Los gremios empresariales vieron con buenos ojos que la Cámara de Diputadas y Diputados despachara esta jornada el proyecto de ley de permisos sectoriales, más conocido como de permisología.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, dijo que “es una buena noticia para Chile la aprobación de la ley de permisos sectoriales, que permitirá acortar los plazos de tramitación de proyectos de inversión, y con ello, acelerar su materialización, con los consecuentes beneficios en generación de empleo y crecimiento”.

Jiménez respaldó su aprobación a la medida con que, “por ejemplo, que el otorgamiento de permisos para una desaladora -fundamental para las personas y la economía- pase de demorar ocho años a tardar seis años”.

“Este es un primer paso importante y necesario, que nos desafía a seguir trabajando en esta línea”, agregó.

Ante este contexto, la líder del gran empresariado apuntó que se puede seguir avanzando en reducir los tiempos de tramitación de proyectos de inversión.

“Refleja que se puede hacer aún más para seguir avanzando en una mayor agilidad en la entrega de autorizaciones por parte de los organismos del Estado y en mayor certeza jurídica para los inversionistas”, detalló.

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, comentó que el proyecto “representa un avance sustantivo hacia un sistema de permisos sectoriales más ordenado, predecible y coherente con los desafíos de inversión sostenible en Chile”.

“Si bien persiste una importante tarea pendiente en la mejora de permisos ambientales y sectoriales que quedan fuera del alcance de este proyecto y que son críticos, como las concesiones marítimas o permisos ante monumentos nacionales, desde una mirada pragmática, la aprobación de este proyecto es muy positiva”, resaltó.

Navarro calificó el proyecto como “una herramienta robusta que moderniza la institucionalidad, fortalece la certeza jurídica y entrega mejores condiciones para una inversión más eficiente y transparente".

“El desafío ahora es doble: despejar la reserva de constitucionalidad y asegurar una implementación oportuna y eficaz que permita materializar este esfuerzo legislativo”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, valoró el trabajo del Ejecutivo, pero con matices.

El líder gremial señaló que “hoy se dio un primer paso para reducir los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión en el país que, en el caso de la industria minera, se pueden extender hasta 12 años. Por lo tanto, si bien valoramos el trabajo realizado por el Ejecutivo, particularmente por el Ministerio de Economía, creemos que todavía queda mucho por hacer”.

“Este proyecto excluye la tramitación de permisos ambientales, que son la principal traba para la ejecución de proyectos por su demora en la obtención de permisos. Por lo tanto, hubiésemos esperado que esta instancia legislativa consolidara los diversos proyectos que abordan los temas de permisos y autorizaciones para que la ley fuese efectivamente una ley marco, integral y que cumpliera con el propósito de simplificar y/u homogenizar esta materia”, agregó.

Riesco también destacó el trabajo de los parlamentarios.

Mientras que, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, comentó que, "sin duda un punto de partida relevante para iniciar un camino que avance en solucionar el grave problema de permisología que está frenando la inversión y el crecimiento de nuestra economía".

“Queda ahora el trabajo de revisar y readecuar los reglamentos de las distintas instancias que hay que incorporar en este proceso, sobre todo por la gran cantidad de servicios públicos que deberán participar en éste”, añadió.

Sobre lo que faltó, Echavarría apuntó a que, "no se incluyeran lo relativo a la institucionalidad medioambiental y lo del Consejo de Monumentos Nacionales, que son los que más demoras causan en la tramitación de proyectos en la actualidad”.

Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile, también valoró el proyecto. “Valoramos este avance legislativo como una oportunidad concreta para agilizar proyectos estratégicos, especialmente en el sector de generación eléctrica”.

Sin embargo, en línea con los otros gremios, Charme apuntó a los desafíos pendientes que ven desde el sector privado, “sin medidas administrativas concretas —como el cumplimiento efectivo de plazos, el fortalecimiento de las capacidades técnicas y una mejor coordinación del Estado— esta reforma no tendrá el impacto que el país necesita".