El abogado Julio Andrés Salas Gutiérrez (58) es militante del Frente Amplio (proveniente de Convergencia Social), aunque hasta 2019 fue socialista. Tuvo varios cargos en el Estado en los gobiernos concertacionistas, pasando por los ministerios Secretaría de la Presidencia, del Trabajo y de Planificación. En la segunda administración Bachelet, fue director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), pero duró sólo cuatro meses. Y a partir del 11 de marzo de 2022, cuando Gabriel Boric asumía la Presidencia, inició su labor como subsecretario de Pesca y Acuicultura, dependiendo del ministro de Economía, el también frenteamplista, Nicolás Grau.

Su misión principal era la promesa de campaña de Boric de contar con una nueva Ley de Pesca que dejara atrás la aprobada por la primera administración Piñera en 2012, salpicada por un escándalo de corrupción que llevó incluso a la cárcel a parlamentarios. Pese a que elaboró un proyecto de nueva ley, su extensión y el ambiente polarizado del Congreso la tornó inabarcable. Así, la estrategia fue tramitar una norma que sólo apuntara al corazón operativo de la actividad, el fraccionamiento, que apunta a modificar las cuotas pesqueras, otorgando mayor poder de captura al sector artesanal y reduciendo el industrial.

Aunque ha sido una tramitación compleja y llena de acciones de lobby de los intervinientes, se logró acordar en la Cámara y en el Senado una distribución “más equitativa” -según el gobierno-, en 21 de las 22 especies que se pescan en el país. Pero la discusión se entrampó en la merluza, luego de que se detectara que en una presentación de Salas ante la Comisión de Pesca del Senado se informara una cifra errada de lo que la pesca industrial había capturado el año pasado. La equivocación -informaron que la industria había pescado un 61% en el año 2024, cuando en realidad fue un 93%- desató un vendaval que pone en riesgo incluso el proyecto completo o, al menos, dejar a la merluza sin norma. Y ha significado que parlamentarios opositores e incluso oficialistas hayan pedido el puesto de Salas o de su jefe, Grau.

Hasta ahora, Salas se ha mantenido en el cargo.

Subsecretario, ¿usted le ha presentado su renuncia al Presidente?

-Los subsecretarios, los ministros, tenemos una renuncia disponible desde el primer día que somos nombrados. La evaluación que hace la autoridad puede ser en cualquier momento y, por lo tanto, sería redundante responder a esa pregunta.

Por tanto, cuando esta crisis pase, ¿se podría hacer efectiva esa renuncia disponible?

-La Presidencia de la República o el ministro siempre van a tener la posibilidad de considerar hacer efectiva la responsabilidad política.

Usted ha dicho que asume la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad asume?

-Que la información que se entregó al Senado fue un dato específico desactualizado. Y con eso, quiero también abordar la cuestión de si es una información falsa o dolosamente entregada. Por esa razón, se le volvió a mostrar a los parlamentarios la información que corresponde a un informe de Sernapesca, que se llama control cuota, del 5 de septiembre del año 2024, que es coincidente con el momento en que ingresa a la Cámara el proyecto. Por lo tanto, lo que ocurrió es que hubo una elaboración de insumos, de presentaciones, que incluyeron ese dato.

¿Por qué se elabora un insumo con un dato parcial y no un dato anual?

-Porque ese insumo se elaboró al momento de la presentación del proyecto. Ese dato era parcial respecto del sector artesanal y al industrial, es decir, no había un sesgo del que uno pudiera inferir que se estaba favoreciendo a un sector en desmedro de otro. Entonces, lo que hicimos fue mostrar la información, su origen, el link donde se podía observar y, al mismo tiempo, entregar la información completa. En todo caso, el dato que se utilizó en ese momento fue para fundamentar una afirmación: que ni el sector artesanal ni el industrial en la línea larga de tiempo extraían el total de la cuota como promedio. Si mal no recuerdo, llegaba al 94% en la industria y al 77% en el sector artesanal.

¿Esto fue un mero error?

-Esto fue un error que no queremos minimizar. En el debate legislativo es muy importante ser muy precisos con la entrega de información y, por eso, lo que hemos hecho en aras de la transparencia es aprovechar el mismo espacio legislativo para clarificar esta información. Hemos discutido esta ley pesquería por pesquería, territorio por territorio, todo frente a las cámaras de televisión y entregando datos de fuentes abiertas que pueden ser validadas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se observa un error, es posible rápidamente hacer un cuestionamiento de ese dato y entregar una información aclaratoria. En el proceso legislativo del fraccionamiento que actualmente nos rige, no hubo en el Parlamento una discusión pesquería por pesquería ni territorio por territorio, sino que hubo un espacio afuera del Parlamento donde no había cámaras, donde no tenemos certeza de todos los que participaron y definieron un acuerdo que después fue validado por el Parlamento.

¿Podría dar la certeza de que no existen más errores como este?

-Puedo dar la certeza de que toda la información la entregamos mencionando fuentes oficiales, y está disponible y puede ser monitoreada por cualquier tercero. Si usted me dice que en estos meses de discusión habremos tenido algún otro momento de imprecisión que se nos haya hecho ver, me parece que no. Sin embargo, la discusión está a la vista. Lo que sí también quiero hacer ver es que cuando uno logra en la discusión legislativa mayorías como las que hemos logrado, es decir, cuando se aprueba en el Senado por 40 votos a favor y uno en contra, o en la Cámara por 136 votos a favor y uno en contra, los parlamentarios tienen su staff de asesores y participan de esta discusión y, por lo tanto, tienen la posibilidad de monitorear. Lo que hemos logrado en acuerdos legislativos es tremendamente significativo y por eso es que me parece que se hace un flaco favor cuando se cuestiona, producto de este error que hemos asumido, la transparencia del proceso, porque la transparencia es un activo que está en la discusión de este proceso legislativo y la capacidad de verificarlo por terceros está siempre a la vista.

-Diputados han tildado este proyecto de Ley Salas, haciendo la comparación con la polémica Ley Longueira. ¿Cómo califica el daño que se le ha hecho a esta discusión todo lo sucedido?

-En la mirada larga, los parlamentarios, la industria y el sector artesanal van a observar que la discusión legislativa permitió recuperar, en parte al menos, la confianza sobre las normas regulatorias del sector pesquero y en la transparencia legislativa y, sobre todo, una distribución más equitativa de los recursos. Si eso es así, los cuestionamientos al fragor de la tensión o del nivel de polarización que se genera, van a ser corregidos. Siempre va a haber un número de parlamentarios que no estén a favor de que se cambie la legislación pesquera y, claro, con ellos es más difícil pensar construir ese consenso, pero en la mayoría hemos logrado un amplio apoyo.

¿Esta ley es legítima, entonces?

-No tengo ninguna duda.

La llamada Ley Longueira en 2012 también fue aprobada por amplia mayoría, sobre todo en el Senado. Entonces, la legitimidad quizás no la da solamente cuántos votos saca en las cámaras.

-Estoy de acuerdo. Pero no está en discusión si esa ley es transparente o no, porque hay condenas de la Corte Suprema por soborno y por cohecho a parlamentarios, es una verdad judicial. Entonces, compararla con una falla de actualización de la información entre una sesión y la siguiente de la comisión mixta, que es corregida con información actualizada para reparar el daño, me parece que constituye una interpretación abusiva, probablemente con la intención de generar pérdida de confianza en la legislación.

¿Por qué este proyecto tuvo tan amplias mayorías?

-Y en un momento legislativo sumamente polarizado... Creo que existe en el Parlamento una convicción amplia de que es necesario reponer la confianza en las reglas del juego que rigen la actividad industrial y artesanal. Por tanto, la disposición de los parlamentarios está mucho más asociada a valorar una distribución equitativa de los recursos, que es el centro de la ley, pero también asociada a cómo efectivamente reparamos un problema que existe en la legislación vigente.

La merluza en veremos

Respecto a la distribución de cuotas de la merluza, dado que no hubo unanimidad en la comisión mixta para revisarlo, se separó y se debiera votar en ambas salas. ¿Qué pasa si la distribución es rechazada?

-Vamos a trabajar hasta el último momento en la comisión mixta para buscar en la pesquería número 22 los mismos consensos que generamos en las 21 restantes. La comisión mixta está abierta, tenemos 15 días en los que vamos a procurar cerrar con un consenso esta discusión, no con una posición polarizada. Sería un costo para la ley y para los actores que aprobemos una legislación respecto de 21 pesquerías con una distribución equitativa, pero que deja un lunar en el centro que va a ser objeto de polémica y de conflicto mes tras mes, año tras año. Estos fraccionamientos fueron definidos hasta el 2040, con reglas del juego claras para todos los actores.

-En la comisión mixta debe existir unanimidad para volver a legislar sobre la merluza. Y ya el diputado FA Jorge Brito dijo que no dará la unanimidad, pues cree que el fraccionamiento definido para la merluza no justifica el cierre de la planta de Pacific Blu.

-Hay que distinguir las conversaciones: una es cómo logramos construir una propuesta capaz de generar amplios consensos, y otra, de la que el Ejecutivo es más responsable, es que el Ejecutivo no quiere que el resultado de la Ley de Fraccionamiento sea el cierre de una planta en el Biobío como la de Pacific Blu. Esa no es una consecuencia que consideramos deseable. Y, por lo tanto, teniendo la necesidad de generar equidad y asegurar el empleo en el Biobío, vamos a intentar buscar salidas intermedias.

¿Una salida salomónica? ¿Una distribución 50-50?

No me atrevería a señalar ninguna cifra y, si la tuviese, mucho menos la diría por los medios.

En términos estrictamente legales, si el tema de la merluza no es posible resolverlo, ¿queda el fraccionamiento vigente?

-Existe una norma ya aprobada que derogó el fraccionamiento de la ley vigente para todas las pesquerías. Pero hay procedimientos definidos para las pesquerías que no tienen fraccionamiento, que tienen que discutirse en el Consejo Nacional de Pesca, donde es muy predecible que no se pueda llegar a acuerdos.

¿Y se podría volver a una carrera olímpica?

-No, no. Hay una regla de seguridad y es que, a falta de acuerdo rige, por omisión, el fraccionamiento del año anterior, pero no es un fraccionamiento con una proyección de largo plazo. Y tendría que ir todos los años revisándose.

El año pasado, ¿cuánto fue ese fraccionamiento?

-El fraccionamiento era el de la ley vigente, que es un 40% artesanales y un 60% industrial.

¿Usted cree que con el fraccionamiento propuesto del 48% para la industria y el 52% para los artesanales, Pacific Blu cierre?

-No me corresponde calificar los balances financieros de las empresas. No tengo por qué hacer estimaciones de esa magnitud. Creo, de buena fe, que la decisión que está tomando la empresa es porque está siendo impactada por el fraccionamiento.

La conducta de la industria

Si uno revisa la plataforma de lobby entre 2024 y 2025, tanto en la subsecretaría como en el Congreso, esta ley es por lejos la que más reuniones ha convocado. ¿Por qué se ejerce tanto lobby?

-Justamente el éxito legislativo que puede transmitir este proceso es que puede reflejar de manera muy explícita cuáles son los intereses en juego. A mí no me parece mal que exista tanto lobby. Me parece muy bien que estén registrados y tengamos claridad de cuáles son los intereses.

¿Usted ha recibido a empresas pesqueras chinas en el último año y medio con interés en la Ley de Pesca?

- No he tenido ninguna reunión con una empresa china pesquera en Chile que tenga intereses en la pesca de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Durante una visita a China, tuve una reunión con el gremio de pesca de altura -que pescan fuera de la ZEE- para pedir asistencia en labores de astillero, descarga o atención médica a sus tripulaciones.

¿Ha tenido conocimiento de estas reuniones con parlamentarios? Porque hay una sensación en intervinientes de que intereses chinos estarían detrás del impulso del gobierno a la subasta de la cuota adicional del jurel, pues así podrían participar en ella.

-Nunca, en ningún momento, he tenido conversaciones vinculadas a esa materia. He escuchado el rumor que usted plantea y siempre me ha parecido destinado a generar ciertas preocupaciones en el Legislativo. Dudo mucho que una empresa que tenga intereses reales de invertir en Chile no busque alguna reunión con la autoridad regulatoria del sector.

Ustedes insistieron mucho con la licitación de la cuota adicional del jurel y la vinculaban al financiamiento de esta ley. Las licitaciones finalmente fueron rechazadas y ahora se plantea un pago de patentes. ¿Qué es lo que se tiene que financiar?

-El sector industrial paga por el permiso de extraer este recurso un impuesto específico y ese impuesto no aplica al sector artesanal. Por lo tanto, el traspaso de cuotas del sector industrial al artesanal genera una diferencia significativa.

-O sea, no es que se deba financiar, sino que hay menos ingresos fiscales.

-Así es, hay menos ingresos y las leyes tienen la responsabilidad de mostrar sus fuentes de financiamiento, incluso para resolver los problemas de disminución de ingresos.

Las pesqueras ya adelantaron una impugnación constitucional. ¿Teme que todo este trabajo se vaya a la basura si esta acción constitucional prospera?

-En reuniones de lobby, muchos actores de la industria, incluso representantes gremiales, nos han señalado que el cuestionamiento de constitucionalidad estaba asociado a los procesos licitatorios. Incluso, se nos ha planteado que no cuestionarían la constitucionalidad si no estuviese presente la figura de la licitación. Lo que no quiere decir que la industria tenga toda la libertad de cuestionar el proyecto por lo que estime pertinente. Ahora, tenemos la profunda convicción de que estamos actuando totalmente dentro del marco de la Constitución, y para eso nos hemos asesorado con un informe en derecho del académico Gonzalo García, exmiembro del Tribunal Constitucional por 12 años, quien obviamente descarta los cuestionamientos de constitucionalidad.