Impuestos a los súper ricos: el nuevo proyecto que divide a técnicos y políticos

El próximo jueves, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados analizará una moción parlamentaria de reforma constitucional que propone fijar un tributo de 2,5%, por una sola vez, al patrimonio de personas sobre los US$22 millones.




¿Qué plantea el proyecto?

-La iniciativa fue ingresada al Congreso el pasado primero de junio por un grupo de diputados de oposición. La lista la componen Gabriel Ascencio (DC); Karol Cariola (PC); Daniel Núñez (PC); Camila Vallejo (PC); Giorgio Jackson (RD); Luis Rocafull (PS); Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social) Alexis Sepúlveda (PR); Raúl Soto (Independiente) y Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social). La moción parlamentaria establece un impuesto transitorio, equivalente al 2,5% del patrimonio de las personas más ricas del país, que detenten un patrimonio igual o superior a US$ 22 millones con el objetivo de allegar mayores recursos para enfrentar la crisis económica y social que se vive con ocasión de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo a la propuesta, el establecimiento de este impuesto, podría allegar recursos al fisco equivalentes a US$ 6.500 millones. Esa recaudación permitiría implementar políticas públicas de emergencia social y económica, tales como una Renta Básica de Emergencia, por sobre la línea de la pobreza ($369.205 para un grupo familiar de 3 personas. CASEN, abril 2020), al menos al 80% de los hogares más vulnerables, por 3 meses, sin distinguir entre trabajadores formales e informales, lo que beneficiaría a cerca de 11.500.000 personas.

El jueves la Comisión de Constitución comenzará a analizar el proyecto y su presidente Matías Walker (DC) promete un debate pausado, pero con la premura que la situación amerita. “El proyecto se tramitará con la celeridad que corresponda. Sé que generará controversia pero para eso está el Congreso, para discutir todos los temas. Haremos un debate serio, donde lo más importante será invitar a profesores de derecho constitucional y tributaristas”.

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La visión de los políticos

Los autores del proyecto explicaron los alcances y propósitos de propuesta. Karol Cariola (PC) sostiene que “la modificación que se hace a la Constitución es un artículo transitorio, y por ende, una vez aplicado este impuesto deja de tener efectos. Es una medida concreta de coyuntura para poder ayudar financiar las necesidades de las personas que no le han llegado los beneficios del gobierno”.

De acuerdo a la diputada, el universo total que estaría afectas a este gravamen son cerca de 1.900 personas que en conjunto suman un patrimonio de cerca de US$200 mil millones. “Eso recursos permitirán hacer una recaudación entre US$6.000 a US$6.500 millones de dólares. Este impuesto grava a personas naturales que tenga residencia o domicilio en Chile y tenga que declarar la riqueza tanto en Chile como en el extranjero. Se plantea que el proceso de declaración debe ser a partir de la autodeclaración de impuestos”, dice Cariola.

En cuanto a su aplicación y la dificultad que pueda tener, el diputado Daniel Núñez (PC) precisa que “la aplicación de este nuevo impuesto, como es obvio debe ser realizado por el SII y para ello recurrir a las facultades que la Ley Tributaria le entrega a dicho servicio, en particular las normas que contempla la cláusula anti-alusión. Probablemente habría que reforzar con personal al SII y actualizar circulares, pero vemos que los problemas de aplicación se pueden resolver por esa vía.

Sobre la posibilidad de ser catalogado como inconstitucional, Giorgio Jackson, diputado RD afirma que “es una reforma constitucional transitoria, por lo que, cumpliendo con el quórum que se exija, no debiese ser inconstitucional. En este caso, al ser por una vez, para ayudar a financiar los costos de esta pandemia, no debiese alterar significativamente la inversión futura”.P

La visión de los técnicos

Entre los expertos tributaristas la opinión coincide en que técnicamente es complejo de aplicar un gravamen como el que se está planteando. Sebastián Guerrero, de Guerrero Valle Garcés, sostiene que “me parece un mal proyecto, oportunista, técnicamente malo y cuyos fundamentos expresados en el mismo sólo buscan dividir y fomentar la odiosidad entre distintos sectores de nuestra sociedad. Si queremos discutir seriamente sobre un impuesto al patrimonio, este es mal punto de partida que sólo contribuye a dividirnos”. Añade que “la experiencia internacional no es buena. Basta mirar lo que está pasando hoy en Argentina, donde se ha aumentado el impuesto a entre un 2% y 3,5%, produciendo un éxodo a países vecinos como Uruguay. Similar experiencia sucedió países como Francia, donde también las personas de alto patrimonio emigraron. Hoy necesitamos un compromiso fuerte y permanente de todos y esos impuestos tienden a lo contrario: a emigrar”.

Javier Jaque, de Jaque, Orellana & Asociados, puntualiza que “técnicamente parece un proyecto de difícil aplicación. Los activos que componen los patrimonios pueden ser de diversas características. Cuando uno piensa en patrimonio piensa en bienes raíces o cosas que sean inmovilizadas, no obstante gran parte de los patrimonios más grandes del país se encuentran en activos líquidos, como inversiones financieras de renta pasiva”.

Ignacio Gepp, socio de Puente Sur, acota que el lado positivo de esta iniciativa es que es “altamente progresivo, pero lo negativo es la difícil aplicación. Es complejo valorar el patrimonio total de las personas. Esto dificulta el cumplimiento tributario”. Apunta que “es poco elaborado, le falta hacerse cargo de preguntas de cómo se determinará el patrimonio de las personas”.

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