Algunas de las decisiones políticas que se tomaron tras el estallido social de 2019 y la pandemia posterior asoman sus esquirlas ahora. El presente gobierno busca dejarle a la futura administración de José Antonio Kast un proyecto eléctrico en las manos que vendría a atenuar la variación tarifaria que se experimentará a partir de abril de este año.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) mandató el lunes que las empresas distribuidoras podrán cobrar los saldos pendientes que se acumularon por el congelamiento de las tarifas en los últimos años. La industria no se sorprendió tanto porque se mandatara el cobro, sino por el proyecto eléctrico que anunció después el biministro de Economía y Energía, Álvaro García. El que presentaría con mayor detalle el martes ante su sucesora en la cartera de Energía, Ximena Rincón.

Si el lunes García comunicó que iban a proponer “que las tarifas se paguen a través de un cargo único, que todos los chilenos tendrían, y que implicaría un incremento en la tarifa mensual de la luz de $1.450 pesos por 48 meses”, y en paralelo la creación de “un subsidio con los mismos criterios del subsidio hoy existente, que impida que el 40% más vulnerable pague este costo adicional”; el martes entregó mayor información y agregó que “hemos hablado de $1.450. Eso es el incremento en la tarifa de un hogar promedio. Pero claro, los que consumen menos van a pagar menos, los que consumen más van a pagar más”. Y ante las consultas, informó: “pero de nuevo, el cargo es único, pero la cuenta no es lo que se carga, es el costo del kilowatt único para todos”.

Con ello, García despejó la duda de si el cobro iba a ser promedio o iba a ser diferente para cada uno de los clientes regulados, que son generalmente los hogares. Además, el ministerio de Energía especificó después por medio de un comunicado que establecería “un cargo único por unidad de energía, que significará alrededor de $8 por kWh para todos los clientes residenciales, lo que representaría aproximadamente $1.450 adicionales (IVA incluido) para un hogar con un consumo de 180 kWh, que es el consumo promedio de los hogares chilenos, por 48 meses”.

Este miércoles García indicó que el proyecto planteado es “fiscalmente sano, porque por efecto de que sube el costo de la luz, sube la recaudación de impuestos del Estado. El Estado, por esta alza de los costos de la luz, va a recibir $19.600 millones adicionales y el costo de evitar que el 40% más pobre pague el alza es de $15.600 millones. Por lo tanto, en términos netos, el Estado va a quedar con recursos a su favor, incluso pagando el subsidio que estamos proponiendo. Lo único que resta es generar un consenso político con el próximo gobierno, que va a tener que inevitablemente terminar de tramitar el proyecto de ley que establece el subsidio”.

“Acá hay una falla del Estado”

Lo que está haciendo el gobierno es cerrar el tema respecto del congelamiento tarifario. Todo esto comenzó cuando tras el estallido social de octubre de 2019, donde se estimó un alza en las cuentas de la luz de 9% y que posiblemente solo incrementaría el malestar social, se decidió por medio de la Ley 21.185 congelar las tarifas eléctricas. A esto se la llamó la PEC 1 (precio estabilizado a cliente regulado). Luego, en medio de la pandemia por Covid-19, vinieron el PEC 2 en 2022 (Ley 21.472) y el PEC 3 en 2024 (Ley 21.667), que cumplieron funciones similares.

Todo esto se da en un contexto en que desde el descongelamiento tarifario (en junio de 2024) se han experimentado alzas importantes en el país. El académico de la Usach, Humberto Verdejo, calculó las variaciones que han experimentado las cuentas de la luz en ciertas comunas representativas desde el descongelamiento de las tarifas eléctricas. Hasta febrero de 2026, la comuna Cerrillos experimentó un alza de 78%, la comuna de Copiapó 75%, la comuna de Talca 53% y la comuna de Valparaíso 79%.

Ahora, el proyecto que plantea García tiene diferentes aristas. El socio y director de Valgesta Nueva Energía, Andrés Romero, dijo que la deuda a las distribuidoras “se sabe hace muchos meses. En el fondo lo extraño es que recién aparezca ahora en febrero, ad portas de un cambio de gobierno la información. En el sector sabíamos que faltaba este último eslabón de la regularización de las tarifas. Y básicamente se dio porque acá se atrasó el decreto de las tarifas de distribución en cuatro años y eso acumuló una deuda”.

Romero apunta que “esto se produce por una falla de la institucionalidad. Se ha acumulado el trabajo que tenía que hacer la institucionalidad de la CNE (Comisión Nacional de Energía) y el Ministerio de Energía para emitir los decretos a tiempo. Eso como que pasa así como desapercibido. Es relevante porque en el fondo acá hay una falla del Estado”.

Verdejo dijo que “lo primero que me parece bien es que se financie con la recaudación del IVA extraordinario producto del incremento de tarifa, que no se persevere con la idea de que el subsidio tiene que ser financiado por los propios usuarios, ni tampoco por empresa. Pero yo creo que la administración nueva que viene va a tener que revisar en qué situación se encuentra el subsidio actual, que el que está contemplado en la Ley 21.667 de normalización de las tarifas”.

Justamente, la ley planteada por el académico, sobre el subsidio vigente y que considera un fondo de US$120 millones al año, dice que durante los años 2024, 2025 y 2026, el Ministerio de Hacienda hará aportes de US$20 millones al año, mientras que los otros US$100 millones lo hace el Fondo de Estabilización de Tarifas (FET). Este fondo tiene origen en las cuentas de la luz respecto del consumo.

A su turno, el profesor de ingeniería industrial de la Universidad de Chile, Luis Llanos, detalla cómo se pagará el 40% del subsidio eléctrico. “Básicamente es un truco contable, el IVA de las mayores cuentas, como efectivamente hay un mayor pago, ese mayor pago también tiene un mayor IVA”.

Llanos analiza que “esto viene al final de una mala política pública que fue justamente el congelamiento exagerado de las tarifas y el atraso absolutamente injustificado en poder sacar los decretos tarifarios de los valores agregados de distribución que ya se están sacando cuando ya al periodo le quedan menos de seis meses de vigencia”.

El abogado Rodrigo Castillo, quien se desempeñó por más de 15 años como director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G, gremio que reúne a las principales distribuidoras, asegura que el subsidio es “políticamente razonable”, y que “evidentemente, a lo que hay que apuntar es a que no ocurran cosas como las que ocurrieron. Y eso se logra nunca más congelando tarifas. Porque efectivamente, tanto el aumento de tarifas del año pasado como este nuevo, están relacionados con años de congelamiento de tarifas que implicaron que los clientes estaban pagando un precio que no era el correcto”.

Las recomendaciones a Rincón

Los cuatro expertos fueron consultados respecto sobre qué debería hacer la futura ministra de Energía, Ximena Rincón, respecto de la propuesta de García.

Romero dijo que “vea distintas alternativas. Está la alternativa de los instrumentos financieros que han sido razonables para enfrentar problemas de deudas de esta naturaleza”.

Verdejo recomendó “evaluar la propuesta del gobierno en términos de que efectivamente el pago en función de un cargo por el consumo es la mejor idea. En el fondo, es la alternativa que ya existe, no hay que inventar la rueda, pero los parámetros se pueden ajustar de tal manera de tener un impacto menor en tarifa. Que por cualquier lado, esa solución va a ser más barata para los usuarios que tener que pagar la deuda de forma individual. Eso es lo primero. Y segundo, en relación al subsidio, evaluar con Hacienda en qué situación se encuentran los recursos comprometidos para el subsidio vigente de la ley 21.667”.

Llanos apunta a “mirar la institucionalidad, mirar si lo que estamos haciendo realmente está bien, y no hacerlo de prisa, porque básicamente las prisas pasan, pero ya le hemos metido demasiado parche al sistema eléctrico y a la institucionalidad”.

Por su lado, Castillo asegura que desde el punto de vista político “hay que ser cuidadoso. En el pasado han sido bien traumáticos estos hechos, por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso en el mensaje que se le dan a los clientes. En primer lugar, uno le recomendaría a este o a cualquier próximo gobierno que informara con números muy claros, muy precisos, con el mejor cálculo posible”.