En los últimos meses se ha ido incrementando la crítica sobre la labor del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el manejo de su director, Javier Etcheberry. Es que en estos 10 meses al mando del SII, no todos consideran que ha tenido una buena gestión.

Y así quedó de manifiesto este lunes, con una declaración pública emitida por la comisión tributaria del Colegio de Abogados de Chile, por el Colegio de Contadores de Chile, por el Instituto Chileno de Derecho Tributario, por IFA Chile y por la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit).

En el texto, las organizaciones manifestaron su “profunda preocupación por diversas situaciones que evidencian un deterioro en el respeto de los principios de legalidad y proporcionalidad en la aplicación de los impuestos, los derechos de los contribuyentes consagrados en el Código Tributario y en general la falta de seguridad jurídica y eficiencia que presenta el sistema tributario”.

En ese contexto, subrayaron que se han detectado vulneraciones a los derechos de los contribuyentes que “afectan gravemente los pilares fundamentales de nuestro sistema tributario”.

En el detalle de su reclamo, rechazan el cambio de criterio del SII en la Revisión de la Actuación Fiscalizadora, “ampliamente legitimada por toda la comunidad tributaria, afectando gravemente el derecho a defensa frente a la administración y, en la práctica, convirtiendo los recursos administrativos de impugnación en inviables”. En ese punto señalaron, por ejemplo, que “el rechazo total de las solicitudes de Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) ha pasado de 42,7% el 2023 al 88,3% en lo que va corrido del 2025”.

Para este grupo de agrupaciones, de acuerdo con los nuevos criterios, “se priva a los contribuyentes del derecho al error o a rectificar sus declaraciones de impuestos, lo cual no guarda proporcionalidad considerando las complejidades del sistema. En todos los recursos referidos anteriormente tampoco se ponderan debidamente los medios de prueba presentados por el contribuyente, rechazando sistemáticamente cualquier nueva revisión o auditoría fiscal”.

Otro de los reclamos apunta al hecho que sus “asociados han detectado un bloqueo masivo de las claves de acceso de los contribuyentes a la web del SII y la colocación de anotaciones poco claras, que impiden a los contribuyentes comprender su significado y, por consiguiente, la forma de regularizarlas (ejemplo: “anotación 52”)”.

También se apunta a una “dilación innecesaria y excesiva de los procedimientos de devolución de impuestos de los contribuyentes más allá de las prácticas habituales y en ocasiones, exigiendo incluso requisitos o antecedentes no directamente vinculados con la petición, provocando perjuicios graves al contribuyente en su expectativa de disponer de su patrimonio”.

Otra de las quejas se relaciona con el hecho de un “incremento en la emisión automatizada de notificaciones, citaciones, liquidaciones y resoluciones mediante uso de algoritmos por parte del SII”. Ahí afirmaron que “dichos algoritmos o criterios de emisión no han sido revelados a los contribuyentes, afectando con su derecho a la defensa y la certeza jurídica”.

Como último punto resaltaron el hecho de que se “ha detectado un debilitamiento de la calidad de servicio de cara a los contribuyentes. Lo anterior se ve reflejado en nuevos protocolos de inicio de actividades, actualización de información y término de giro, que no sintonizan con la realidad en la puesta en marcha de los negocios, ni con el carácter de auto declaración del contribuyente, exigiendo documentación excesiva, afectando el principio de la buena fe y dificultando la formalización”.