper responsables de poner en el centro de esta discusión la jornada laboral. No obstante, por supuesto que estamos interesados en la formalización, en la productividad, pero es bien importante ser rigurosos en el establecimiento de esas afirmaciones porque la evidencia comparada muestra distintos escenarios y no es bueno en estas discusiones ser tan taxativo.

¿Tampoco habría que ser taxativo a la hora de analizar si tendría impacto en los salarios?

Esperaría los resultados de la mesa técnica, porque vamos a evaluar el conjunto de los escenarios. Nos interesa fortalecer a las pymes, la productividad, que se formalice el mercado laboral, son todas variables a considerar en este proyecto.

En la discusión del proyecto de 40 horas que se produjo en 2019, gran parte del debate se centró en si se mantendría un tratamiento diferenciado para industrias que, por su naturaleza, no podrían estar regidos por una sola jornada de trabajo. ¿Cuál es la idea del Ejecutivo en este ámbito?

El código laboral considera en la actual jornada de horas ordinarias una serie de jornadas especiales, por la naturaleza específica de la producción. Lo que nosotros apuntamos con el proyecto es reducir la jornada laboral para un espectro amplio de la población que se rige por ese sistema de jornada. En la mesa técnica también deberemos ponderar otros aspectos que regulan o condicionan la jornada laboral, pero nuestro foco está puesto en la jornada regular.

¿Habrá un período de vacancia para que se adapten las empresas? ¿Será igual para las grandes como para las pymes?

Estamos pensando en un esquema de gradualidad que considere el tamaño de las empresas. Eso es parte de la discusión, pero nos parece que es un criterio razonable y que va en línea con lo que ha hecho el gobierno en materia de salario mínimo y pymes, tener un tratamiento diferenciado.

Ya llevan dos reuniones con la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Definieron la forma para que el salario mínimo llegue a los $ 400 mil este año?

Estamos en un proceso de negociación con la CUT. Como gobierno tenemos el propósito de alcanzar los $ 400 mil este año. Ahora, la forma en que se implemente, si será en un escalón o dos, son materias de la mesa de negociación, por lo tanto, esperamos el resultado de esa mesa para poder anunciar las medidas en concreto.

La CUT propone acelerar la llegada a $ 400 mil para septiembre de este año y $ 450 mil a mediados de 2023. ¿Se puede pensar en una fórmula de ese tipo?

Nos hicieron su planteamiento y ahora vamos a evaluar esa propuesta para darles una respuesta a ellos en la reunión del lunes. Hay espacio para conversar y llegar a un acuerdo.

Dentro de las peticiones está implementar una canasta básica protegida para hacer frente a las alzas de precios, ¿se está estudiando alguna medida en ese sentido?

Entendemos que hay una situación social asociada al alza de los precios de los alimentos y recogemos el espíritu de la propuesta que hace la CUT. Nuestro objetivo es buscar una respuesta de esa necesidad que es social. Se están estudiando fórmulas a partir del planteamiento que nos hizo la CUT.

El gobierno ha prometido algún tipo de subsidio para apoyar a que las pymes paguen el salario mínimo sin generarles mayores costos que puedan afectar su producción. ¿Se está pensando en que sea transitorio?

El esquema de subsidio lo que busca es acompañar esta transición para que las empresas puedan ir incorporando de manera gradual en su estructura de costo este tipo de alzas, pero que al mismo tiempo puedan ir desarrollando mecanismos que les permita ir mejorando aspectos relativos a la productividad. Nuestra idea es que estos mecanismos ayuden de manera transitoria a esta alza de salarios.

¿Para llegar a los $ 500 mil para el final del período se ha pensado en una negociación plurianual o prefieren ir año a año?

Eso es parte de las conversaciones con la CUT. Tenemos que llegar a un acuerdo sobre la manera más eficiente de alcanzar acuerdos sobre salario mínimo. Ambas posiciones tienen ventajas y desventajas y lo importante es que las decisiones que tomemos sean consensuadas con los distintos involucrados.

La meta que tiene el plan de recuperación inclusiva de generar 500 mil empleos fue considerada como poco realista por los economistas. ¿Cómo llegan a ese cálculo?

A partir de las tasas de postulación históricas del IFE, proyectamos la demanda hacia adelante, y en ese sentido, por el IFE laboral vamos a estar fortaleciendo la oferta de trabajo, es decir, estimulando para que las personas dejen la inactividad o bien pasen de la informalidad a la formalidad. En ese contexto, a partir de la extensión de los plazos del IFE de junio a septiembre y con el aumento de los topes a $ 300 mil, esperamos que se recuperen unos 380 mil empleos, de ellos, 190 mil de mujeres. Este plan también entrega una serie de políticas que brinda apoyo a las pymes y, sumado a la inversión pública, esperamos reactivar la economía y alcanzar los 500 mil empleos este año.