La líder de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, planteó que no existe una justificación para la diferencia en las licencias médicas que se emiten entre el sector privado y público, y resaltó las gestiones del gobierno del Presidente Gabriel Boric en la materia.

Ante la consulta sobre si hay una justificación para que los días de licencia en promedio en el sector público sean de 33 días versus los 10 en el sector privado, Martínez dijo, en entrevista con Radio Pauta, “Nosotros creemos que no”.

“Cuando uno trata de entender el fenómeno, por ejemplo, en Junji (Junta Nacional de Jardines Infantiles), que en el 2022 llegó a 50 días de ausentismo, si mal no recuerdo, yo creo que uno puede entender que el trabajo puede ser más pesado, pero llegar a 50 días sigue siendo mucho”, comentó Martínez.

En esa línea, Martínez resaltó las gestiones que impulsa el gobierno para asimilar el proceso de pago, vía subsidio, entre las licencias médicas del sector privado y público.

“Eso es uno de los principales diagnósticos que tenemos y es por eso que también vamos a ingresar un proyecto de ley durante estos días con respecto a cambios paramétricos del subsidio de incapacidad laboral. En el sector público, por ejemplo, las restricciones con respecto al topo imponible son distintas”, comentó.

En esa línea, ante la consulta de sí “¿van a cambiar esos incentivos que hoy día funcionan y que dan como consecuencia que se tomen más licencias en el sector público?“, Martínez dijo que ”sí“.

“El proyecto, cuando ya se ingrese, se pueden dar los detalles”, agregó sobre la consulta si se van a dejar de pagar los primeros tres días de licencias médicas en el sector público. De esta forma, Martínez apuntó a que es una iniciativa que encabeza el Ministerio de Salud.

Martínez explicó que esta iniciativa requiere cambios en el estatuto administrativo, pero que no ve que existan reparos de los trabajadores del sector público con eso.

“Los dirigentes gremiales dentro del sector público también están preocupados del asunto, porque también les pasa que se acumula más trabajo en un grupo de personas y termina siendo también un tema de tensión dentro de los propios servicios”, comentó.

Respecto con los tiempos de tramitación, Martínez comentó que “nosotros estamos especialmente interesados en que ese proyecto se pueda legislar con celeridad también, aprovechando también la contingencia, pero efectivamente estamos viendo un proyecto ley que equiparare más bien las condiciones entre sector privado y entre sector público”.

Martínez también estimó que, con esta iniciativa, se pueden llegar a ahorrar cerca de US$300 millones anuales, entre la disminución del pago de las licencias, el pago por reemplazo de quienes se ausenta y las medidas correctivas que impulsa el Ejecutivo, explicó.