La primera mitad de 2025 cerró con el mayor monto de inversión ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para un primer semestre en casi diez años. Entre el 1 de enero y el 30 de junio se presentaron 236 proyectos por un total de US$36.551 millones, la cifra más alta desde los US$47.516 millones ingresados en el primer semestre de 2016, según cifras de la plataforma administrada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

En paralelo, las aprobaciones este 2025 también marcaron un hito: los proyectos visados por la autoridad ambiental en el primer semestre sumaron US$12.785 millones, lo que representa un aumento de 74% en comparación con igual período de 2024, cuando se aprobaron iniciativas por US$7.343 millones.

La contracara estuvo en el número de proyectos ingresados a evaluación ambiental, que sigue siendo bajo en términos históricos. Desde el primer semestre de 2022, cuando se contabilizaron 327 ingresos, la cifra ha caído de forma sostenida: en 2023 fueron 288, en 2024 bajaron a 273 y en 2025 se registraron 263, el menor número desde 1997.

Entre los proyectos más relevantes ingresados al SEIA durante el primer semestre de 2025 destacan iniciativas de gran envergadura. El listado lo encabeza el Proyecto de Producción de Hidrógeno y Amoniaco Verde H2 Magallanes, que contempla una inversión de US$16.000 millones y se emplazará en la Región de Magallanes. Le sigue la modificación operacional de la planta concentradora Laguna Seca de Minera Escondida, en Antofagasta, con US$2.351 millones. También figura el Parque Eólico Alto Los Muermos en Los Lagos, con US$1.000 millones, y el Tramo 3 de la Línea 9 del Metro de Santiago, con una inversión estimada de US$786 millones.

Y entre las iniciativas aprobadas durante el primer semestre de 2025 destacan varios proyectos de alto impacto. El más relevante es la Línea 9 del Metro de Santiago, que obtuvo su resolución favorable en mayo y contempla una inversión de US$1.946 millones. Le siguen el Parque Fotovoltaico Altos del Sol, aprobado en abril, con US$1.375 millones; la extensión de vida útil de la minera Zaldívar, con US$1.200 millones; y la modificación de instalaciones de Los Bronces, presentada por Anglo American, que suma US$1.104 millones y fue aprobada en marzo.

La abogada Valentina Durán, directora del Servicio de Evaluación Ambiental, dice que se ha acelerado la evaluación ambiental de proyectos, “con reducciones de plazos de entre un 20 y 30% en iniciativas como la Línea 9 de Metro o la extensión de la vida útil de minera Zaldívar y eso ha generado un importante aumento en la aprobación de megaproyectos”.

“También hemos registrado el ingreso de proyectos por más de US$ 32 mil millones en este semestre, lo que reafirma que somos un país serio, atractivo para la inversión y en el que la transparencia de nuestro sistema es un activo a nivel internacional”, agregó.

Sobre la caída en número de proyectos sometidos a trámite ambiental, Durán argumentó que “distintos factores inciden en el menor ingreso de proyectos. Se ha reducido el fraccionamiento con tendencia a ingresar grandes proyectos con distintas partes y obras. Por otra parte, la unificación de criterios de pertinencia de ingreso de proyectos ha implicado aclarar que proyectos de menor impacto se autorizan solo a nivel sectorial, sin tener que pasar por el SEIA”.

El monto aprobado en 2025, por un total de US$12.785 millones, es el más alto desde que Gabriel Boric asumió la presidencia en marzo de 2022. Y también supera los resultados de años anteriores: en la administración de Sebastián Piñera (2018–2022) y en la de Michelle Bachelet (2014–2018) los montos aprobados en un semestre, en promedio, no superaron los US$10.000 millones.

Cómo acelerar aún más

Pulso consultó a abogados expertos en tramitación de proyectos de inversión qué medidas tomarían en el SEA para acelerar los procesos internos.

Felipe Riesco socio del estudio Barros Silva Varela & Vigil, dice que el SEA debe concentrarse en evaluar y dejar de lado la elaboración constante de instructivos y guías. “La intención original de esa facultad normativa —unificar criterios, exigencias técnicas y procedimientos— ha derivado en mayor incertidumbre, debido a los cambios permanentes, sin períodos de vacancia. Si esos recursos humanos se enfocaran en evaluar y resolver los recursos administrativos dentro de los plazos legales —que hoy el SEA no cumple—, se podría acelerar significativamente la tramitación de proyectos”.

El ex ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, recomendó que “el SEA debe dar un énfasis con equipos internos a resolver la consultas de pertinencias acumuladas en cada región. En general son proyectos pequeños y medianos, o modificaciones de proyectos ya evaluados. Muchas iniciativas dependen de esa resolución del SEA y no requiere la concurrencia de otros servicios”.

Edesio Carrasco, socio de Carrasco & Benitez añadió que el SEA debe “incorporar inteligencia artificial para filtrar las cientos de preguntas que hoy son hechas por esa tecnología y por otra para automatizar RCA estándar. Hoy te meten 1000 preguntas con ChatGPT”. Y añade: “Pondría plazo interno asociado a indicador de desempeño para resolver recursos”.

Jorge Femenías, socio de Vial Larraín Femenías, sostuvo que “la primera medida es el respeto irrestricto de los plazos. La autoridad debe estar obligada a cumplir los tiempos establecidos en la ley, más allá de las suspensiones que pueda solicitar el titular del proyecto. Además, es clave fortalecer el capital humano: capacitar a los evaluadores para que comprendan cabalmente su rol, que es guiar una evaluación orientada a la aprobación ambiental del proyecto —siempre dentro del marco normativo—, y no imponer creencias personales ni sesgos sobre el desarrollo empresarial en el país. Una comprensión clara de esa labor permitiría eliminar trabas innecesarias en el proceso”.