Los recursos que destina Fonasa para pagar los medicamentos de alto costo que han ordenado sentencias judiciales, a agosto excede con creces lo estimado para el año 2025. Y todo indica que a diciembre más que duplicará lo que se había estimado.

Si el presupuesto inicial que tenía el asegurador público para este año en dicho ítem era de $28.914 millones, solo a agosto hay una ejecución acumulada de $53.809 millones, según revelan las cifras dadas a conocer a partir de la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos. Esto es casi $25 mil millones más de lo proyectado en un principio, o un 85% adicional.

Los medicamentos que son cubiertos por el Estado son los definidos a partir de la Ley Ricarte Soto y por el GES, en un listado que se va actualizando con el tiempo. Pero como hay medicamentos de alto costo que no se encuentran allí, en los últimos años los pacientes han acudido cada vez de manera más frecuente a tribunales para exigir ayuda estatal.

A la economista experta en salud, Daniela Sugg, socia fundadora de la consultora Sugg y Asociados, no le sorprende nada que los montos efectivamente gastados por judicialización superen lo presupuestado.

A juicio de Sugg, “el problema de fondo es que fue un error incorporar este ítem como un compromiso explícito de gasto en el presupuesto de Fonasa desde 2023 —entonces por $23 mil millones—, pues la judicialización en salud debiera responder a una excepción y no transformarse en una política establecida. En consecuencia, debería tratarse como una provisión contingente y no como un gasto permanente o de continuidad”.

Por otra parte, la economista puntualiza que el gasto que se ha observado a agosto, “es prácticamente igual al de 2024, lo que refleja la inacción para abordar un problema que responde a principios de justicia individual, pero no colectiva. Un presupuesto público debiera expresar políticas de salud y compromisos programáticos, no litigios judiciales. Incorporar de forma estructural esta vía implica un incentivo equivocado: institucionaliza la excepción y debilita los mecanismos formales de acceso”.

En todo caso, menciona que “el traspaso de Trikafta al régimen GES en 2026 debería reducir a la mitad el gasto observado en 2025″. Este es un medicamento que se destina al tratamiento para fibrosis quística, y que el año pasado representó casi la mitad de lo gastado en este ítem vía juicios.

“Si una futura administración asume un rol más claro respecto del acceso a terapias de alto costo, el camino correcto será encauzar estos tratamientos bajo líneas explícitas y transparentes de cobertura, o bien crear mecanismos ad hoc que permitan comprender su naturaleza y, por sobre todo, definir cuánto está dispuesto el Estado a financiar en función de los beneficios esperados de dichas terapias. Solo así se evitará que la judicialización siga actuando como sustituto del diseño de políticas pública", afirma Sugg.

Carolina Velasco, directora de estudios del Instituto de Política Públicas en Salud (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián, cree que “tenemos un problema estructural. No tenemos un programa especial o una forma común de abordar esta problemática, entonces hay distintas formas de acceso a los medicamentos, vía GES, drogas de alto costo, Ley Ricarte Soto, o judicialización, y todas con criterios distintos. No hemos podido como país abordar esta problemática de una manera adecuada”.

En ese sentido, comenta que lo que ha sido propuesto por expertos desde el año 2010 en adelante, es “tener una agencia o una entidad que sea capaz de evaluar el costo efectividad de estos tratamientos con distintos criterios, y que pueda determinar cuáles se van a financiar y cuáles no, todo eso por la misma vía y con un criterio común”, argumentando también por qué se tomó cada definición.

“Hay que educar a los jueces”

Antes de que se conocieran estas cifras, hace un par de semanas el senador Juan Luis Castro (PS) abordó el asunto en la Comisión de Salud, a propósito de la ejecución presupuestaria que acumulaba Fonasa en este ítem solo en el primer semestre, que calificó como un dato “lapidario”, dado que ya se habían ejecutado a junio “$33.500 millones en pago de sentencias por drogas de alto costo”, comentó, lo que comparó con el presupuesto de $28.900 millones que tenían para 2025 en este asunto.

“Esto está con creces sobrepasado en los hechos, porque la gente que no tiene acceso a un medicamento de alto costo lo judicializa, y los tribunales les están dando la razón, obligando al Minsal a cancelar y entregar estos productos. Tenemos aquí una situación bastante increíble en que, por no tener esos medicamentos a disposición, hoy día, como la gente va a la justicia, tenemos este fenómeno que se requiere reparar”, comentó Castro.

La directora del Instituto de Salud Pública (ISP), Catterina Ferreccio, comentó ante los senadores de la Comisión de Salud: “Yo como salubrista, estoy impactada de lo que está pasando en Chile por eso. He propuesto cosas. Lo primero es que hay que educar a los jueces, hay que educarlos sobre cómo se decide en salud pública, qué significa si yo tengo que llevarme billones para acá, porque igual el presupuesto es fijo, entonces el daño colateral que produce cuando...Y un medicamente que a veces le falta evidencia, o prolonga la sobrevida tres meses. Esas son cosas que entran en el balance”.

En ese sentido, Ferreccio explicó que “lo que yo he planteado, es que creo que como país tenemos que pensar seriamente en que los jueces llamen a testigos y expertos de salud pública, para que les informen cuánto es lo que significa, cuánto es la ganancia de esa droga, si efectivamente es para todos los cánceres de ese tipo, o todos los problemas degenerativos de ese tipo, o va a beneficiar a un grupo pequeño. Va a haber que educar a los jueces para que ellos vean si nos pueden obligar a cambiar prioridades, porque eso es lo que pasa. El Ministerio tiene prioridades”.

Por último, argumentó que “así como tienen peritos, que pidan un perito de salud pública (...) Porque realmente el impacto que tiene es super negativo en el sistema de salud, hay algunos (medicamentos) que aumenta dos meses (la sobrevida)”. Al respecto, dijo que “hay que afinar mejor a quiénes les das el medicamento”.