La consulta pública para declarar más de 76 mil hectáreas del Salar de Atacama como áreas protegidas causó suspicacias. Codelco, Albemarle, Sonami, SCM Copiapó y la Sociedad Legal Minera Nx Uno de Peine, estas últimas dos vinculadas al Grupo Errázuriz, presentaron sus observaciones a la consulta impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente a mediados de diciembre.

La iniciativa está enmarcada en la Red de Salares Protegidos para la Región de Antofagasta, y considera una superficie total de más de 76 mil hectáreas, de las cuales 34 mil están en el sitio Ramsar Sistema Hidrológico Soncor.

En su observación, Codelco dijo que “no se explicitan los criterios ecológicos, biogeográficos o funcionales que justificarían la priorización del sector propuesto por sobre otras unidades del sistema”. Por ello, sugirió “acotar el polígono del área a proteger y que este sea congruente con las áreas en que están presentes los objetos de protección (flora, fauna, etc.), los que deberían estar identificados y caracterizados con mayor precisión y en base a estudios ambientales ejecutados en el territorio a proteger”.

La estatal, que entró al negocio del litio gracias a su acuerdo con SQM y que derivó en la creación de Novandino Litio, deslizó que definir el área protegida de Soncor y el aumento de la superficie a proteger “puede generar heterogéneos impactos y efectos en sectores productivos como la minería, turismo, medio ambiente, etc. Por tanto existe una variedad de intereses que pueden verse afectados por las decisiones administrativas consideradas en el proceso de definición de área de conservación de múltiples usos”.

Codelco también cuestionó la inclusión como especie de protección a la chinchilla. “Requiere una fundamentación respaldada por evidencia histórica y actual de presencia y uso de hábitat dentro del polígono propuesto. De acuerdo con los antecedentes disponibles para el Salar de Atacama, no se registran detecciones de la especie en el Sistema Hidrológico Soncor”, apuntó.

Sonami coincide en esta observación. “La inclusión de la especie como objeto de protección en la totalidad del polígono: carece de proporcionalidad ecológica; introduce un riesgo de sobrerregulación no justificada; y puede generar restricciones regulatorias relevantes sin un correlato técnico suficiente”, dijo el gremio.

Sonami también aludió que la consulta se inició con plazos acotados e insuficientes, lo que cataloga como “desproporcionados respecto de la complejidad técnica, territorial y regulatoria del instrumento, y fijados además en un período estival y cercano a las festividades de fin de año, lo que dificulta seriamente una participación informada y efectiva”.

Afectación de Albemarle

Otra de las empresas que ingresó observaciones al proceso de consulta pública es Albemarle. En un documento de 53 páginas, la estadounidense desplegó diferentes argumentos técnicos contra la propuesta del gobierno. Un aspecto central de su observación es que el área considerada se traslapa con sitios de la empresa.

“Ocurre que la propuesta de nueva área protegida comprende terrenos que están vinculados directamente con la operación de Albemarle en el Salar de Atacama”, dijo. “A mayor abundamiento, Albemarle realiza diversas actividades al interior del Área Protegida propuesta. Algunas actividades que realiza y se requieren realizar en el futuro —dada nuestra operación actual y las obligaciones que de ella emanan— son: (i) habilitación de obras e infraestructura necesaria el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y sectoriales; (ii) trabajos al interior de las lagunas relacionadas con el monitoreo de diversas variables ambientales; (iii) tránsito vehicular para transporte de equipamiento y personal”.

Además, la estadounidense recuerda en su documento que el Sector de Tilopozo, incorporado como área protegida, es objeto de acciones y medidas vinculadas a un proceso judicial terminado entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la misma empresa, Escondida (BHP) y Zaldívar (Antofagasta Minerals).

“La extracción continua de recursos hídricos del Acuífero de Monturaqui – Negrillar – Tilopozo habría tenido como efecto un supuesto descenso superior a 25 centímetros del nivel freático, superándose con ello, de forma permanente en el tiempo desde el año 2005, la disminución máxima aceptable que pueden soportar los sistemas vegetacionales del Sector de Tilopozo”, apunta Albemarle respecto del caso. Es por ello que la empresa pide modificar el polígono propuesto, excluyendo esa área de interés.

Por su parte, la Sociedad Contractual Minera Copiapó (SCM Copiapó) y la Sociedad Legal Minera Nx Uno de Peine, empresas vinculadas al Grupo Errázuriz, acusan superposición entre las áreas protegidas y sus concesiones mineras. Por ello es que las dos firmas solicitaron “dejar sin efecto el presente proceso de consulta ciudadana, ordenando la apertura de un nuevo proceso que cumpla con los estándares mínimos de acceso a la información ambiental y la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales”.